El fin no justifica los medios

El Tribunal Supremo, por tercera vez en cuatro años le negó a la Casa Blanca, el 12 de junio, la imposición de una justicia a su manera –a través de "comisionados militares"– en los casos de 270 "combatientes enemigos" actualmente presos en la base naval de Guantánamo. Algunos están detenidos desde septiembre de 2001, otros ocupan celdas solitarias y 250 de ellos ni siquiera han sido acusados de nada. En nombre de la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo, el juez Anthony Kennedy dictaminó que "dentro de la estructura de la separación de poderes en la Constitución, pocas actuaciones del poder judicial son tan legítimas o tan necesarias como la responsabilidad de escuchar los desafíos a la autoridad del Ejecutivo por encarcelar a una persona... Las leyes y la Constitución están diseñadas para sobrevivir y ser respetadas en tiempos extraordinarios".

El Tribunal Supremo ha reaccionado de igual manera en todos los casos donde el Gobierno de Bush ha tratado a sospechosos de actos terroristas fuera del sistema legal, por haber insistido el Pentágono en manejar directamente todos esos juicios –desde los tiempos en que habían más de 650 presos en Guantánamo–, argumentando que son prisioneros de la guerra contra el terrorismo y que fueron capturados en los campos de batalla, de manera similar a lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero el primero en la lista de los casos por juzgar es Lakhdar Boummediene, quien no fue capturado en los campos de batalla de Afganistán, sino secuestrado por agentes norteamericanos en Bosnia, junto a otros argelinos.

Desde luego que no se trata de excusar ni defender a terroristas y criminales, pero Estados Unidos estaría proyectando una imagen atroz y el peor ejemplo al resto del mundo si sus agentes secretos proceden a secuestrar presuntos enemigos de la paz, para llevarlos a una base militar en la isla de Cuba, donde son juzgados por autoridades militares, fuera de la jurisdicción de los tribunales.

El juez Kennedy dejó claro que aquellas leyes que pretenden eliminar el derecho de habeas corpus a los prisioneros en Guantánamo son inconstitucionales, ya que el Congreso de Estados Unidos no ha suspendido tal derecho por haber sufrido la nación una invasión extranjera o una rebelión interna. Aun cuando la detención se haya realizado legalmente, se deben garantizar los derechos del individuo. Y sólo el poder legislativo puede regular las penas de privación de libertad.

Habeas corpus es el principio constitucional que garantiza el derecho a la libertad personal, por lo que la capacidad del Ejecutivo de detener a una persona es estrictamente temporal, y protege al individuo de toda represión arbitraria.

El 13 de noviembre de 2001, el presidente Bush dio curso a una orden militar llamada "Detención, trato y enjuiciamiento de ciertos no-ciudadanos en la guerra contra el terrorismo". Esa orden mantenía que el secretario de Defensa tiene responsabilidad final sobre individuos y que tales individuos serían enjuiciados por militares.

Evidentemente, el Tribunal Supremo opina de manera diferente, pero parece que la estrategia de la administración Bush en Guantánamo ha sido utilizar información sustraída bajo tortura, enviar presos a países amigos donde no hay respeto alguno por los derechos individuales y dejar que el próximo presidente cargue con sus errores y horrores legales.