¿Por qué el Gobierno lo supo antes que nadie?

Ni 50.000 objeciones –caso único en la historia de la educación española–, ni 1.594 recursos, ni 263 resoluciones contrarias a Educación para la Ciudadanía han sido suficientes. El Tribunal Supremo se ha pronunciado con un inusual retraso sobre la polémica asignatura invalidando de plano la objeción a la misma. En líneas generales, lo que el Alto Tribunal ha dispuesto es la obligatoriedad de cursar esa materia para todos los alumnos de España, sin distinción de Comunidad Autónoma ni de centro de enseñanza, y la resolución –aparentemente firme– de evitar el adoctrinamiento a través de la asignatura. No obstante, al dictado del Supremo le queda aún recorrido: una sentencia que se promete larga y que tratará sobre la espinosa cuestión de los contenidos.

Los padres objetores y todos aquellos que se han opuesto públicamente a la mal llamada Educación para la Ciudadanía tienen por delante un recorrido judicial nada despreciable. Por de pronto, los promotores de la objeción, responsables a su vez de llevar el caso hasta el Supremo, han asegurado que continuarán por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La victoria sin paliativos que ya pregonan a voz en grito los medios de comunicación adictos al Gobierno no ha sido tal. Del Supremo puede salir muy podada en contenidos y cabe la posibilidad de que no traspase el umbral del Constitucional. Pero lo importante es la propaganda y crear la impresión de que se han salido con la suya. En esto, por descontado, son consumados expertos.

Dejando a un lado el anormal entusiasmo de los palmeros habituales de Zapatero, que se han entregado con la fe del converso a la causa de esta asignatura, el que ha quedado en evidencia ha sido el propio Gobierno convertido, una vez más, en juez y parte, de su propio delirio educativo. Se esperaba el fallo para el pasado lunes pero, por causas desconocidas, no se ha hecho público hasta dos días después. Cuando decimos que no se ha hecho público nos referimos a todos los españoles que no forman parte del Ejecutivo que, según parece desprenderse de los acontecimientos, estaba enterado de la sentencia desde, al menos, el lunes pasado.

En el estilo arrogante y chapucero que ya es marca de la casa, la ministra de Educación ha anunciado el fallo del Supremo recordando que un comunicado más elaborado sobre el tema se encontraba disponible en la popular página web de vídeos en línea Youtube. La sorpresa ha llegado cuando la redacción de este diario ha descubierto que ese vídeo-comunicado fue publicado hace más de dos días, el lunes por la mañana exactamente. Comparando el atuendo de la ministra en ambas comparecencias y tras un par de llamadas al Ministerio, la conclusión más probable es que el Ejecutivo conocía la sentencia como muy tarde el lunes y ha mantenido una ficción hasta el día en que el Supremo ha decidido darla a conocer.

Partiendo de que la división de poderes es ya pura fábula en España, cabe hacerse ciertas preguntas que el Gobierno debería contestar inmediatamente. ¿Por qué la ministra supo el fallo antes que nadie y por qué lo mantuvo en secreto durante más de 48 horas? ¿Por qué ha mentido posteriormente? ¿Quién filtró la sentencia al Gobierno y por qué lo hizo? ¿Es ésta la primera aplicación práctica de la Educación para la Ciudadanía, asignatura cuya piedra filosofal es el imperio de lo político sobre todas las cosas? ¿Hemos de resignarnos a esto?