Una necesaria aclaración

El PPC ha dado motivos de recelo por sus debilidades ante el nacionalismo, pero sería un error incluir entre esas debilidades su eventual unión al resto de fuerzas catalanas a la hora de reforzar una posición negociadora en la financiación, sólo criticable si implicara retirar el recurso al Estatut, que no es el caso.

A CiU le parece incompatible el mantenimiento del recurso y la presencia del PPC en el bloque. Pero en realidad las urgencias de la Generalidad no se centran en el cumplimiento de previsiones como la bilateralidad, sino en obtener los fondos con los que tendrá que subvenir a los servicios públicos, especialmente cuando la crisis inmobiliaria ha mermado notablemente la recaudación (piénsese en el impuesto de transmisiones patrimoniales).

Por eso, más allá de su ideología, las fuerzas catalanas con responsabilidad de gobierno desean por encima de todo resultados tangibles, contantes y sonantes. Y estos están más cerca de lograrse si todas las fuerzas con representación parlamentaria exigen al Gobierno central ciertas cosas justas, como las que citaremos a continuación. Advirtamos que CiU trabaja con otros objetivos, que al no gobernar ha entrado en la lógica del "cuanto peor, mejor", y que prefiere abundar en la politiquería del veto al PP. Aunque ello suponga lesionar los intereses de la ciudadanía catalana. Puestos a vetar, ¿por qué no veta a los socialistas? Al fin y al cabo Solbes es el obstáculo principal.

¿Y cuáles son aquellas cosas justas que justifican un "frente común" al que el PPC, creo, debería sumarse? Las mismas que son justas para la Comunidad Valenciana, para Baleares o para Madrid.

Primera, que dejen de usarse como base para calcular necesidades los datos demográficos de 1999, previos a un gran crecimiento de la población inmigrante en las comunidades citadas. Parece que este punto está cerca de lograrse; es el único.

Segunda, que la aplicación del sistema de nivelación no altere el orden de las autonomías en cuanto a renta por habitante. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Dónde está la justicia de ese trasiego?

Tercera, la muy liberal idea de que los servicios mínimos a asegurar por cada comunidad, aquellos para los que se reclama "suficiencia" financiera, sean la educación, la sanidad y los servicios sociales, no cualquier nueva forma de intervencionismo que se le ocurra a los dos auténticos regímenes que más se benefician del actual sistema.

Cuarta, la no menos liberal exigencia de que la dependencia no se cronifique, que se evite la subvención eterna (que desincentiva a cualquier sociedad), que se acabe con la disparatada situación de que una receptora crónica de fondos sea líder en funcionarios por habitante.