La nueva causa general

Dada la extraordinaria capacidad que demuestran los jueces de la Audiencia para establecer a la velocidad del rayo cuándo un diario "excede los límites" –que es de lo que están acusando a El Mundo por informar sobre la última iniciativa investigadora del juez Garzón–, sorprende que no adviertan extralimitación alguna en su colega cuando, más de treinta años después de la Amnistía en la que se fundó la Transición, resuelve arreglar cuentas con uno de los bandos de la Guerra Civil. Como "amnistía" significa lo que significa, y no otra cosa, cualquiera entiende que el último que debería tomar cartas en el asunto si considera que existe una injusticia histórica por resolver es, precisamente, un juez. El último, digo.

Ni siquiera el espíritu sectario del zapaterismo por sí solo, con su recuperación y reactivación de las categorías, lenguaje, imaginario y lógica guerracivilistas, explica la decisión de requerir formalmente información sobre los muertos de un bando, bajo el manto del tercer poder, a tres ministros, cuatro alcaldes y veintitrés mil párrocos. Ocurre esto, por lo visto, dentro de los límites. Ocurre setenta y dos años después de estallar la guerra, sesenta y nueve después de finalizar, treinta y tres después de morir Franco, treinta y uno después de la Ley de Amnistía y treinta después de promulgarse la Constitución.

Venimos observando últimamente ciertas actuaciones que apuntan a la embrionaria amenaza de una dictadura judicial. Es un fastidio, y una verdadera catástrofe para la libertad, que a estas alturas tengamos que empezar a medir nuestras opiniones políticas si no queremos meternos en problemas. Es además, un retroceso cuya viabilidad resultará proporcional al miedo que el poder (en este caso, el único poder no representativo) sea capaz de inducir en los medios, voz de la sociedad.

Sería conveniente que la Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional aclarara qué parte exacta de lo publicado por El Mundo sobre la extemporánea causa general "excede de los límites a la crítica de las resoluciones judiciales". Más que nada para saber a qué atenernos, para valorar los riesgos de informar y de opinar cuando la píldora judicial devenga rueda de molino y no haya espíritu libre dispuesto a tragarla. Habrá que aguardar hasta ese momento, cuando los riesgos sean calculables, para hacer balance de los daños que un funcionario judicial, investido de independencia en su actuación, puede llegar a ocasionar cuando decide que todas las cosas de este mundo, sin importar lugar o época, están sujetas a su conocimiento, criterio, arbitrio y poder.