Mientras el debate se centraba en la conveniencia de una moción de censura, o la convocatoria de elecciones anticipadas, el Rey ha reclamado un pacto de Estado para superar la crisis. En su literalidad, no podemos sino suscribir sus palabras. No cabe duda de que muchas de las medidas necesarias para salir cuanto antes y en la mejor disposición de la grave situación económica en que se encuentra España sólo son posibles, por su impopularidad, mediante un acuerdo entre los dos grandes partidos.

Los problemas de España –el paro, el déficit...– no se han solucionado por mucho que esta semana los mercados no nos hayan castigado tanto. Nuestro país necesita reformas en el mercado laboral, el sistema de pensiones y, también, la estructura del Estado, pues en momentos como éste se revela en toda su crudeza la dificultad de contener el gasto cuando las autonomías sólo tienen incentivos para gastar, ya que no son ellas quienes recaudan los impuestos ni quienes deben subirlos para hacerse cargo de sus déficit. Sólo con reformas de esta envergadura se recuperará la confianza de los inversores extranjeros que, no lo olvidemos, son quienes han financiado el gran crecimiento económico del que hemos disfrutado antes de la crisis, y cuya huida supondría nuestra quiebra o, más probablemente, el salvamento por parte del resto de la Unión. Un rescate que, desde luego, no nos saldría gratis.

Desgraciadamente, por más que sea imprescindible, no parece que nos encontremos en la mejor situación para un pacto de esta naturaleza. Llegar a un acuerdo no es un objetivo en sí mismo; lo realmente crucial es el contenido del mismo y la voluntad de las partes en llevarlo a buen término. Y es necesario un verdadero acto de fe para creer que con Zapatero al frente del Gobierno pueda cumplirse un pacto que tome medidas necesarias, pero completamente contrarias a lo que lleva predicando desde que llegó al poder.

Como ha recordado Rajoy, Zapatero ya se negó a llegar a acuerdos en materia económica por motivos ideológicos, de modo que resulta difícil verlo liderar un gran pacto de Estado que, entre otras cosas, reduciría lo que su ideario denomina "derechos sociales". Por otro lado, los compromisos alcanzados con el PP mientras dirigía el PSOE, el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo y el Pacto por la reforma de Justicia, fueron violados por Zapatero en cuanto se le presentó la oportunidad. Cuando el único acuerdo que ha cumplido Zapatero es el del Tinell, que consistía precisamente en excluir al PP de todas las instituciones, considerar que puede ser el hombre de estado llamado a alcanzar unos segundos Pactos de la Moncloa es, en el mejor de los casos, sumamente ingenuo; en el peor, una nueva forma de dar oxígeno a un Gobierno moribundo.

El Gobierno –que, no lo olvidemos, suele al menos conocer de antemano el contenido de los discursos del Rey– tiene todas las razones del mundo por querer alcanzar un pacto con la oposición que lo blinde ante las críticas y le permita diluir su responsabilidad. Pero un acuerdo de esta naturaleza requiere que quienes lo firmen estén convencidos de su bondad; Zapatero ha demostrado que no está por la labor, vista la nula firmeza con la que ha defendido la propuesta de reforma de las pensiones.

Sin duda, lo más adecuado para salir de la crisis de la forma menos mala pasa por un pacto de estado o un gobierno de coalición que permita hacer lo que debe hacerse. Pero sea cual sea la solución debe estar dirigida por una persona que, pertenezca a unas siglas o a otras, merezca la confianza de los dos grandes partidos y de la mayoría de sus militantes y votantes. Zapatero ha demostrado durante todos y cada uno de sus días al frente del Ejecutivo que no es el hombre adecuado. Y aunque su primera reacción ha sido sin duda acertada, es de temer que Rajoy acuda –como ha hecho en anteriores ocasiones en esta legislatura– al auxilio del Gobierno. No debería, a no ser que el pacto no sea un acuerdo descafeinado tanto en sus contenidos como en la forma de llevarlos a cabo.