El diario El País distinguió con el título de "sindicato del crimen" a los pocos periodistas que defendieron la democracia sacando a la luz las enormes corrupciones y el terrorismo gubernamental del felipismo, por lo que es justo preguntarse quiénes integran, realmente, tal sindicato. Por entonces el juez Garzón contribuyó a investigar el GAL, aunque su actitud fue por lo menos muy sospechosa. Poco antes, Garzón se prestó a integrarse en el Ministerio del Interior del PSOE justo cuando estaban en su apogeo las revelaciones de sus delitos, y lo hizo en una maniobra con el propósito evidente de lavar la cara al Gobierno de Felipe González. Sólo después de que González truncase la carrera política del juez estrella, retomó este el caso GAL e hizo el mayor daño posible, aunque sin alcanzar al señor "X", a quienes tan crudamente habían defraudado sus expectativas.

Es dudoso que en un país realmente democrático se hubiera permitido a Garzón continuar en la carrera judicial después de muchas de sus actitudes, incluyendo su posterior apoyo a la colaboración del Gobierno con la ETA. Pues a pesar del asunto GAL, Garzón ha permanecido como un juez de partido, es decir, antidemocrático, lo mismo que el que juzgó (es un decir) el 11-M y quiso hacer negocio familiar con él.

En su papel de juez de partido, Garzón se sumó luego a la farsa totalitaria de la Memoria histórica, es decir, a la apología de la cheka, presentando como víctimas y mártires de la libertad a muchos de los peores criminales de nuestra historia reciente. Entonces se le exigió investigar a Santiago Carrillo por el crimen de Paracuellos, la mayor matanza de prisioneros durante la guerra civil, y el juez estrella rehusó hacerlo con argumentos que luego desdeñó para dedicarse a los "crímenes del franquismo", saltando por encima, además, de las leyes al efecto, incluyendo la franquista que declaraba extintas las responsabilidades de la guerra y la de amnistía de la democracia.

A esto se llama corrientemente prevaricación, y ahora ha sido encausado por ella. Y declara indignado el "sindicato del crimen" (vale la pena devolverle la pelota): "La aberración histórica de que herederos ideológicos del franquismo sienten en el banquillo al juez que intentó investigar los crímenes de aquel régimen (...) lleva camino de consumarse". Ahí comete El País dos serios errores. El primero es que quien parece (y ojalá sea así) que va a sentar en el banquillo al juez estrella no es heredero ideológico del franquismo, sino del antifranquismo izquierdista ("Jueces para la democracia"), aunque el hecho resulte una verdadera sorpresa. El segundo error consiste en hablar de investigaciones sobre los crímenes del franquismo. No hay tal investigación, sino, como acabamos de ver, un intento, en el terreno de la propaganda totalitaria pura y dura, de ensalzar a los asesinos del Frente Popular. De investigar los crímenes de uno y otro bando solo pueden encargarse, a día de hoy, los historiadores, que por cierto han, hemos, sacado a la luz las inconsistencias de la propaganda del gobierno y sus intelectuales orgánicos, tanto en relación con las cifras de muertos como, fundamentalmente, en cuanto a la pretensión de que el Frente Popular defendía la democracia y la república, cuando hoy está sobradamente claro que fue dicho Frente quien destruyó la legalidad republicana y ocasionó con ello, deliberadamente, la guerra civil. Por cierto que El País, como corresponde a su ideología, ha procurado por todos sus medios la censura de estas investigaciones independientes.

No cabe considerar a ese periódico "heredero ideológico" del franquismo: él mismo, sus jefes, han decidido identificarse, contradictoriamente, con la ideología guerracivilista del Frente Popular. Contradictoriamente, porque el origen económico y personal de los amos del diario es, precisamente, muy franquista, como nadie medianamente informado ignora a estas alturas. Ni Cebrián ni Polanco ni los suyos han creído necesario explicar sus cambios ideológico-personal-económicos, quizá porque saben que no hace falta la agudeza de Sherlock Holmes para entenderlos. Y, les guste que se lo digan o no, la ideología de su elección es la de la más sádica persecución religiosa de los tiempos modernos, la del mayor expolio y destrucción del patrimonio histórico-artístico español en el siglo XX, la del stalinismo en unos y la simpatía y sumisión a Stalin en otros. Y Garzón ha encontrado en El País un defensor a su altura.