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Los mismos tipos que pretender recortar las libertades de los ciudadanos con la excusa de "proteger la cultura" (esto es, su negocio), esa organización que se topó con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando pretendía obligar a Telefónica a darle la identidad de usuarios de redes de pares, pretende ahora emplear los juzgados para frenar un desarrollo tecnológico que pone contra las cuerdas su obsoleto modelo de negocio. Promusicae, que agrupa a 88 discográficas presentes en España, y las multinacionales Universal, Sony-BMG, Warner y EMI han demandado al programador Pablo Soto Bravo, al que reclaman 13 millones de euros por haber creado diversos programas de intercambio de archivos.
Los demandantes acusan al empresario y programador creador de Omemo, Blubster, Piolet y Manolito de actuar "con evidente ánimo de lucro" y con una "conducta parasitaria". En realidad, lo que buscan es impedir que los usuarios sigan utilizando estos programas y, de paso, asustar a cualquier informático que pretenda crear alguno similar en nuestro país. Es cierto que las redes de pares se usan con mucha frecuencia para descargar archivos con derechos de autor, algo que además en España no es delito si no hay ánimo de lucro. Pero también lo es que otros usuarios los usan para intercambiar archivos con licencias libres o sin derechos de autor de ningún tipo.
En realidad, los programas de intercambio de archivos no son más que herramientas neutras. Lo ilegal o legal está en el tipo de uso que se les dé, no en su creación. La demanda de Promusicae es equivalente a que alguien demande a un fabricante de navajas (que sirven para acuchillar a alguien pero también para pelar una naranja) como cómplice o inductor de asesinato. Y eso en el terreno de la legislación. Si vamos a la justicia o a la ética, estamos ante algo todavía más absurdo. El mero concepto de propiedad intelectual es más que discutible. De hecho en realidad se trata de un atentado contra la propiedad de terceros.
Un atentado que se materializa entre otras cosas en el canon digital, esa "compensación por copia privada" gracias a la cual las entidades de derechos de autor ingresaron el año pasado 84 millones de euros por no hacer nada. Cierto es que la cifra es menor que en 2006, pero no deja de ser una cantidad importante para unas organizaciones que para obtenerlo se han limitado a insultar y criminalizar a quienes les critican. Todo entra dentro del mismo fenómeno. Los grandes actores (Promusicae, SGAE, DAMA, CEDRO...) de un mercado que ha evolucionado a pesos agigantados no saben adaptarse a los nuevos tiempos y pretenden que el mundo se pare. Los dinosaurios no han entendido que ha llegado el tiempo de los mamíferos.
Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.
Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.
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