No parece normal que Rubalcaba guarde silencio el día en que han trascendido las terroríficas cifras del paro de septiembre y que haya declarado una suerte de omertà respecto a esa cuestión.

El Estado de las Autonomías ha enquistado uno los problemas históricos de España, las diferencias entre el norte y el sur.

Las cajas gallegas debían fusionarse como el dios de la tribu mana, única y exclusivamente entre ellas, a imagen del incestuoso ejemplo catalán. Solo así podía quedar garantizada la irrenunciable galleguidad de la bancarrota posterior.

El doble del gasto público español corresponde a las autonomías, en relación con el gasto de la Administración Central, a cuyo porcentaje se acercan mucho las corporaciones locales.

Si queremos que la corresponsabilidad fiscal sea una realidad en nuestro país, no hay más remedio que quitar a las autonomías cualquier competencia que puedan tener en materia de deuda.

Al lado de ese tipo de inmoralidades surgidas del sistema de partidos políticos, se desarrolla una picaresca, casi un sistema de corrupción social, en cientos de miles de personas que se sitúan en los márgenes del sistema.

El hermano de mienmano utilizaba los cafelitos para traficar con prebendas oficiales y aquí, por imperativos geográficos, el orujo de hierbas habrá sustituido a la cafeína sevillana, pero la industria, en esencia, sigue siendo la misma.

No deberíamos perder el sueño contando cuántos tienen trabajo en España: el asunto está en cuántos tienen un trabajo que sirva para algo y no digamos ya que sirva para crear riqueza.

El Estado, y no las alianzas, vuelven con más fuerza a ser el principal actor estratégico. España no es una excepción y debería empezar a pensar por sí misma como tal, y no sólo como parte de alianzas y organizaciones.

Lo realmente novedoso, y que en la tradición de Apple ha sido lo último en ser presentado, es el asistente de voz, producto de la compra de la empresa Siri. No es tanto que reconozca lo que se le dice, sino que lo entiende y responde en consecuencia.

Uno no puede evitar preguntarse por qué no exigió a CDC que, a cambio de la abstención del PPC en la votación de los presupuestos, el gobierno de la Generalitat se comprometiera a acatar las sentencias del TS y garantizar la enseñanza bilingüe.