La dictadura de lo políticamente correcto ha llegado hasta el punto de que un periodista cree que el derecho de alguien a no sentirse ofendido debe prevalecer sobre lo que le permite ejercer su profesión.
Lo llamaría terrorismo si no hubiéramos sufrido el de ETA, mas esta cautela no ha de ser óbice para que exija, una vez más, que el Estado ilegalice a Arran.