Las recientes declaraciones del Gobernador del Banco de España sobre el sistema de Seguridad Social ha supuesto abrir la caja de Pandora sobre un tema que desde hace ya muchos años, como otros tantos muy importantes, (bono escolar, ley de huelga, etc.) se han mantenido en el congelador del miedo político. Sin embargo la supuesta alarma sembrada lo ha sido por razones equivocadas. Las pensiones de los actuales pensionistas no corren ningún peligro y lo que se alerta simplemente es sobre los niveles de las futuras pensiones si no se adoptan medidas urgentes.
La afirmación del Sr. Fernández Ordóñez (F.O.) no pudo ser más inocua limitándose a constatar que, debido a la crisis económica, la disminución del número de cotizantes por un lado y el aumento de jubilados por otro, puede hacer que la Seguridad Social, hoy superavitaria, se transforme en deficitaria. (Precisamente para esos momentos, supuestamente puntuales, se supone que está el fondo de la Seguridad Social).
El problema es que la demografía española, con su baja tasa de natalidad y el aumento de esperanza de vida tiende a agravar el problema y hacer que el desequilibrio de ser coyuntural se convierta en estructural. El Sr. F.O. se ha limitado a poner de relieve la debilidad intrínseca de este sistema pues no es viable, si se quieren mantener los niveles de las actuales pensiones, que un número decreciente de trabajadores sostengan a un número creciente de pensionistas durante mucho tiempo.
Sólo los altos volúmenes de inmigración han evitado que las previsiones negativas “ceteris paribus” de hace años se hicieran realidad. Pero, claro está, un mayor número de inmigrantes supone también un mayor número de pensionistas en el futuro que presionarán de nuevo a la baja sobre la cuantía de las pensiones. (Conviene resaltar que aunque las pensiones que se reciben hoy día se estiman como muy bajas, cada pensionista recibe al final de su vida una cantidad mayor de la que ha transferido a lo largo de su vida laboral).
También conviene dejar claro que en un sistema de reparto, es decir, un sistema de fraude piramidal garantizado por el Estado, no puede existir la quiebra propiamente dicha como en el caso de una empresa privada pues o se suben los impuestos o se bajan las pensiones o se recurre al déficit público o a una mezcla de todo ello. Lo que esto implica para las personas jóvenes es que, sí, cobrarán pensiones, pero bastante más bajas que las actuales.
El problema del actual sistema no es por lo tanto coyuntural sino de fondo y no se arregla con parches por muy eficaces que estos sean. Lógicamente la clase política lo que desea es mantener su poder y control sobre unos fondos que además pueden utilizar para vender a los votantes-cotizantes la falsa idea de que el Gobierno es muy bueno y es el que paga las pensiones a los trabajadores, cuando son los propios trabajadores en activo, no el Estado, los que están pagando las pensiones a los actuales pensionistas.
Vende asimismo la idea de que los trabajadores a través de sus cotizaciones sociales están acumulando sus pensiones para el futuro a través de un sistema “contributivo”. Pero es falso que en un sistema de reparto como el español existan pensiones verdaderamente contributivas. Este tipo de pensiones sólo pueden existir en un sistema en el que cada trabajador contribuye a su propio fondo de pensiones sobre el que tiene un derecho de propiedad, hasta el punto que es transmisible por herencia a su viud@ o hij@s. Es falso, por lo tanto, afirmar que los actuales cotizantes están aportando sus cotizaciones a su fondo de pensiones ya que lo que ellos entregan hoy se transfiere automáticamente a los jubilados de hoy. No existe más que una pura transferencia. No se genera ningún derecho de propiedad del trabajador sobre lo que ha ido aportando a lo largo de su vida.
Ante la gravedad de la situación el Círculo de Empresarios en 1996 y 2001 presentó una propuesta, todavía válida, defendiendo un sistema de tres pilares como el que se presentó en 1994 por el Banco Mundial en su estudio: “Envejecimiento sin Crisis”. Se trataba de un 1er. pilar público con cargo a los Presupuestos Generales del Estados garantizando una pensión básica para todo el mundo, haya cotizado o no a lo largo de su vida laboral. Un 2º pilar, también obligatorio, constituido por los fondos de capitalización privada sobre los que el Estado ejercería una labor clave de vigilancia y regulación, para asegurar un elevado grado de fiabilidad a estas inversiones. En Chile por ejemplo se exige por Ley que todos los trabajadores mayores de 60 años tengan sus ahorros en valores de renta fija garantizados por el Estado. También, a título de ejemplo, el Estado podría exigir que 1/3 de las inversiones de los fondos de pensiones se realizara en Letras del Tesoro o en bonos garantizados contra la inflación, siendo responsabilidad de la decisión libre y personal del trabajador la asignación de los otros 2/3 en valores aprobados por el Estado. Finalmente el 3er. pilar, totalmente voluntario, sería el equivalente al de los actuales fondos de pensiones privados.
En definitiva, no se trata de que un sistema de fraude piramidal pueda quebrar sino de que un sistema alternativo de ahorro privado ofrece a los trabajadores ventajas claras sobre el de reparto. Los beneficios de los sistemas de tres pilares se expusieron claramente hace años por parte del Círculo de Empresarios pero quiero, dada la situación de la economía española, subrayar especialmente dos.
1º. Se crea un fondo real de acumulación de dinero lo cual en un país con un déficit por cuenta corriente del orden del 10% sería clave para cimentar la salida de la crisis actual sobre las bases sólidas de un ahorro nacional significativo. En el mismo sentido el trabajador crea un patrimonio transmisible por herencia (pues en un sistema de reparto subyace en el fondo la negación de la propiedad privada del ahorro personal)
2º. Un sistema de ahorro individual permite a medio plazo una reducción muy importante de las cotizaciones sociales. Esto traería consigo un mayor volumen de empleo, un aumento de los salarios percibidos por los trabajadores y una reducción de los costes empresariales con el consiguiente aumento de la competitividad.
Harían bien los distintos partidos políticos en sentarse a analizar alternativas al sistema actual cuya grave situación ha puesto de relieve el Sr. F.O. La que en su día propuso el Círculo de Empresarios sería una entre muchas a tener en cuenta.
Vicente Boceta Álvarez
Técnico Comercial y Economista del Estado