Sobre la reforma de la Ley Electoral

Uno tiene escrito por ahí que el mayor triunfo simbólico de nuestros micronacionalistas ha sido lograr persuadirnos de que son originales en algo. Como si la anécdota trivial de la existencia de regiones señaladas por algún rasgo antropológico menor fuese asunto de extraordinario valor y fenómeno único de España. Como si Francia, sin ir más lejos, no estuviese llena a rebosar de sus correspondientes euskalerrias, galizas y països catalans en potencia.

Mas la anomalía genuinamente hispana no es ésa. No, nuestro verdadero hecho diferencial, la tara específica que nos distingue del resto de Europa, reside en la aberración democrática de que un Puigcercós cualquiera, es decir el legítimo representante del nada coma nada por ciento del censo electoral, pueda dirigirse, sobrado, chulito y de tú a tú, al presidente del Gobierno del Reino de España con tal de pergeñar, por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado.

Y es que nuestro genuino cáncer político no es ni el Plan Ibarretxe ni el propio Ibarretxe en sí, sino ese escupitajo en la cara del sufragio universal consistente en que cada voto del tal Ibarretxe valga exactamente lo mismo que seis de los de Rosa Díez. De ahí la importancia del anuncio gubernamental que los periódicos tendieron a obviar, ocupados como estaban en el trascendental asunto de averiguar si el Barça le hará el pasillo, el paseíllo o la cama al Madrid. Me refiero, claro está, a la noticia de que una subcomisión del Congreso estudiará la reforma de la Ley Electoral.

En fin, si todavía queda vida inteligente dentro del PSOE (del Partido Popular, mejor no hablar), quizás alguien se haya dado cuenta ahí de que lo que lleva más de un cuarto de siglo facilitando la eutanasia lenta pero segura del Estado no es el malhadado Título Octavo de la Constitución, sino la Ley Electoral. Y de que modificarla habrá de ser la única vía posible con tal de acabar con el eterno chantaje al Estado de las minorías centrífugas.

Una vía, por cierto, que exigiría de la correspondiente alteración constitucional para ser verdaderamente eficaz. Así, por una simple decisión del Parlamento, mañana mismo cabría elevar a cuatrocientos el número de escaños en las Cortes. Pero el lastre inamovible de las circunscripciones provinciales, incrustadas en la Carta Magna merced a la legendaria torpeza de los constituyentes, volvería a dejar las cosas tal como están. Veremos.