Las finanzas de Cataluña no están arruinadas por una diabólica conjunción de voluntades centralistas en contra de aquella noble tierra y sus gentes, sino por la penosa gestión de su clase política; nacionalista, por más señas.

Ese pacto de Estado sobre la reorganización territorial exige que se pongan de acuerdo los dos grandes partidos. Pero sucede que el obstáculo básico es que los dirigentes de los dos grandes partidos no se hablan unos con otros; se odian.

Con las haciendas autonómicas viene a ocurrir aquello que solía decir Borges de los peronistas: no es que sean mejores o peores, es que no tienen remedio.

Habría que embriagarse de ilusión para creer que un saneamiento del archipiélago político representa el fin de nuestros quebrantos. Resulta imprescindible, pero no es, ¡ojalá lo fuera!, la salvación.

Los tres personajes forman un trío de intereses cruzados. No sabemos si el juez español ha ido a Londres por encargo del político ecuatoriano o, por el contrario, ha sido una idea suya o del australiano. En cualquier caso, les viene bien a todos.

Sé que no es lo que toca ahora, pero no me parece justo. No me parece justo que por el hecho evidente de que hayan proliferado grupúsculos de políticos "profesionales", cortoplacistas y conservadores de su diminuta parcela, deban pagar unos por otros.