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Ya es oficial. Acaba de dar comienzo la peor crisis económica de las últimas décadas en España, tal y como se venía advirtiendo desde hace meses. Agárrense, ya que las curvas a partir de ahora serán mucho más pronunciadas, y más de uno se irá por la cuneta. El verano de 2008 será archivado en los anales estadísticos como el peor período estival en materia de empleo de la democracia española. Al menos, por el momento.
El diagnóstico está claro para todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Hasta el propio Gobierno se está viendo obligado a reconocer, en parte, la gravedad de la situación. Llega el momento de los planes de urgencia, de las medidas estrella y de las reuniones de supuestos expertos. Ahora, el Gobierno se apresura a poner en marcha todo un elenco de estrambóticas y superficiales medidas que, por desgracia, de nada servirán para atenuar lo que se avecina.
Las mentiras y la ineficiencia del Ejecutivo socialista, tras insistir en negar la realidad, hablan por sí solas. Sin embargo, la gravedad de la actual coyuntura, más allá de sus efectos, radica en la inexistencia de soluciones por parte del elenco político. En este sentido, la propuesta que acaba de presentar el PP para combatir la crisis no tiene desperdicio.
Su plan consiste en 25 medidas y, curiosamente, algunas de ellas ya han sido contempladas por el Ejecutivo socialista, como la congelación de salarios a altos cargos de la Administración Pública, un plan de ahorro energético en los organismos estatales, que ya fue escenificado por Sebastián y su no corbata, o la eliminación de trámites burocráticos, calcado del plan presentado por Zapatero el pasado mes de julio.
Según dicho planteamiento, el PSOE no lo debe estar haciendo tan mal. De hecho, avanza por la dirección correcta para evitar el descalabro. Por otro lado, las críticas populares se centran en la necesidad de contener el gasto público. En este ámbito, el PP tan sólo se ciñe a la "eliminación de gastos superfluos", tales como propaganda y publicidad institucional. Dos campos de gran peso en el cómputo presupuestario, como todos saben
Además, el PP insiste en limitar el aumento del gasto público al 2 por ciento en los Presupuestos Generales para 2009 pero, al mismo tiempo, Rajoy defiende firmemente el impulso de las partidas sociales (educación y sanidad) y de las inversiones productivas para afrontar la crisis. Es decir, más gasto vía impuestos.
Las diferencias programáticas entre PP y PSOE se reducen así a meros matices. Los planes de ambas formaciones no lograrán atemperar las dificultades económicas y, sobre todo, laborales. De hecho, la cúpula popular está dispuesta a aplicar medidas que, hasta ahora, se podrían encuadrar a la perfección en el elenco del ideario socialita. Sirva como ejemplo la creación de una "Oficina de Información y Seguimiento de Precios", con el objetivo de vigilar al sector de la distribución alimentaria, que, entre otros, es tildado de "inflacionista". Una medida similar fue propuesta por Solbes hace escasas semanas.
Exiguas rebajas fiscales, la congelación de las tarifas eléctricas (a cargo de los contribuyentes y del déficit futuro) y el impulso de la investigación y desarrollo (I+D), sin concretar cómo, completan el documento de las 25 medidas sociopopulares. El problema es que, más allá de las causas políticas que subyacen en dicho acercamiento programático, los españoles siguen careciendo hoy por hoy de una solución real y eficaz para aguantar la tempestad. Y eso que ya han pasado doce meses desde que se comenzaron a materializar las primeras señales de la crisis.
Manuel Llamas es miembro del Instituto Juan de Mariana y jefe de Economía de Libertad Digital.
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