Del mismo modo que abaratar el despido es una forma de abaratar la contratación, aún más importante es reducir el principal coste que impone el Gobierno a las empresas cuando adquieren los servicios de un nuevo empleado: las cotizaciones sociales.

La locomotora de destrucción de empleo alcanza una enorme velocidad, lo cual significa que se va a necesitar tiempo para ir reduciendo esa fuerza destructora y aún más para lograr crear empleo neto.

¿Por qué se anuncia que, si renuncian a la violencia, tendrán derecho al acercamiento a Vascongadas, y posteriormente Rajoy declara que esto no supone ningún beneficio? Entonces, ¿por qué van los etarras a aceptar el Plan si no supone ningún beneficio?

Creía yo que habíamos acabado con las curiosidades referentes a esos dos números mágicos: el tres y el siete. Pero se inunda el correo con nuevas aportaciones.

Los recursos financieros son escasos y la utilización de ellos por el sector público impide la financiación al sector privado. La deuda pública y su financiación expulsan a la deuda privada de esta posibilidad.

La responsabilidad del Estado de Derecho es castigar con la pena máxima prevista en las leyes al criminal que ha cometido también el mayor delito, y cualquier decisión que rebaje ese elemental sentido punitivo será siempre una traición hacia las víctimas.

Con cada gesto que contribuye a alentar la libertad de uno de esos asesinos se añade más tierra sobre el significado de la muerte de cada una de sus víctimas, sobre la existencia misma de las víctimas.

El inmovilismo del estado francés, así como la burocracia de este país, es lo que ha impedido que Sarkozy pueda cumplir con algunas de sus medidas, y lo mismo le sucederá a Hollande.

Las consecuencias de ese pensamiento afianzado en la Contrarreforma que favorece al "ortodoxo" por delante del trabajador, al adepto frente al sabio, al fanático frente al que cuenta con méritos reales ha sido –y es– sencillamente devastadora para España.

Televisión de corte racista y xenófobo, destinada a hacer proselitismo del agresivo régimen de los ayatolás, es emitida además a través del operador Hispasat, en cuya participación el Estado español posee un 25% del accionariado.