El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acusó este lunes al presunto jefe del desarticulado grupo Donosti de ETA, José Angel Lerín Sánchez, de realizar seguimientos del filósofo y miembro de Basta Ya, Fernando Savater, a un policía del barrio de Amara de San Sebastián, dos ertzainas, y otros objetivos. Según consta en los autos de prisión dictados por el magistrado para seis de los siete detenidos el pasado miercoles por la Guardia Civil, el juez acusa a Lerín Sánchez de pertenencia a ETA, falsificación de documentos, tenencia ilícita de armas y de explosivos y delito de estragos.

Zapatero tarda cinco días en informar a Rajoy

La Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado presentarán este martes sus respectivas demandas de ilegalización contra Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, según informaron fuentes de ambas instituciones. Una vez presentadas las demandas, la Sala del 61, encargada de la ilegalización de partidos, dispondrá al menos hasta el 16 de abril para pronunciarse. En cualquier caso, es imprescindible que dicte una resolución antes del día 18 de ese mes, porque entonces comienza el plazo para la presentación de candidaturas a las elecciones de mayo y el citado partido debe saber si se le permite registrarse o no.

La comparecencia de Díaz de Mera ante el tribunal del 11-M sigue generando críticas desde el PSOE por la negativa del ex director general de la Policía a revelar la fuente que le habló de un informe sobre las vinculaciones de ETA con los islamistas. Carme Chacón le ha acusado directamente de "mentir en un tribunal" y le ha advertido que "tendrá que abrir la boca para reconocerlo". Pujalte ha respondido que los únicos que han mentido son los responsables socialistas. El juicio no se reanudará hasta la próxima semana, momento en que también se conocerán los informes definitivos sobre los explosivos, cuyos componentes en uno de los focos son los del Titadyn de Cañaveras.

"LA TEORÍA DE LA MACEDONIA"
DOCUMENTACIÓN: Novedades en la investigación del 11-M