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El proverbial sentido del Estado que revelara el Adolescente con aquel célebre compromiso público ante Maragall –"Pasqual, aceptaré sin rechistar cualquier desvarío soberanista que me enviéis desde Barcelona"– acaba de toparse con su propio callejón sin salida lógico. Y es que el sostenella y no enmendalla de Zapatero frente al palmario incumplimiento de, entre otros, el principio constitucional de la solidaridad interregional que consagra la letra pequeña del Estatut apenas deja una salida al mar a su alegre irresponsabilidad. A saber, que incumpla y viole también la letra y el espíritu de esa Ley Orgánica para cuya aprobación cupo incumplir y violar la letra y el espíritu de la mismísima Carta Magna.
Así, el muy socialista anhelo de que paguen menos los que más tienen, máxima progresista firmemente blindada en el capítulo financiero del Estatut, ya hubiera generado tensiones internas de difícil digestión en un entorno económico de vino y rosas. Repárese, pues, en el coste inasumible para el PSOE de acarrear ahora con, por ejemplo, esa orden catalana de que las autonomías gocen de similares servicios educativos o sanitarios "siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar [al de Cataluña]". Sólo, única y exclusivamente bajo ese incierto, inaudito e improbable supuesto.
Y es que tan obvia patada en el culo de la Constitución también fue pactada con nocturnidad y alevosía durante la célebre tenida entre Mas y Zapatero. Un corte de mangas a la función redistributiva del Estado que ni siquiera la ultraderecha xenófoba italiana de Bossi y compañía se atrevería a suscribir, y que, huelga decirlo, cuenta con el aplauso entusiasta de los socialistas y comunistas catalanes. Enésima imposición de la parte al todo que, por lo demás, vendría a demostrar que el compañero Iceta no andaba tan errado al alardear de que el engendro monclovita "acaba con la supeditación actual del Estatuto a la LOFCA y sitúa las dos normas en el mismo plano".
En fin, añádase a semejante cuadratura asimétrica del círculo la imposibilidad material de extender al resto del sindicato autonómico de los agravios comparativos la famosa cláusula adicional sobre las infraestructuras. La que privilegia a Cataluña imponiéndole al Estado que invierta en la región un porcentaje equivalente a la aportación local al PIB español. Eso, faltaría más, con independencia y al margen de las otras inversiones que pueda recibir la Generalitat con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial.
Todo para que al final no les dé ni un duro. Ya se sabe, quien con niños se acuesta...
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