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La vicepresidenta amenazó de nuevo a todos los españoles hace un par de días con toda una batería de ideícas con que el Gobierno del Adolescente piensa seguir haciéndonos la puñeta en el presente año.
Entre las grandes propuestas incluidas en la agenda socialista, figura, cómo no, atacar definitivamente a la Iglesia Católica, aunque no lo expresen con tanta crudeza debido a su habitual talante. Se trata de llevar a la práctica los deseos de don José Blanco, quien ya anunció en la última campaña electoral que "después del 9 de marzo, ya nada podrá ser igual en las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia Católica", porque, según el estadista gallego, "la Iglesia Católica no hace lo que tendría que hacer", que es seguramente abrir una red de clínicas abortistas, iniciar el proceso de beatificación en vida del doctor Montes y pedir el voto para el PSOE.
Con una crisis galopante, un número cada vez mayor de familias en quiebra técnica, las cifras del paro aumentando, la deriva secesionista del País Vasco y Cataluña a todo tren, la posibilidad de muchos españoles de morir de una apendicitis por estar el cirujano en año sabático para la inmersión en el euskera (o porque se niegue a atenderte en castellano), unas infraestructuras propias de una nación subdesarrollada, una educación pública que produce toneladas de adolescentes analfabetos y fumetas y un sistema judicial colapsado por la inepcia de sus responsables, el Gobierno de Z va a utilizar su tiempo y nuestro dinero en fastidiar a los obispos y, por extensión, a los creyentes católicos, que casualmente somos mayoría si incluimos al propio Pepiño, que vale por diez.
La laicidad que pregonan la vicepresidenta, Pepiño y el Grupo Prisa no es un imperativo constitucional sino un elemento más en la agenda ideológica del socialismo, que si algo sabe reconocer es dónde están sus enemigos. Porque la constitución del 78 no considera el "laicismo" como uno de sus principios rectores. Antes al contrario, exige el respeto de los poderes públicos a todas las creencias, con especial atención a la religión católica por razones históricas, si bien ninguna de ellas podrá tener carácter estatal (art. 16.3). Extraer de ahí la necesidad de realizar una ofensiva laicista para borrar toda huella de las creencias religiosas en la vida pública es un exceso más a los que el gobierno de Zapatero, ese masoncete, nos tiene acostumbrados.
El régimen socialista de Zapatero es la deformación grotesca de la modernidad europea, algo a lo que debemos irnos acostumbrando. Tan sólo la existencia de entidades civiles sólidamente arraigadas (con la Iglesia Católica en lugar destacado) y la firme decisión de los ciudadanos de no permitir al Estado legislar sobre la moral y las creencias privadas pueden propiciar la derrota de esta ofensiva anunciada a bombo y platillo por los chikilicuatres de cuota encaramados al consejo de ministros. Y si hay que llegar a la insumisión fiscal se llega con todas sus consecuencias. A ver si con un susto como ese u otro parecido deciden empezar a resolver los problemas reales de los ciudadanos. Por una vez no estaría mal que hicieran algo de provecho.
Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.
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