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Andalucía

La Fiscalía Anticorrupción pide imputar de nuevo a Chaves y a Zarrías por las ayudas a Cárnicas Molina

A esta empresa, amiga del PSOE de Jaén dirigido por Zarrías, se le dieron 3,7 millones de euros bajo la forma de préstamo concedido en 1999.

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A esta empresa, amiga del PSOE de Jaén dirigido por Zarrías, se le dieron 3,7 millones de euros bajo la forma de préstamo concedido en 1999.
Chaves y Zarrías, con Griñán en el centro, en el juicio de los ERE | EFE

La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, que ya advirtió a la juez Bolaños de su discrepancia en esta y otras cuestiones, acaba de presentar un escrito, según cuenta Diario de Sevilla, en el que solicita la imputación —ahora investigación— del expresidente de la Junta, Manuel Chaves, y del exconsejero de la Presidencia de la Junta y su mano derecha en el gobierno, Gaspar Zarrías.

El caso por el que se solicita la nueva imputación es un caso de inmensa relevancia judicial y política porque fue el que dio origen al mecanismo del "fondo de reptiles" usado en las ayudas sociolaborales fraudulentas de la Juna durante la década 2000-2009.

Se trata del caso popularmente conocido como Cárnicas Molina, en realidad, Hijos de Andrés Molina (Hamsa), luego conocidas como Campocarne y Primayor. A esta empresa, 'amiga' del PSOE de Jaén dirigido políticamente por Zarrías, se le dieron 3,7 millones de euros bajo la forma de préstamo concedido en 1999.

No perdió tiempo la Fiscalía porque su escrito pidiendo la imputación de ambos ex altos cargos del PSOE y de la Junta fue presentado al día siguiente de conocerse la sentencia del caso "político", el 20 del pasado mes de noviembre.

En su escrito, la Fiscalía pide la declaración de Chaves y Zarrías en calidad de investigados por unos hechos que pueden ser constitutivos de un nuevo delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de causales públicos.

Diario de Sevilla explica que en su escrito "los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra piden al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana que abra una nueva pieza separada para investigar este préstamo, que en cualquier caso no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA que la sentencia dictada recientemente ha considerado ilegales".

En su escrito, la Fiscalía pide la imputación de 15 personas, diez de ellos ex altos cargos de la Junta y el resto directivos de la empresa beneficiada. Entre ellos destacan ex consejeros como Guillermo Gutiérrez, de nuevo los ex consejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera y Francisco Vallejo, el ex director general Francisco Javier Guerrero, ex viceconsejeros y directores de entes como la agencia IDEA, antes IFA.

La Junta concedió esta ayuda en 1999 y la Comisión Europea la consideró incompatible obligando a recuperar al Estado a recuperar la ayuda concedida para prejubilaciones. Por ello, la Junta procedió a conceder, desde el consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego agencia IDEA) un "préstamo puente" a la empresa como anticipo de futuras ayudas europeas.

El acuerdo del IFA fue ratificado por el consejo de gobierno presidido por Manuel Chaves el 9 de noviembre de 1999 y precisa la fiscalía que está directamente relacionado con el acuerdo firmado el 2 de diciembre de 1999 por Gaspar Zarrías y el presidente de Campocarne, Miguel Ángel Ortega Bernal, por el que la Junta adquiría el compromiso de "abono completo" de las cantidades que por la creación de empleo se habían estipulado en un acuerdo anterior hasta alcanzar los 2,8 millones de euros.

Resulta curioso que este acuerdo no haya aparecido en la documentación presente en el sumario del caso ERE porque la Junta dijo no encontrarlo en todo el período que ha durado la instrucción, casi una década.

Textualmente dice la Fiscalía que "podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne e indirectamente posteriormente a la empresa Primayor".

En 2003, el "préstamo" aún no había sido pagado por lo que la Fiscalía expone, y así se cuenta en el diario mencionado, que "el préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y que en todo caso al menos en febrero de 2005 no había sido amortizado, desconociéndose la situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas" en la escritura pública del mismo, por lo que reclama al juzgado que abra esta nueva pieza. El supuesto menoscabo de los fondos públicos que ahora piden investigar sería de esos 3,7 millones de euros.

Una oscura historia de corrupción

Libertad Digital ya dijo hace unos días que Gaspar Zarrías era uno de los mejor parados de la sentencia de los ERE. Su nombre ha planeado sobre todo el caso, pero han faltado las pruebas, por ejemplo, la del convenio que firmó con la empresa arriba mencionada y que ha estado desaparecido hasta hace poco.

Pero los entresijos de la historia son de gran interés. Marcos Gutiérrez Melgarejo fue uno de los íntimos amigos de Gaspar Zarrías, tanto que gracias a él ocupó durante años un puesto en el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía. Melgarejo, además, era íntimo amigo de Baltasar Garzón, al que organizaba cursos y homenajes en la provincia de Jaén.

En 2012, Libertad Digital dio cuenta que Melgarejo participó en la trama de silencio organizada por la Junta, UGT y CCOO en torno al contenido del ERE de Cárnicas Molina. De hecho, los sindicatos UGT y CCOO confiaron a este protegido de Gaspar Zarrías el acuerdo secreto del ERE de Cárnicas Molina y lo custodió hasta que se decidió ocultarlo en la caja de seguridad de un banco.

El protegido Marcos Gutiérrez Melgarejo, candidato a la Alcaldía de Jaén en las elecciones municipales de 2003 y luego miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, recibió el encargo de "custodiar" el único ejemplar del acuerdo firmado el 10 de febrero de 1999 entre la empresa Hijos de Andrés Molina SA –propiedad entonces de la Junta de Andalucía, a través del IFA– y los sindicatos UGT y CCOO, en el que se pactó presentar un ERE y "habilitar ayudas" públicas y "avales" para pagar las prejubilaciones e indemnizaciones de los afectados.

El documento incluía la precisión de que las partes firmarían un solo ejemplar y que este sería custodiado por la presidencia del Consejo Económico y Social de Jaén, que estaba ocupada entonces por Marcos Gutiérrez Melgarejo. El mismo documento le advertía que "dada la confidencialidad de estos acuerdos, no deberán dar vista ni copia de los mismos a ninguna persona o entidad, salvo con la autorización expresa y escrita de todas las personas firmantes de estos acuerdos".

La relación con Gaspar Zarrías, mandamás del PSOE de Jaén desde tiempo inmemorial, era doble. Junto a su amigo Gutiérrez Melgarejo, estaba Juan Lanzas, otra persona de su entorno señalada por el exabogado de José María Ruiz Mateos, Joaquín Yvancos, como peón de Zarrías en la negociación de ayudas vía ERE.

Este mismo año, ABC daba a conocer que existió un convenio firmado por Zarrías con la empresa Hijos de Andrés Mollina que databa de diciembre de 1999 que nunca había llegado al Tribunal ni siquiera a las partes ni a los peritos que han intervenido en el juicio en tiempo y hora adecuadas.

Gracias a ese convenio que firmó el propio Zarrías, se entregaron hasta 5,89 millones de euros a la empresa cárnica amiga que pudo competir así ilegalmente con las demás de la zona y de las demás zonas andaluzas y privilegiar a sus trabajadores antes que a otros afectados por la misma crisis, siendo todo autorizado por el consejo de gobierno presidido por Manuel Chaves en noviembre de 1999.

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