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DENUNCIAN UNA ESTRATEGIA DE "ACOSO Y DERRIBO"

Rajoy delega en Cospedal la respuesta a las acusaciones de corrupción en precampaña

Cospedal, y no Rajoy, ha respondido a las últimas acusaciones contra el partido por la operación anticorrupción de Garzón. Lo ha hecho con una rueda de prensa convocada en domingo para denunciar una campaña de "acoso y derribo". El líder del PP ha preferido hablar de economía.

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María Dolores de Cospedal. EFE.
(Libertad Digital) Con una rueda de prensa extraordinaria en Génova, María Dolores de Cospedal ha asumido la tarea, por encargo de Rajoy, de dar una respuesta en nombre del partido a las últimas acusaciones vertidas contra la formación vinculándola con la operación anticorrupción de Garzón. El argumento de la secretaria general para defender a su partido es que el PSOE está utilizando "medios del Estado" para acabar con el PP. Rajoy, pese a que tenía la oportunidad de hacerlo, no se ha referido al asunto.

"Es una campaña de acoso y difamación en un periodo próximo a las elecciones", ha exclamado la secretaria general del PP. Para Cospedal, es "gravísimo" que hayan aparecido "filtraciones parciales e interesadas de un sumario secreto", en alusión a la información que publica este domingo El País con datos extraídos del sumario. En opinión de Cospedal, es "escandaloso", por lo que van a reclamar, incluso, "responsabilidades penales". 


"La maquinaria del PSOE está utilizando de manera escandalosa los servicios de la Fiscalía y de Interior con un claro interés electoral", ha recalcado, como ya denunciara horas antes Esteban González Pons.
 

Por ello, el PP exige al Poder Judicial que tome "las medidas necesarias para evitar que se sigan filtrando datos interesados" ya que no va a consentir "que se quebrante el Estado de Derecho acusando a un partido de provocar algo que no ha provocado". "No vamos a consentir que el PSOE de lecciones de honestidad en las cuentas públicas, ni de transparencia ni de claridad", ha añadido Cospedal.
 
La secretaria general del PP, que ha recordado el sucio pasado del PSOE en esta materia, ha insistido en que estas difamaciones son fruto de "una campaña de humo para tapar los más de tres millones de parados y el escandaloso gasto del presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño".
 
Mensaje a las bases del partido
 
También se ha visto en la obligación de lanzar un mensaje a las bases del partido, que afronta la precampaña de dos trascendentales citas electorales para el futuro de Rajoy: "Quiero trasladarles un mensaje de confianza, en el PP no nos vamos ni a rendir ni a achantar ante estas campañas de difamación y acoso... tienen que tener el ánimo muy alto, somos el partido que ha defendido siempre la libertad, la claridad y la transparencia".
 
"El PP va a dar lo mejor de sí para que en España deje de gobernar quien utiliza las instituciones en beneficio propio para ganar las elecciones", ha aseverado, para después advertir: "es un grave riesgo para el Estado de Derecho". "Tenemos que seguir trabajando, la unión es la fuerza ahora más que nunca", ha afirmado.
 
Los GAL y Filesa
 
Ya en el turno de preguntas, María Dolores de Cospedal ha insistido en la presunción de inocencia y ha vuelto a denunciar las filtraciones, "dignas de responsabilidad penal". "No se me ocurre que se pueda producir nada más grave en un Estado de Derecho", ha recalcado.
 
La dirigente del PP, muy contundente, ha recalcado: "Es un escándalo y lo quiero denunciar en voz bien alta". "No vamos a consentir que el partido de los GAL y de FILESA nos dé lecciones al PP", ha sentenciado.
 
Respecto a que algunas instituciones gobernadas por el PP, como la Generalidad Valenciana o el Ayuntamiento de Boadilla, hayan utilizado las empresas ahora implicadas, Cospedal ha destacado que si una administración contrata los servicios de una empresa, ello no implica que haya una vinculación con lo que haga esa firma.

Ha precisado que el presidente valenciano, Francisco Camps, tiene justificadas sus cuentas y que la contratación fue regular y ha insistido en que la presunción de inocencia debería funcionar en un Estado de derecho.

En cuanto a que el PP nacional dejara de contratar a esas empresas en 2003, ha afirmado que los contratos se hacen en un determinado momento y se dejan de hacer en otro "sin un motivo especial".

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