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Andalucía

La juez Bolaños se supera adoptando dos decisiones contradictorias en cuatro segundos

El caso se ha conocido porque ambas resoluciones opuestas han sido notificadas a las partes personadas.

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El caso se ha conocido porque ambas resoluciones opuestas han sido notificadas a las partes personadas.
La juez Núñez Bolaños | Europa Press

En solo cuatro segundos, la juez Núñez Bolaños archivó una de las piezas separadas de los ERE y volvió a abrirla. Ocurrió el pasado día 8 de agosto y los autos, el de archivo y el de reapertura, se referían a la ayuda, presuntamente irregular, concedida por la Junta de Andalucía al Instituto de la Costa del Sol, SL (Incosol).

Lo que cuenta este martes ABC de Sevilla siembra, cuando menos, la duda de cómo se adoptan las decisiones en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, el juzgado con más macrocasos de corrupción de España. Igualmente, arroja interrogantes sobre la información judicial acerca de los casos que se instruyen en el juzgado.

Que a las 18 horas, 31 minutos y 41 segundos un juzgado adopte una decisión sobre un caso y a las 18 horas, 31 minutos y 45 segundos del mismo día, esto es, cuatro segundos más tarde, adopte justamente la contraria, produce no sólo sorpresa e incluso estupor, sino que cierne sobre las decisiones judiciales del juzgado un grado elevado de desconfianza acerca de los criterios profesionales que se emplean.

El pasado 8 de agosto, la juez Núñez Bolaños decretó "el sobreseimiento libre y archivo" de la pieza separada relativa a Incosol, en el marco del caso de los ERE, donde se investigaba la concesión presuntamente irregular de una ayuda de 204.402 euros a la citada empresa. Cuatro segundos más tarde, decretó reabrir las diligencias que había archivado. El caso se ha conocido porque ambas resoluciones opuestas han sido notificadas a las partes personadas en el caso ERE.

El problema es que ambas decisiones se fundamentaron en el mismo informe de la Guardia Civil. En los dos autos, separados por sólo cuatro segundos, se refiere la juez al mismo atestado de la Guardia Civil de Almería que propone incriminar al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, y a su sucesor en el cargo, Juan Márquez Contreras, por "la supuesta comisión de delitos de prevaricación en su vertiente administrativa y fraude".

En dicho atestado fechado el 31 de julio, no se había podido probar la existencia de un supuesto delito de malversación de caudales públicos, pero sí que la Junta era incapaz de determinar si pagó o no la ayuda. También se constataba que el ex director general Francisco Javier Guerrero se comprometió por escrito en julio de 2005 con la aseguradora Vitalicio a pagarle los 204.402 euros a Incosol. Pero al no presentar ERE alguno, dice ABC, el convenio suscrito para pagar las ayudas a través de la agencia IDEA era nulo de pleno derecho.

A pesar de todo, Guerrero ordenó nuevos abonos en 2006 "evidenciándose una dejadez y falta de rigor en el tratamiento documental impropio en cualquier organismo de la Administración", se dice en el atestado de la Guardia Civil. Su sucesor en la dirección general de Trabajo, Juan Márquez, ordenó un nuevo pago de 197.828 euros a Incosol, sin el visto bueno del viceconsejero.

La Guardia Civil concluye que puede estarse ante un caso de prevaricación y fraude. La juez Bolaños, con base en este único informe, acordó el archivo aduciendo que, según la documentación disponible en las actuaciones judiciales, no estaba "debidamente justificada la perpetración de un delito". Cuatro segundos después, en el segundo auto, dice: "Visto el estado de las presentas diligencias, procede la reapertura, debiendo practicar las diligencias de investigación oportunas, a fin de determinar los hechos objeto de autos".

Debido a estos hechos, detectados por la acusación particular ejercida por el PP, se pidió por escrito una aclaración al juzgado porque "ambos autos son absolutamente contradictorios y provocadores de inseguridad jurídica". Igualmente, el caso da una idea sombría de cómo era la gestión del dinero público en la Junta de Andalucía.

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