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Un juez ha dicho que la movida juvenil en las calles es "una contaminación acústica intolerable" y, a renglón seguido, ha obligado al Ayuntamiento de Sevilla a indemnizar con 24.000 euros a una vecina que tuvo que malvender su casa precisamente porque en su quicio se celebraban habitualmente esos aquelarres juveniles que no dejan dormir ni a las piedras.
No les arriendo las ganancias a los ayuntamientos, que además de sus cuentas se van a ver tiesas con la crisis inmobiliaria, que había sido el principal motivo de recaudación municipal hasta la fecha, ahora tendrán que apoquinar a los vecinos damnificados por la movida descontrolada. La sentencia llega en el peor momento, no ya porque a perro flaco todo se le vuelven pulgas, sino porque se ha dado a conocer justo cuando comienza el verano, o sea, cuando más botellones se celebran en nuestras calles.
A mi lo que me interesa es el término ese de "contaminación acústica intolerable", porque parece muy políticamente correcto, sobre todo por aquello de la contaminación intolerable, que suena a ecologista y tal. No es lo mismo dictar una sentencia cruda que envolverla en un concepto políticamente correcto que pueda prender en la sociedad con relativa facilidad y comprensión. Así que a este juez habría que encomendarle la portavocía del PP, nada de González Pons ni de Elorriaga, ni Cuesta ni Sáenz de Santamaría: Mariano en quien tiene que depositar este asunto es en este juez o, en su defecto, en el abogado de la demandante, Joaquín Herrera. Unos monstruos.
Ahora bien, con permiso de su señoría, lo que es una contaminación acústica intolerable es lo que ha dicho López Tena, el vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de los nacionalistas catalanes, para quien el sistema debiera aplicar la ley de partidos al PP e ilegalizarlo por apología del terrorismo. Nada menos.
Que un señor vocal del CGPJ se permita esa licencia es una aberración que demuestra hasta qué punto los nacionalistas, y no solo Ibarretxe o ERC, están que muerden el sistema. No son tonterías ni debemos tenerlas por tales. Son contaminaciones acústicas intolerables a las que debiera aplicarse este juez sevillano con la diligencia que ha demostrado en el caso de esta pobre vecina, porque en este país hay quienes tratan de erosionar a diario la convivencia pacífica por medio de provocaciones constantes y, cuando detentan el poder, por auténticas agresiones normativas.
No hay que dar ni un paso atrás ante esta clase de comportamientos y declaraciones de proteína social. Por de pronto, el señor López Tena debiera marcharse a su casa con las orejas gachas. Es ciertamente intolerable que un señor que ocupa tal responsabilidad pueda siquiera pensar un segundo algo tan terrible, para nuestra democracia, y ofensivo, para las víctimas del terrorismo, como pedir la ilegalización de un partido que representa a la mitad de los españoles y al que le podemos poner muchos reparos, pero no que no es indiscutiblemente democrático y una pieza angular, junto con el PSOE, del sistema.
Pero si no dimite, el ministro Bermejo debiera mover los hilos, como hace para otras cosas, para que lo cesen. Ya basta de proteína social.
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