El derecho a orientar

¿Cuál era la pretensión que condujo a la comparecencia de la señora vicepresidenta del Gobierno ante el Congreso de los Diputados? Nada nuevo reveló, que no supiéramos ya. Proclamar, con aire enfático, que "No toleraré tutelas morales" era algo innecesario, por evidente. Baste con repasar el conjunto de normas que a lo largo de cuatro interminables años de legislatura han salpicado el Boletín Oficial del Estado, para concluir en que, no sólo no tolerará tutelas morales, sino que no utilizará ningún referente moral en la acción de Gobierno.

La señora vicepresidenta y el Gobierno al que pertenece prefieren los referentes efímeros, tales como las conveniencias con los minoritarios nacionalistas, vascos, catalanes, gallegos, que amordazan acciones y opiniones. Y que hoy son de un tenor y mañana de otro, mucho más exigente, –véase la advertencia del Presidente Montilla al inicio de este año, llamando la atención de que, ahora que ya está implantado el Estatuto, habrá que negociar un nuevo modelo de financiación para Cataluña– es decir, insaciable. Pero, como bien recuerda el refranero, carga con gusto no pesa; y éste debe ser el caso.

Pero, dado que esto es así, y es de suponer que el pueblo español (nada necio, contra lo que puedan suponer los políticos), es consciente de ello, la cuestión sigue sobre el tapete: ¿A qué vino la comparecencia? Si al menos supusiéramos que la señora vicepresidenta pretendía amarrar a algún posible dubitativo de la izquierda, el motivo estaría de sobra justificado. De no ser así, no sería más que el reflejo de tibieza y debilidad, razones no faltan para ello, que tratan de resolverse mediante proclamas reafirmativas de lo que de sobra está constatado.

La llamada a que la Iglesia Católica no puede amordazar al Gobierno está también fuera de lugar; además, ya hemos dicho quién le amordaza. La Iglesia, que no es tan infantil ni tan ingenua como la señora vicepresidenta estima, que por ello no consiguen que muerda el anzuelo, ni ha pretendido y jamás pretenderá sojuzgar la capacidad legislativa del Parlamento. Ni la juzgadora del Judicial, ni la ejecutiva del Gobierno. Para eso ya hay otras instancias. Es más, no comprendemos la preocupación de la segunda autoridad del Gobierno, cuando si no se siente católica basta con que no escuche las palabras de la Jerarquía de los católicos.

Lo que sí debería de tener en cuenta la señora vicepresidenta, anotándolo en la lista de derechos de los ciudadanos de cualquier pueblo, es el derecho de los Obispos a orientar en la moral católica a aquellos que profesan esta fe. Uniendo a este derecho, el que asiste a los fieles católicos a ser orientados por sus pastores en las verdades emanadas de las Sagradas Escrituras en aplicación al orden temporal de las cosas, es decir, a la convivencia en una comunidad que quiere guiarse por lo permanente y no por lo efímero, porque quiere construir un camino coherente con su proyecto de vida que le lleva desde su singularidad a la vida en sociedad, para cuyo aprendizaje es esencial la vida en la célula más simple y restringida en tamaño, aunque grande en espiritualidad y comunión, que es la familia.

Si hay carencias en cada uno, tanto en una visión introspectiva como en el compromiso con los demás miembros de la comunidad, es un problema que cada cual está llamado a buscar su solución, no acusando a los obispos de interferir en sus decisiones personales. Quien se sienta incómodo con las orientaciones de la Iglesia, lo tiene bien fácil: no leer las pastorales, no conocer los mensajes y no entrar en las encíclicas, es quizá la primera recomendación que se nos ocurre. Pero no nos impida, a los que queremos conocer lo que la Iglesia opina sobre un determinado aspecto de la vida humana, personal y comunitaria, conocer lo que nuestros pastores tienen que decirnos. Ya nos gustaría a muchos poder ignorar en la misma medida el contenido de ciertas leyes y decretos, que nos obligan coactivamente a su riguroso cumplimiento.

Señora vicepresidenta: que le molesta que haya una voz distinta a la que el Gobierno emplea, sembrando confusión (cuando no engaño deliberado) en buena parte de la sociedad, es algo de lo que nos hacemos cargo. Pero esto no autoriza a poner manga por hombro la estructura de la verdad exigible. Como usted dice, hay que respetar todos los derechos: el del Gobierno para gobernar como considere adecuado, no está en riesgo; el de orientar y ser orientados, por lo visto, corre un serio peligro.