La situación de Susana Diaz y el PSOE andaluz es cada día más desesperada políticamente tras el conocimiento de la sentencia del caso ERE, las espantás de la Comisión de Investigación de la Faffe y sus apuradas explicaciones en LaSexta, donde defendió que el caso de los ERE no afectaba al PSOE y, en todo caso, era un caso del pasado.
A esto último, Juan Marín, su exsocio de gobierno desde 2015 a 2018, acaba de decir en El Mundo que el caso ERE es un caso del pasado, del presente y del futuro del PSOE, porque es evidente que quedan más de un centenar de sumarios abiertos, queda el recurso de los condenados ante el Supremo y queda un disgusto evidente ante la evidencia de que habido condenados mayores y menores, así como algunos que casi se han ido de rositas.
Por si fuera poco, su reciente acercamiento indiferenciado a Pedro Sánchez, con el que una vez discrepó sobre la idea de España y sus alianzas con el separatismo, se ha visto desautorizado por voces destacadas del PSOE andaluz que han apoyado la "Carta a los Españoles" impulsada por Nicolás Redondo Terreros y otros destacados socialistas. En este caso, el expresidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, el expresidente del Parlamento andaluz, Antonio Ojeda Escobar, y el exalcalde de Sevilla, Manuel del Valle, son sus firmantes.
Sobre todos los trances que afectan a la antes todopoderosa Susana Díaz, destacan dos inminentes. Uno, la decisión de la Mesa del Parlamento de llevar a la Fiscalía el caso de las espantás de los ex altos cargos socialistas ante la Comisión de Investigación de la Faffe, que lleva camino de convertirse en un altar mayor de sacrificios para el PSOE andaluz.
Tras el espectáculo iniciado por Manuel Chaves, que imitaba el anterior del socialista Antonio Rivas en la Comisión de la Formación a la que llegó, habló y se largó sin respetar nada, sobrevino el número de las citaciones no adecuadamente recibidas o los argumentos expuestos para no respetar a la Comisión Parlamentaria.
Tras el desaire, el presidente de la Comisión de la Faffe, Enrique Moreno, de Ciudadanos, instó a la Mesa del Parlamento a que tomase la decisión de si llevaba o no a la Fiscalía a los "desobedientes". Y la Mesa del Parlamento andaluz, con el único voto en contra del PSOE, ha decidido que el caso va a la Fiscalía.
El caso se presenta de máximo interés para el futuro de las comisiones de investigación porque según se decida estarán muertas o seguirán vivas como instrumento de control democrático. El precedente no es bueno porque los propios letrados de la Cámara admitieron que un compareciente pudiera acudir, hablar y no escuchar las preguntas parlamentarias e incluso irse del acto a voluntad. De prosperar este criterio, ¿para qué servirán las futuras Comisiones de Investigación?
Sólo se han librado de la Fiscalía la propia Susana Díaz y José Antonio Griñán que organizaron su agenda de modo que recibir la citación de la Cámara para su comparecencia fuera imposible.
Por tanto, será la Fiscalía quien decida si los citados que dieron la espantá – entendiendo por tal ausentarse sin permiso y sin otro criterio en cuenta que el propio-, incurrieron en un delito de desobediencia. Quedará pendiente si se vuelven citar a todos o a parte de los implicados y de lo que la Fiscalía decida dependerá si la Comisión de la FAFFE, a la que el PSOE parece tenerle pánico político, sirve para algo o no.
Teresa Rodríguez impulsa la reprobación de Díaz
Más llamativa aún es la petición de reprobación de la propia Susana Díaz que ha pedido, no el PP, no Vox, no Ciudadanos, sino Adelante Andalucía, el partido que une a los restos de Izquierda Unida con Unidas Podemos de Teresa Rodríguez.
La razón es sencilla: "Susana Díaz cometió un gravísimo acto contra los intereses de los andaluces" cuando decidió que la Junta dejara de ser acusación particular en el caso ERE, pieza del procedimiento específico o sumario político cuya sentencia conocimos la semana pasada con gran repercusión nacional.
Según Adelante Andalucía, aquella decisión, ha impedido que se reclamaran fianzas a los acusados y ha impedido a la Fiscalía imponer cantidades a pagar en concepto de responsabilidad civil a todos los condenados. Aunque en 2016, cuando se retiró de la acusación, la Junta se reservó la acción civil, es conocido que por esa vía va a ser bien difícil recuperar parte del dinero defraudado. Hasta el momento, sólo se han recuperado unos 80 millones de euros de los 680 calculados por la Fiscalía.
No es la primera andanada procedente de la izquierda podemita anticapitalista que llega a los umbrales políticos de Susana Díaz. La semana pasada, Teresa Rodríguez, se sumó a la posición de Ciudadanos de exigir la salida de la política andaluza de Susana Díaz. Este miércoles, el portavoz del PP, José Antonio Nieto, señalaba la "clarísima" responsabilidad política de Susana Díaz en lo ocurrido.