El gobierno del Partido Popular, con mayoría más que absoluta, tiene ahora al frente del órgano supremo de los jueces a un presidente caracterizado por su férrea oposición a la reforma laboral que deberán aplicar los jueces que de él dependen.

Si no se cumplieran las instrucciones, esto es, si la rebeldía deviniese contumacia, sépase que resta proscrito cualquier recurso a la fuerza. Eventualidad únicamente posible previa declaración del estado de sitio por las Cortes.

Si hubieran sido intervenidas, como la lógica aconseja y el estado comatoso de sus finanzas exige, no tendrían otra salida que el pataleo jeremíaco de cara a sus votantes para salvar la escasa honra que su desempeño político les hubiera permitido.