A vueltas con la financiación

La solidaridad a la que alude la Constitución en su artículo 156, que establece la autonomía financiera de las comunidades autónomas, es, textualmente, "solidaridad entre todos los españoles". No entre territorios, ni entre comunidades, ni entre nacionalidades y regiones. No es el mutuo respaldo de los montes de aquí con los valles de allá, de las costas de allí con las llanuras de acullá. En la solidaridad de los dineros no hay lugar para el esencialismo del terruño. Solidarios somos "todos los españoles" en cuanto tales. No porque queramos serlo uno por uno debido a la extrema bondad que adorna a los habitantes de la península e ínsulas, sino porque es precepto constitucional. Es lógico, pues los que contribuyen al erario son las personas físicas y jurídicas, y lo hacen de acuerdo con principios y leyes que rigen en todo el territorio nacional.

Las balanzas fiscales son un engañabobos que toma como base de referencia demarcaciones territoriales irrelevantes a efectos fiscales. Únicamente se tornan relevantes (para mal) cuando el nacionalismo manipula su sentido y denuncia un expolio imaginario. Además, son parciales; no hay motivo para analizar el flujo financiero y no el comercial y el humano, o el historial de inversiones en infraestructuras, o el desigual beneficio de ciertas legislaciones (como el proteccionismo franquista). Por último, hay varias formas de calcular las balanzas, todas ellas perfectamente defendibles desde un punto de vista técnico, siempre que restrinjamos su interpretación al exiguo sentido que tienen, interesante para un gabinete de estudios e improcedente para el uso político. Sin embargo, la negativa a publicarlas era contraproducente al sembrar la sospecha de que había algo que ocultar. Ya publicadas, la carga demagógica de las balanzas ha quedado en gran medida desactivada.

No se puede obviar que el diseño territorial de España establecido en la Constitución levantó un edificio administrativo entre el Estado y los entes locales: la administración autonómica. Cada autonomía del régimen financiero general debe entenderse con las otras bajo la coordinación del Estado para subvenir a las necesidades de sus habitantes. En Cataluña, pero también en el resto de España, la mayor parte de las decisiones administrativas que afectan a los ciudadanos las toma la Generalidad, con enormes competencias que precisan soporte financiero. No es inteligente dejar en exclusiva al nacionalismo la defensa de algunas exigencias del sentido común. Es el caso del alcance de los servicios esenciales que toda autonomía debe garantizar. Ir más allá de la educación, la sanidad y los servicios sociales, ampliando caprichosamente lo "esencial", perjudica al resto de autonomías y tiene muy poco de liberal.