A pesar de no haber sido siquiera acusación particular, la Junta de Andalucía va a tener que pagar la defensa de bastantes de los condenados en el caso ERE. Curiosamente, la nueva Junta no ha tocado siquiera al equipo jurídico que se retiró de la acusación y permitió, con ello, que las fianzas interpuestas no fueran satisfechas por los ahora condenados. Con aquellas fianzas no satisfechas, podría pagarse con creces los entre 3 y 5 millones que costarán las defensas de muchos de los condenados.
Ya resultó llamativo, como subraya ABC, que la Junta, la principal perjudicada por el caso ERE, se retirara de la acusación particular en la instrucción del caso. Y resulta que el mismo gabinete jurídico que lo aconsejó nunca vio ni delitos de prevaricación ni de malversación, lo que da una idea de su buena vista judicial, sigue desempeñando su labor en la nueva Junta.
Se trata de la letrada María Victoria Gálvez Ruiz, miembro del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía que presentó en octubre de 2016, junto a Ignacio Carrasco López, el informe de conclusiones provisionales por el que la Junta pidió el sobreseimiento de la pieza política.
Pues Gálvez sigue insistiendo en que su postura fue la adecuada porque es lo que ha iniciar distintos procesos de recuperación de fondos de los ERE a través del Tribunal de Cuentas y seguir haciéndolo en cada una de las causas que han de ser juzgadas a partir de ahora en relación al caso. Carrasco, que fue criticado por el propio PSOE por no defender sus políticas, ha dejado el gabinete jurídico de la Junta para trabajar en la Consejería de Agricultura.
Lo que no explica es que, precisamente por haberse retirado la Junta de la acusación particular que ejerció desde el estallido del caso hasta casi la apertura del juicio oral, por lo que se supone que veía, cuando menos, irregularidades en el procedimiento, poco antes del juicio renunció a la acusación impidiendo a la Fiscalía exigir responsabilidades económicas a los ahora condenados. De haberlo hecho, la sentencia podría haber fijado las mismas a cada uno de los políticos y ex altos cargos condenados.
Lo que está fuera de duda es que la Junta de Andalucía tendrá que pagar la defensa de bastantes acusados, aun por determinar. Muchos de los acusados presentaron sus demandas judiciales para conseguirlo y ya han obtenido varias sentencias, entre ellos destacan Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.
La factura de los ERE pagada con fondos públicos no se agota por tanto en los casi 680 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, fueron repartidos de forma ilegal, sino que se incrementará en una cantidad todavía indeterminada que podría rondar entre los tres y los cinco millones de euros.
El Mundo también da cuenta este martes de la guinda del pastel de los ERE: que los andaluces tengan que pagar las defensas de quienes malversaron o consintieron conscientemente el mal uso del dinero público andaluz durante una década, 2000-2009. Magdalena Álvarez puede recibir hasta 90.000 euros de la Junta por este motivo.