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Continuamente escuchamos a los políticos proponer nuevas medidas para solucionar supuestos problemas existentes en la sociedad. La más de las veces estas medidas consisten en añadir nuevas dosis de intervencionismo al sistema, a través de nuevas leyes, regulaciones, subsidios, etc.
Esta manera de actuar provoca una tendencia peligrosísima hacia una mayor planificación centralizada de la sociedad (ya dijo Mises que "el intervencionismo aboca forzosamente al socialismo"), en la que políticos y burócratas tratan de manejar los complejísimos asuntos sociales como si de un problema de fácil solución se tratara; pretenden convertirse en dioses terrenales a los que hay que acudir para resolver cualquier tipo de dificultad, ya sean los altos precios del petróleo, la bajada de precios de la leche o el mejor desempeño de los competidores.
Sin embargo, en primer lugar, ya deberíamos desconfiar de la identificación de los problemas a resolver, ya que quienes la hacen son políticos y burócratas, que tienen unos intereses particulares que no coinciden con los de la mayoría de la gente, tal y como ponen de manifiesto las enseñanzas de la Escuela de la Elección Pública. Así, surgen algunas preguntas que resulta difícil contestar. ¿Por qué escogen tratar de resolver un cierto asunto y no otro? ¿Cómo saben cuál es más urgente e importante? Esos problemas que requieren una solución política, ¿son realmente problemas reales? Y si lo son, ¿atañen al conjunto de la sociedad o sólo a un grupo particular, pequeño y con gran influencia sobre el poder político? La Ley de la Memoria Histórica, por ejemplo, ¿qué hueco venía a tapar?
Y en segundo lugar, aun identificando problemas reales cuya resolución sea urgente, lo más probable es que las soluciones intervencionistas fracasen en conseguir los resultados deseados, tal y como enunció Mises en su teoría del intervencionismo y otros autores austriacos han puesto de manifiesto. Una de las mejores ejemplificaciones de esta idea es el inevitable fracaso de los controles de precios; dado que los precios son absolutamente imprescindibles para lograr cierta coordinación entre los planes de consumidores y productores, una distorsión de éstos genera inexorablemente consecuencias negativas, como pueden ser escaseces artificiales, racionamiento, mercados negros, etc. Por muy buenas intenciones que tengan los planificadores, los controles de precios no podrán funcionar. Similar patrón se podría aplicar a otros tipos de intervenciones, como subsidios al desempleo o los impuestos progresivos como instrumentos para ayudar a los más desfavorecidos.
En conclusión, deberíamos ser cautos con aquellos que van con la arrogante pretensión de que "nosotros, el Gobierno, podemos hacerlo mejor que la sociedad libre", identificando problemas que quizá no son tales, o aplicando medidas que provocarán resultados no deseados por la sociedad, como coartada para impulsar nuevas medidas intervencionistas.
© AIPE
Ángel Martín Oro es miembro del Instituto Juan de Mariana.
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