L D (Europa Press) Según explicó la organización Profesionales por la Ética, la sentencia del Alto Tribunal, que está en proceso de redacción, sólo afecta a las cuatro familias recurrentes de Asturias y Andalucía, una vez que se les comunique el fallo de forma oficial.

Por ello, insistieron en que la decisión del TS "no altera los 1.800 recursos judiciales en marcha" ante varios tribunales superiores de justicia autonómicos, para añadir que los padres objetores que hayan obtenido medidas cautelares o sentencia, "siguen en la misma situación hasta que el mismo tribunal que dictó las medidas cautelares las revoque".

Para los objetores, el Gobierno y las administraciones educativas regionales no son parte en los procesos decididos por el Supremo y "no tienen obligación legal de modificar su posición de apoyo o no hostilidad respecto de los padres que no quieren que sus hijos cursen EpC".