El vértigo de legislar

Se anuncia, de nuevo, un proyecto de ley para modernizar la Cancillería chilena. Es un clásico: todo lo solucionan los políticos y las leyes. La modernización de este departamento no necesita ley alguna, salvo para las dotaciones presupuestarias. La cuestión es introducir una gestión eficiente de los recursos y objetivos junto a profesionalidad y agilidad en los procesos de toma de decisiones: esa es la fórmula para la modernización del Estado.

Los diplomáticos estudian menos de dos años en la Academia Diplomática y son enviados al exterior con escaso conocimiento del funcionamiento del ministerio y de los sectores público y privado. Esa formación es insuficiente para lo más elemental de la diplomacia, representar al país, pues no conocen sus necesidades. Además, en su mayoría, los cargos superiores y embajadas importantes son de designación política, no requieren siquiera educación primaria y no provienen del servicio exterior. El presidente fija la política exterior, el ministro le asesora y la lleva adelante por medio de equipos que deberían ser profesionales. Así deberían funcionar las grandes cancillerías: al servicio de los países, y no de los gobiernos de turno.

Igualmente importante es la asignación de los recursos: hay embajadas sobredimensionadas, muchas deterioradas, algunas prescindibles –como Trinidad y Tobago y Argelia–, varias inexistentes y otras descabezadas, sin que se disponga de una adecuada organización para apoyarlas desde la Cancillería y ejercer de contrapeso de las embajadas extranjeras residentes en Santiago. 

Contamos con 125 oficinas en el exterior, que incluyen a alrededor de 70 embajadas y 50 consulados generales. No es posible tener misiones en los 192 estados y centenares de organismos internacionales acreditados en Naciones Unidas. Hay que tecnificar y fijar prioridades. 

Las funciones clásicas de la diplomacia –representar, informar y negociar– cambiaron diametralmente con la globalización. Las negociaciones requieren especialización y, al igual que las informaciones, ya no provienen mayormente de las embajadas. Además, las tareas de promoción de los intereses nacionales exigen atender a los gobiernos e innumerables agentes privados y no gubernamentales. 

Con o sin ley, nuestra diplomacia seguirá retrasada si dispone de escaso presupuesto, con funcionarios mal pagados; si no se respeta la profesionalización ni se introducen cambios de gestión, que no son materia de legislación. Más que invitar a los políticos a que legislen sobre la Cancillería, hay que introducir garantías para que no se entrometan en su funcionamiento operativo.