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Andalucía

La juez del caso Aznalcóllar amplía la investigación y extiende la imputación a 16 personas

El ex director general de la SEPI, Vicente Fernández, comparecerá como investigado el 2 de diciembre.

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El ex director general de la SEPI, Vicente Fernández, comparecerá como investigado el 2 de diciembre.
El expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la ex directora general de minas, María José Asensio | EFE

Tras el varapalo de la Audiencia de Sevilla, en el que ha tenido papel destacado la magistrada Mercedes Alaya, ordenando reabrir por segunda vez el caso Aznalcóllar, la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, la magistrada Patricia Fernández, ha acordado ampliar la investigación de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación minera a la agrupación empresarial México Minorbis.

Recuérdese que los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar fueron concedidos en 2015 inicialmente al grupo Magtel, cercano al PSOE, apareciendo después el grupo mexicano, en un procedimiento cuyas presuntas irregularidades fueron denunciadas por el grupo competidor Emérita Resources.

Son ya 16 los imputados del caso, entre los que destacan sobremanera los funcionarios y ex altos cargos del gobierno de Susana Díaz, una presidenta que utilizó precisamente la reapertura de los trabajos de la mina en la campaña electoral de 2015, motivo por el cual el caso Aznalcóllar le afecta políticamente en todos los sentidos.

Quizá el nuevo imputado más llamativo es el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, que fue nombrado para el cargo del que ha tenido que dimitir por Pedro Sánchez. En el momento del concurso minero de 2015, Fernández era secretario general de Industria de la Junta de Andalucía.

Pero Vicente Fernández era un peso pesado de la Junta de Andalucía bajo el mandato de Susana Díaz. De hecho, llegó a ser Interventor General de la Junta, además de haber ocupado otros altos cargos como secretario general de Innovación, Industria y Energía, presidente de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), de Verificaciones Industriales de Andalucía (VEIASA), de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL) y de Aerópolis, entre otros.

Ahora, refiere Europa Press, la magistrada amplia la investigación con respecto a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales.

Además de citar a Vicente Fernández para declarar en calidad de imputado el próximo 2 de diciembre, la juez ha acordado citar como investigados a la totalidad de los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación, a fin de que puedan mantener, ampliar o matizar sus declaraciones anteriores, y prestar nueva declaración quienes no lo hicieron con anterioridad.

También declararán como imputados los hermanos Isidro López Magdaleno y Mario López Magdaleno, ambos representantes de la concesionaria inicial Magtel, mientras que la exsubdirectora general de Minas, la presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, también procedente de la Junta de Andalucía, acudirá a declarar como testigo.

Igualmente, la juez pide a Junta de Andalucía, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que informe sobre los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y de la Comisión Técnica, tres meses antes de iniciarse la licitación para adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar y los puestos que desempeñaron tras el mismo.

Ahora, la juez ve necesario determinar si existió delito de tráfico de influencias y, en su caso, de fraude y exacciones ilegales debido al hecho de que "formalmente, la presentación al concurso la hiciese Minorbis, sirviéndose presuntamente Grupo México de las ventajas que pudiera ofrecerle aquella entidad, consistentes en valiosos contactos en la administración pública, en particular, derivados de la buena relación que pudiera existir entre Vicente Fernández y los representantes de Magtel".

En cuanto al delito de cohecho, la magistrada decreta la ampliación de la investigación sobre los ascensos profesionales que tuvieron lugar y que beneficiaron a las personas relacionadas con el concurso, "a modo de recompensa por posibles actos ilícitos presuntamente cometidos".

Además, amplía la investigación con respecto al delito de malversación con el argumento de que la propuesta económica de Emérita, el competidor rechazado por la Junta, ascendía a 641,5 millones mientras que la de Minorbis-Grupo México, la entidad ganadora del concurso sólo era de 304,6 millones.

Igualmente, era mucho mejor la oferta rechazada de Emérita Resources que en materia de mejoras socio-laborales "se comprometía a aportar a cambio de la adjudicación 375 millones en Andalucía para el desarrollo de su tejido industrial", mientras que la propuesta de Minorbis- Grupo México sólo contemplaba mejoras valoradas en 27 millones de euros". Por ello, "deberán los investigados ser interrogados sobre las decisiones adoptadas en esta materia y si se tuvieron en cuenta los factores y cifras consignados", añade la instructora.

Como de manera poco explicable, la juez del caso archivó las actuaciones por segunda vez, la Audiencia Provincial emitió un duro auto obligando a la juez a la reapertura del caso tras el recurso interpuesto por la competidora Emérita Resources. En él, se señalaban las relaciones amistosas de los hermanos López Magdaleno con Vicente Fernández, ahora investigado.

La Sección Séptima de la Audiencia, donde se ubica la magistrada Mercedes Alaya, aceptó el recurso toda vez que señala que resulta "evidente y ello no se discute", que Grupo México, como licitador, "no cumplió con los requisitos legalmente imprescindibles" para pasar a la Segunda Fase relativos a la acreditación de su personalidad jurídica y capacidad de obrar, "lo cual sin duda era exigible a ambas entidades de acuerdo con los principios generales de la contratación pública".

De este modo, la Sección Séptima indicaba en el auto que entiende que se "quebrantó" el principio de transparencia e igualdad de trato en el concurso y además se estaba dando cobertura con la actuación "llamativamente ambigua" de la Administración, al resultado final, "legalmente inadmisible" de que aceptara la adjudicación una entidad controlada prácticamente en su totalidad por una sociedad que "debió ser apartada del concurso, y que en definitiva no participó en él".

En esa línea, añadía que en ese concurso se presentó a la licitud Minorbis no como entidad independiente sino como Minorbis-Grupo México lo que "hace dudar sólidamente" de que la mención en las citadas resoluciones del licitador como Minorbis-Grupo México sea "un simple error arrastrado".

Así, señala que puede ser una medida "intencionada" para procurar "cierta lógica" a la aceptación de la adjudicación por una entidad absolutamente controlada por Grupo México, "que realmente se limitó a presentar la oferta pero no participó en el concurso, por lo que frente a terceros era necesario mantener formalmente a Grupo México como licitador, siendo además curioso que ese error, que más bien parece un argumento creado a posteriori, solamente ocurra con dichas sociedades y no con Emérita a la que también podría habérsele denominado Emérita-Forbes Manhattan". De otra parte, la Sala sospecha de que no se cumpla los preceptos de solvencia económica y técnica.

Con todo, la Audiencia indica que "la patente ilegalidad, la grosera y burda ilegalidad" radicaría en que esta nueva sociedad "tendría una minúscula participación de Minorbis, licitadora que ha ganado el concurso, y que pertenecería prácticamente en su totalidad a una entidad que debió ser excluida formalmente del mismo, que realmente no participó en el concurso, y que la Junta 'a posteriori' argumenta que sólo fue una tercera entidad acreditadora de solvencia de la licitadora Minorbis".

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