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A raíz de la denuncia contra mí por un grupo de simpatizantes de la Cheka, Aquilino Duque me comentó que había tenido suerte con el juez, por cuanto en España existe cada vez menos seguridad jurídica. Hecho muy cierto, solo hay que mirar la politización de la justicia por los enterradores de Montesquieu. Jiménez Losantos ha tenido menos suerte, de momento.
En la condena de la juez percibimos de entrada tres puntos importantes. Ante todo, se trata de la libertad de expresión. Al margen de las supuestas injurias, la querella del alcalde entra en una campaña sostenida de largo tiempo atrás contra Jiménez Losantos por los enemigos de las libertades y promotores del desmantelamiento de la constitución. Federico, como crítico más destacado y combativo de la delincuencia liberticida, ha sufrido mil intentos de silenciamiento, secuestro, tiroteo y antenicidio incluidos. Y dentro del PP, Gallardón, aprovechador pero no defensor de la democracia, es uno de los más conspicuos compinches de los destructores de la ley.
En cuanto a los supuestos insultos, se trata de descripciones perfectamente sostenibles y argumentables. En vez de farsante podría decirse que el alcalde "finge compartir valores y principios en los que no cree, pero utiliza para medrar en política"; o en vez de lacayo podría llamársele "servidor acomodaticio y acrítico de los enemigos de su propio partido", etc. Pero el idioma tiene versiones mucho más concisas y populares, y solo faltaba que ahora quisieran imponer el politiqués los del "sindicato del crimen". Los cuales, precisamente, han sido quienes han extendido un lenguaje injurioso e insolente, desde Alfonso Guerra en adelante.
Tenemos también la acusación al alcalde de desentenderse de la investigación del 11-M. Pero eso, claramente, ha hecho este caballero dedicado a "mirar al futuro" dejando a las víctimas en el pasado, a justificar una sentencia escandalosa en cualquier país que no sufra una involución política como la española. La actitud del alcalde le habría valido la reprobación unánime de la sociedad informada o deseosa de informarse y solidaria de las víctimas, y Jiménez Losantos la ha descrito y calificado con la natural indignación. Demagogo hasta el final, Gallardón ha prometido donar a la AVT la indemnización –el precio de su honor valorado no muy alto por la propia juez–. La AVT, cabe esperar, rechazará tan increíble regalo.
Se dijo de Stalin que había convertido a la URSS en el país de la Gran Mentira. Puede afirmarse que los involucionistas y balcanizadores están degradando España al país de la Trola Rampante (y del choriceo y el puterío). Estamos ante un nuevo episodio, ciertamente grave, de esa degradación.
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