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Andalucía

Revive el caso UGT: se juzga a 'Pablo Iglesias', su presunto denunciante

Este miércoles se ha conocido cómo la juez Alaya fue obstaculizada para investigar al sindicato.

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Este miércoles se ha conocido cómo la juez Alaya fue obstaculizada para investigar al sindicato.
La juez Alaya inició las primeras diligencias para investigar a la UGT | EFE

El caso del desvío de dinero de las subvenciones públicas, además del dinero general de las cuentas del sindicato socialista en Andalucía, fue una exclusiva de Libertad Digital que, en junio de 2013 estuvo publicando en solitario durante unos meses. De hecho, tras haber recorrido diferentes redacciones de relevantes periódicos, el denunciante, al que Libertad Digital siempre conoció como "Pablo Iglesias" por razones de discreción y seguridad, se puso en contacto con nuestra redacción en Sevilla.

Tras conocer de qué materia se trataba y a quiénes implicaba, Libertad Digital investigó todos los hechos relacionados y que podían documentarse y, desde junio de 2013, comenzó una serie de publicaciones que socavaban seriamente el prestigio del sindicato, ya deteriorado por otros escándalos, y demostró fehacientemente cuál fue su modus operandi en diferentes ámbitos, sobre todo el relacionado con la justificación irregular de subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.

Algunos de aquellos artículos fueron:

Como consecuencia, hay todo un sumario judicial abierto y numerosos altos cargos de UGT Andalucía imputados, desde sus exsecretarios generales a sus tesoreros y otros. Sin embargo, el primer juicio que va a tener lugar mañana mismo va a ser el que juzgará al denunciante del caso, "Pablo Iglesias", que era un grupo de personas, no una sola, que se ha personalizado en un único imputado, Roberto Macías, en un momento en que hasta la propia Unión Europea ha aprobado una directiva para proteger a las personas que denuncian las infracciones del Derecho en Europa.

Macías, de origen mexicano, trabajó en UGT desde 2006 a las órdenes del ahora imputado Federico Fresneda, en momentos en que se gestionaban millonarias subvenciones vinculadas a los fondos a la formación y otras fuentes que se concretaban en las negociaciones de los Acuerdos Económicos y Sociales del gobierno de Manuel Chaves con los sindicatos UGT y CCOO y la patrona, CEA.

El propio Macías ha contado más tarde, y entre otras cosas, que la UGT llevaba "una realidad contable paralela". Se utilizaban para controlar las facturas presuntamente fraudulentas y falsas, con los servicios realmente prestados o adquiridos con estos proveedores. Era tal el volumen de facturación ficticia, que estos Excel empezaban a dar problemas por las fórmulas que se empleaban.

Al respecto, decir que la propia Fiscalía Anticorrupción considera que fue con la creación de la central de compras, cuando se puso de marcha este sistema fraudulento y se fue perfeccionando con el paso del tiempo. Yo creo que este sistema es más antiguo de lo que parece, y creo que por las informaciones que he recibido, podría datarse sobre el año 1986".

UGT, en el juicio que se va a celebrar mañana si no hay imprevistos, pide que Macías sea condenado a cuatro años de cárcel y a pagar una indemnización de 60.000 euros por haber cometido, presuntamente y según escribe El Mundo, un delito de revelación de secretos, al haber destapado la contabilidad interna y la supuesta trama de financiación ilegal del sindicato con subvenciones millonarias de la Junta de Andalucía que está investigando un juez de Sevilla.

Hace unos días, el despacho del abogado de Macías en Adra (Almería) fue asaltado por unos desconocidos y desaparecieron documentos relevantes para el juicio.

Activistas, asociaciones y denunciantes de corrupción de toda España han solicitado al sindicato UGT que ponga fin a la "persecución injusta y cruel que desde hace cinco años está sufriendo Roberto Macías… No podemos permitir que continúe el acoso y derribo judicial contra Roberto Macías por parte de la federación andaluza de UGT, investigada por su participación en actos gravísimos de corrupción como los ERE fraudulentos o el desvío de fondos públicos a través de facturación presuntamente falsa y fraudulenta para justificar ayudas concedidas por la Administración andaluza".

El comunicado, recogido por EFE, está firmado, por un nutrido grupo de denunciantes de casos de corrupción en toda España. Es de interés conocer las principales firmas:

  • Azahara Peralta Bravo, Denunciante caso ACUAMED
  • Teodoro Montes, Denunciante cursos de FORMACIÓN en Andalucía
  • Maite Morado Iglesias, Denunciante causa Can Balsach
  • Gracia Ballesteros, Denunciante caso ACUAMED
  • Jaime González, Denunciante caso INFOCA (Cártel del fuego)
  • Fernando Urruticoechea, Denunciante corrupción caso Castro Urdiales
  • Ana Garrido, Denunciante caso Gürtel
  • Francisco José Sánchez del Águila Ramón, Denunciante operación Poniente
  • María Serrano, Denunciante de corrupción en la Guardia Civil, Seprona
  • Luis Gonzalo Segura, Denunciante corrupción en el ejército
  • Francisco Javier Perejón, Denunciante corrupción Junta de Andalucía
  • Miguel Ángel Ándelo, Denunciante Escuela de Hostelería, Granada
  • Paloma Coiduras, Denunciante de subvenciones agrarias ilegales y la pesca de tallas mínimas
  • María José Alarcón Vicente, Denunciante de corrupción Bbservice
  • Ángel M. Prada, Denunciante de corrupción en Sanabria, Zamora
  • Ana Varela, Denunciante fraude formación empleo
  • José María Castillejo, Denunciante de corrupción caso Pocoyó
  • María Antonia Pacheco Cumbre, Denunciante de corrupción en Cádiz
  • Julita Gómez Salas, Denunciante corrupción tutela de mayores en Amta, Madrid
  • Carles Martínez, Denunciante cursos de formación desempleados en Cataluña
  • María Dolores Mesa, Denunciante fraude T.G.S.S. Cádiz
  • Gerardo Gandía Sánchiz, Denunciante Formación para el Empleo, Comunidad Valenciana
  • Sonia Peral, Denunciante corrupción sistema educativo Málaga

Las trabas que sufrió Alaya para investigar el caso UGT

Aunque fue la juez Alaya la que inició las primeras diligencias para investigar a la UGT andaluza tras las publicaciones de Libertad Digital, que luego fueron completadas por El Mundo, La Razón y ABC de Sevilla, la investigación fue torpedeada.

Cuenta este miércoles El Mundo que la juez Alaya tuvo trabas para conocer los documentos y las pruebas informáticas del caso UGT. El 15 de enero de 2014 y el 4 de marzo del mismo año, sendos autos de la juez pidieron a la juez de Sevilla, Cristina Loma Martínez, que le facilitara urgentemente el material informático que se había encontrado en el domicilio de Roberto Macías.

Pero la juez Loma Martínez no quiso entregar el material solicitado por considerar que Alaya se inmiscuía en asuntos que no eran propios. Es más, amenazó con elevar una queja a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que resolviera el conflicto.

Alaya le pidió el material informático que podría demostrar todas las denuncias a la juez Loma, del juzgado de instrucción número 11 de Sevilla, que estaba investigando precisamente la querella que UGT interpuso contra su trabajador Roberto Macías por revelación de secretos (copia de 32 carpetas con 22.500 ficheros que contenía la contabilidad ugetista que había sido publicada por Libertad Digital desde abril de 2013 y más sistemáticamente desde junio de ese año).

A pesar de que la juez Alaya advirtió a la juez Loma de la importancia de los delitos que se investigaban en relación con UGT -malversación de caudales públicos -, y siendo éstos de especial gravedad y trascendencia social, la juez Loma acusó a Alaya de hacer una "petición a ciegas" e interpretó su requerimiento como una "extralimitación de su actividad jurisdiccional".

Para negarse a entregar el material solicitado, Loma dijo que todo estaba pendiente de análisis. Como es sabido, un año más tarde la llegada de la juez Núñez Bolaños precipitó el archivo de la causa política del caso del fraude de la formación si bien el futuro de esa pieza es incierto porque puede que se reabra por orden de la Audiencia.

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