Nuestros cuatreros también pagan a delincuentes

El escándalo de Liechtenstein prosigue. Hace unos días la Agencia Estatal de la Administración Tributaria denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a 198 residentes en España por su relación con 80 depósitos bancarios abiertos en Liechtenstein.

Recordará el lector que Hacienda ha obtenido esos datos del Gobierno alemán, el cual pagó a un delincuente que los robó del banco LGT, mostrando así su verdadera naturaleza cuatrera. Si de verdad Hacienda fuésemos todos, como durante años nos repetía machaconamente la propaganda gubernamental, los españoles nos habríamos convertido en unos tipos sin escrúpulos. El método mafioso del Gobierno de Merkel, que se salta a la torera las más básicas normas del derecho internacional, le valió un duro enfrentamiento no sólo con la familia real del principado sino con las autoridades de países como Noruega. El ministro escandinavo de Impuestos, Kristian Jensen, arremetió contra la recompensa de un delito por parte del Gobierno Merkel como medio para amedrentar a todas las familias que pensaran en poner parte de su patrimonio a salvo de los hábitos depredadores del estado germano. Gobiernos como el de Suecia se apresuraron a declarar que no usarían una lista conseguida mediante el crimen para inculpar a sus ciudadanos.

Sin embargo, el Gobierno español no le hizo ascos a los métodos gangsteriles de Merkel. Eso sí, los medios afines al Gobierno trataron de ocultar sus vergüenzas hablando de la injusticia que suponía que los grandes millonarios sacasen su dinero fuera de los países de la UE para llevarlos a "paraísos fiscales". Pero ahora fuentes de la Agencia Tributaria han afirmado que los defraudadores son "gente normal". ¿Y qué esperaban? ¿Monstruos? A lo mejor alguien creían que encontrarían grandes fortunas en esta lista. Pues no. Parece que muchos no se han enterado todavía de que los millonarios no pagan impuestos; y no es que esto me moleste especialmente. Ellos no tienen que sacar sus ahorros para escapar de las garras voraces de nuestra hacienda pública. Les basta con montar una SICAV o, si son personas sin escrúpulos, invertir en negocios desde los que succionan rentas del español de la calle: un molino eólico por aquí, unas plataneras por allá y no sólo no pagan sino que el Gobierno les pone el dinero de la gente corriente en su bolsillo.

Es precisamente la gente normal la que se ve ante un dilema moral. Dejar que el aparato estatal le quite una gran parte de lo que ha ahorrado (después de haber pagado impuestos por el mero hecho de haber generado riqueza) permaneciendo así en la legalidad, o sacar sus ahorros fuera del país convirtiéndose en un ilegal pero conservando una mayor parte de su patrimonio creado con esfuerzo, para garantizar el bienestar de su familia y su descendencia. Pocas cosas pueden ser tan inmorales como poner al Estado por encima de la familia, permaneciendo impasible mientras el aparato estatal te quita tus ahorros. Cuando la ley convierte las acciones morales en actos delictivos algo huele a podrido en la sociedad.

Afortunadamente, todavía quedan estados como Liechtenstein donde los impuestos se ponen al nivel que exigía Juan de Mariana, aquel que la gente pagaría voluntariamente.