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Cuando en Estados Unidos derogaron la ley seca, el crimen cayó significativamente porque la legalización del alcohol eliminó los cuantiosos beneficios monopólicos de los mafiosos que corrompían jueces, abogados y políticos, además de financiar pandillas, ejércitos de vendedores y bandidos de todo tipo.
Si legalizáramos la droga, se reducirían los robos, asaltos y esos muertos misteriosos que vemos en los telediarios. Las cárceles "se vaciarían" de jóvenes, enfermos, pobres y madres de familia modestas. Algo parecido, pero menor, se lograría si se legalizara el autoconsumo, el autocultivo y los cafés de venta controlada a la holandesa. Y distinto habría sido el cuadro político y guerrillero de Colombia, Bolivia, Perú y otros países sin la financiación proveniente de la droga.
Pero nuestros políticos "progres" le tienen miedo a Estados Unidos, el que les ha ordenado prohibirlo todo, obligándonos a incurrir en enormes gastos inútiles en policía y cárceles para estos delitos artificiales, además del inútil personal bancario y superintendencias para que se metan en nuestras cuentas corrientes, operaciones crediticias y de compraventa de monedas extranjeras. A algunos les fascina en Chile esta vuelta a la dictadura económica tipo Unidad Popular.
A nuestros gobernantes no les molesta el crimen, quizás porque valoran poco la propiedad y la vida. Los graffiti y otras mugres no importan. El robo de jóvenes y pobres no es tal. En el supermercado se puede robar "un poco" sin problema y si se pasan de la raya (¿cuál?), dirán que no tienen discernimiento. Y si en un descuido un juez condena a alguien, de inmediato se inician maniobras pro libertad o de traslado a castigos de mentira. ¿No ve que se trata de personas explotadas, subeducadas en los malos programas oficiales?
Para evitar que se dispare a los delincuentes, estamos quitando las armas a las personas honradas, de forma tal que sólo los primeros puedan usarlas. Los robos de coches y casas son sólo descuidos de los propietarios que no usan cercos eléctricos, perros y guardias. ¡Y en Chile no existen los secuestros! Los carabineros están para perseguir automovilistas y no para enfrentarse a ladrones o terroristas, que tienen cuchillos y revólveres.
La pobreza se incentiva, además, desde el Ministerio del Trabajo con las regulaciones de salarios, jornadas, etcétera, que marginan a mujeres, pobres, menores y jóvenes de la fuerza de trabajo. Y el ministerio indígena fomenta el ocio y el enfrentamiento hasta la desintegración nacional.
El desarrollo más lento de los últimos diez años ha significado menores ingresos, oportunidades y empleo y más delincuentes, así como la mayor y creciente tolerancia hacia los crímenes.
Habría que decirle al Gobierno norteamericano que nos obligue a combatir el crimen, así como nos ordenó declarar ilegal las drogas, lo que, de paso, liquidó la producción de cáñamo, tradicionalmente una gran actividad exportadora.
El Estado chileno no está cumpliendo con su principal obligación, que es defender los derechos de los ciudadanos: la vida, los contratos, la propiedad. Los gobernantes se meten en todo, partiendo por nuestros bolsillos, pero no en lo que les corresponde, una falta gravísima que los deslegitima por completo.
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