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Cientos de miles de birmanos miran al cielo esperando la llegada de la tan necesitada ayuda humanitaria. Pero la Junta Militar de Myanmar ha decidido que llegue con cuentagotas. Están más preocupados por su propia supervivencia que por la de la población civil. ¿Y quien debería actuar cuando un Gobierno desatiende de forma intencionada y cruel a su población?
Naciones Unidas tiene la respuesta. La Asamblea General de la ONU aceptó en los años 90 el principio del Derecho a Intervenir en situaciones catastróficas, y hace casi tres años aceptó el de la Responsabilidad de Proteger a la población civil que esté sufriendo o corra un peligro inminente de sufrir graves daños, el Estado correspondiente no pueda o no quiera atajarlos, o sea él mismo el responsable de genocidio, de limpiezas étnicas, de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Ello implica reconocer que la responsabilidad primaria la tiene el Estado correspondiente, y solamente si no puede o no quiere cumplir con ella, o si él mismo es el culpable de los crímenes, actuar pasaría a ser responsabilidad de la comunidad internacional.
La Responsabilidad de Proteger e intervenir enérgicamente si fuera necesario fue asumida en el sesenta cumpleaños de la ONU, cuando estaba amenazada y debilitada por serios escándalos de corrupción, cuando era blanco de las críticas de Washington y estaba inmersa en la reforma más ambiciosa de sus 60 años. Pesaba sobre su conciencia el remordimiento generado por oscuros episodios como el genocidio de Ruanda y por su uso por otros para dar reprimendas al unilateralismo de Estados Unidos.
Pero más adelante la ONU volvió a apartar la mirada del genocidio de Darfur o de los horrores de Zimbabwe. Ahora le he tocado a la antigua Birmania, donde la Junta Militar permite que mueran cientos de miles de personas víctimas del ciclón Nargis. Mientras, las soluciones multilaterales de la ONU siguen sin aplicarse.
Estados Unidos y Francia han expresado su disposición a respaldar algún tipo de acción por parte del Consejo de Seguridad para que la Junta Militar birmana no ponga obstáculos a la llegada de ayuda internacional. China, como era de esperar, considera que el desastre causado por Nargis no es una amenaza a la paz y la seguridad internacional, y no justifica por tanto la actuación del órgano de la ONU. Para Pekín, Birmania es un socio comercial que le suministra arroz, recursos minerales y forestales, y le ofrece además un importante acceso directo al Océano Índico. China vende armas a la Junta Militar y le ha garantizado su protección desde su asiento permanente en el Consejo de Seguridad de ONU, con el que se asegura que ningún país intervendrá en sus asuntos internos, como ocurrió en la "revolución del azafrán" el pasado mes de septiembre.
Dejar de nuevo que China tenga en sus manos la capacidad de decidir buena parte de lo que vaya a suceder en los próximos días en Birmania parece un chiste de mal gusto. Los que pueden ayudar a la población civil birmana deberían hacerlo con o sin la cooperación de la Junta Militar, con sin la aprobación del Consejo de Seguridad. No sirve refugiarse en un multilateralismo que no lo es.
Recordaremos lo que dijo el presidente Harry Truman a los firmantes de la Carta fundacional de la ONU en 1945: "Ustedes han creado un gran instrumento para la paz y la seguridad; si fallamos en su uso, habremos traicionado a aquellos que murieron para que nosotros pudiéramos reunirnos aquí, en libertad y a salvo. Si lo utilizamos de manera egoísta, en ventaja de alguna nación o de un pequeño grupo de naciones, seremos igualmente culpables de traición."
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