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Andalucía

La juez Bolaños persistió en prácticas denunciadas por la Fiscalía antes de su baja

La instrucción de la juez lleva camino de convertirse en un macrocaso en sí mismo.

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La instrucción de la juez lleva camino de convertirse en un macrocaso en sí mismo.
La juez Núñez Bolaños | EFE

La juez María Núñez Bolaños aprovechó los tres días que ha estado de alta desde la continuación de la actividad judicial el 2 de septiembre para desimputar a dos ex altos cargos socialistas en el caso ERE e impedir que la Guardia Civil investigara a un concejal socialista de Jerez como su juez de apoyo, José Ignacio Vilaplana, había ordenado.

El edil liberado de la investigación de la Benemérita pocas horas antes de que la juez se diera de baja, según ABC, es Francisco Camas, actualmente segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez, gobernado por el PSOE, que presuntamente fue "enchufado", como otros mucho exalcaldes y exconcejales socialistas, en la Fundación FAFFE, enchufe cuya veracidad quería investigar el juez de apoyo.

La magistrada plasmó su decisión en un auto del pasado lunes 2 de septiembre, día de su reincorporación al trabajo tras el mes inhábil de agosto. En su texto, Núñez Bolaños anuló la providencia dictada el pasado 24 de junio por el juez Vilaplana, que se hizo cargo del caso FAFFE durante su primera baja, entre el 19 de junio y el 16 de julio.

El juez Vilaplana asumió las peticiones de la Fiscalía y el PP de abrir una investigación separada del caso FAFFE para comprobar si fue ilegal o no la presencia del concejal socialista de Jerez de la Frontera, Francisco Camas, en la relación de personal de la fundación.

Además, también el día 2 de septiembre, la juez Bolaños estimó la petición del exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, investigado en la pieza que investiga el ERE de la empresa A Novo Comlink, un ERE concedido por la Junta y que costó 35,95 millones de euros. Por ello, la juez archivó la causa abierta contra el exdiputado por colocar a un "intruso" en dicho ERE durante su etapa como asesor en la Consejería de Empleo.

La última resolución polémica adoptada por la juez antes de darse de baja ha sido el archivo provisional de las actuaciones que se acometían contra el exdelegado de la Consejería de Empleo en Córdoba entre 2000 y 2004, Andrés Luque García, también a petición de su defensa que considera que Luque sólo favoreció las relaciones del ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, los delegados sindicales y la empresa ABB a los que se concedió una ayuda de casi un millón de euros.

Precisamente en estos días, la Audiencia Provincial de Sevilla ha corregido de nuevo una decisión de la juez Núñez Bolaños, y ha decidido que hay que investigar a Antonio Albarracín, exdirector de Vitalia, excluido por la juez de la investigación. Éste cobraba por tramitar ayudas irregulares con cargo a la partida de los ERE. También ha rectificado la decisión de la magistrada de apartar de la investigación al que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012, Daniel Alberto Rivera, porque pudo administrar "deslealmente" dinero público.

Los letrados de la Junta no van al juzgado

No es el único comportamiento anómalo en los juzgados de Sevilla puesto que los letrados que representan a la Junta de Andalucía como acusación particular y principal perjudicada por el fraude de las ayudas de los ERE, cuya dirección no ha sido renovada por el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos, llevan desde julio sin acudir al juzgado para recoger las notificaciones ni han asistido a comparecencias de testigos e investigados en la macrocausa de los ERE, por ejemplo, en la referida a la concesión de un préstamo de 36,1 millones de euros a la desaparecida fábrica de Santana Motor en Linares.

Cuenta este viernes ABC que no han comparecido en los casos de ERE de las empresas Cervezas Alhambra, Scafa, Asociación Class Mana, Plantas Flores Castejón, Tartessos CAR y Bodega Zoilo Ruiz-Mateos, por lo que ha sido el juez Vilaplana, el PP y las defensas los que han tenido el protagonismo esencial, lo cual es completamente anómalo y puede tener efectos futuros sobre el curso de la instrucción.

El papel de los letrados de la Junta, dirigidos por la misma dirección que los rigió en la etapa de Susana Díaz, ya fue escandalosa porque, contra al criterio de la Fiscalía y del PP, solicitaron el archivo del caso Avales de la agencia IDEA en el que estaban imputados ex altos cargos socialistas.

El caso Avales es otro sumario, dividido en dos, que afecta también a la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía, perejil de todas las salsas oscuras de la Junta. En él, se trata de clarificar la práctica de la Junta de dar avales y préstamos a empresas de manera sospechosa. Igualmente sospechosa fue la tardanza en instruir de la juez Núñez Bolaños, cuya falta de diligencia ha sido criticada por el fiscal Francisco Sánchez Mellado que dijo que, desde 2016, el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente.

La juez parece desafiar a la Fiscalía y al CGPJ

Es una de las interpretaciones posibles al extraño comportamiento de una juez cuya instrucción de los macrocasos de corrupción ha resultado ser un escándalo hasta para la Fiscalía Anticorrupción, cuyos seis miembros de Sevilla dedicados a esos casos, elevaron una queja formal a su superior, Francisco Luzón, quien, a su vez, la trasladó al Consejo General del Poder Judicial. ABC, por ejemplo, considera su actitud como de "juzgado de guardia".

Finalmente, habrá sustituta oficial en el juzgado

Aunque al principio no se consideró la posibilidad de nombrar un sustituto para hacerse cargo del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es María Núñez Bolaños, finalmente parece que será Bendición Pavón, una juez que lleva años realizando suplencias en los juzgados de Sevilla, la que sustituya oficialmente a Bolaños, según informa Diario de Sevilla.

Pero el Decanato de los Jueces de Sevilla, solicitó al TSJA que nombrase a un sustituto por si la baja de la juez Bolaños, cuyos motivos siguen sin conocerse, pudiera prorrogarse mayor tiempo.

La sustitución es un tanto extraña puesto que la nueva juez oficial no se va a encargar de los grandes casos de corrupción que pululan en sus dependencias sino sólo de los asuntos ordinarios del Juzgado que hasta ahora eran de la responsabilidad del juez de apoyo, José Ignacio Vilaplana. Y será precisamente Vilaplana quien se encargue de la instrucción de las macrocausas, con lo cual, en realidad, el juez sustituto sería él.

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