La lista de aquellas personas a las que el juez Juan José García Vélez considera autores de los presuntos delitos de fraude en las subvenciones y falsedad en documento mercantil en el caso UGT, es la siguiente:
- Federico Fresneda Heredero
- Francisco Fernández Sevilla
- María Charpín Osuna
- María Dolores Sánchez Montaño
- Enrique Emilio Goicochea Salazar
- Simón María Chávarri de la Fuente
- Diego Francisco de la Mata Cid
- José Luis Casas Agudo
- Moisés de los Ángeles Morillo Morilla
- Miguel Ángel González Guzmán
- Deseada Ferrándiz Amador
- María Antonieta Domínguez Galindo
- Mónica Corredera Entero
- Diana Corredera Entero
- José Pineda del Águila
Federico Fresneda Heredero, secretario general de Administración del sindicato, era el principal organizador del "desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A" y sus decisiones servían "de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecánica". Gestionaba las subvenciones públicas que se percibían, así como implantaba y gestionaba la llamada Central de Compras -que adjudicaba a los proveedores los diferentes contratos-, además de liquidar y justificar la subvenciones ante la administración concedente.
Igualmente, "era el que se encargaba de la selección directa de los proveedores que venían a colaborar con el sindicato en la mecánica defraudatoria, y fue aquel el que de forma personal negoció con cada una de las entidades antes enumeradas las condiciones en que prestarían bienes o servicios al sindicato, y específicamente los descuentos que serían de aplicación".
Además, fue presidente de la mercantil SORALPE I MAS P ASOCIADOS SL, de la que UGT-A era socio único y que participó en los hechos presuntamente delictivos.
Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de UGT Andalucía, era quien apoyaba directa y políticamente a Fresneda en sus actividades. En la operación de cesión a la entidad Soralpe i Más "del usufructo temporal de una serie de inmuebles", pertenecientes al patrimonio sindical de UGT, que luego "eran alquilados a terceros por esta última entidad, la mecánica defraudatoria también afectó a inmuebles que habían sido previamente cedidos por diferentes administraciones y entidades a UGT, de forma gratuita y para ejecución de sus fines".
El juez le considera responsable de "defraudar las cantidades que se dirán (40,7 millones de euros) en los diferentes expedientes por los que UGT-A recibía subvenciones de la Dirección General de Formación, y que son objeto de investigación".
María Charpín Osuna era la cómplice de Fresneda y Fernández Sevilla en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, siendo como era secretaria de Gestión Económica de UGT. "Con funciones y ejecución directa de las decisiones que conducían a la actividad defraudatoria, la investigada María Charpín Osuna desempeñaba su labor bajo la dependencia directa de Federico Fresneda, además de ser miembro de la Comisión Ejecutiva Regional" de UGT Andalucía.
Tras la creación del sistema de Rápel "(al igual que en el caso del bote, como se dirá) tuvo especial relevancia la creación por decisión directa de Manuel Pastrana Casado (no proceso por ahora debido a una enfermedad) de la Central de Compras en 2006, Fresneda "recibió la incorporación posterior de la investigada María Charpín Osuna". También participo en la consolidación del mecanismo del "bote".
Además, "habría dado las indicaciones oportunas a los encargados del desarrollo del programa informático, a fin de que incluyeran los apartados correspondientes para computar las cuantías por bote y por rápel, y para que comprendiera además una gestión concreta de las facturas anticipadas de los proveedores que estaban pendientes de que se recibieran los albaranes. Ello provocaba saldo con los proveedores a partir de las facturas anticipadas y de los albaranes aun no recibidos".
María Dolores Sánchez Montaño era la responsable del Departamento de Compras de UGT Andalucía y orientó sus competencias a "la culminación del fraude, desempeñaba su trabajo en la Central de Compras y en Administración, aunque laboralmente dependiera de la entidad Soralpe i Más. Desde esa Central de Compras instaurada en 2006 se centralizaba la relación de UGT con sus proveedores y se urdieron los mecanismos del bote y el rápel.
Enrique Emilio Goicoechea Salazar fue esencial para "la ejecución de dicha labor defraudatoria, desde la entidad SORALPE I MAS P ASOCIADOS SL, de la que era Consejero Delegado". Desde 2005, Soralpe "procedió a contratar personal que anteriormente era contratado de UGT, que pasó por tanto a depender" de esta entidad "pero que seguía desempeñando idénticas funciones. En esta actuación Soralpe actuaba bajo las instrucciones del investigado Federico Fresneda".
Goicoechea dirigía Soralpe cuando esta entidad recibió escrituras públicas que le otorgaban "del usufructo temporal en una serie de inmuebles, pertenecientes a su patrimonio, actuando en todos los casos los investigados Federico Fresneda y Francisco Fernández Sevilla en representación del UGT Andalucía, y el investigado Enrique Emilio Goicoechea Salazar como representante de SORALPE".
Simón María Chávarri de la Fuente era administrador y accionista de CHAVSA (A411115262), con domicilio en Avenida de la Raza S/N Nave 1. De esa empresa llegó, en la forma de rapel a UGT, la cantidad de la cantidad de 515.216,66 euros. Bajo la forma de bote dio a UGT la cantidad de 58.908,56 euros.
En el expediente 98/2009/N/002, que subvencionaba con 1.350.000 euros a UGT desde el Servicio Andaluz de Empleo, "el importe no subvencionable de la cantidad justificada asciende a 249.333,12 euros: dicho importe corresponde al descuento (rápel) que habría obtenido UGT-A en el pago de la factura 542, de 25 de agosto de 2011, por importe de 1.187.300,97 euros, emitida por CHAVSA, factura que fue declarada íntegra en la justificación ante la autoridad concedente".
Diego Fernández de la Mata Cid era administrador de LIENZO GRÁFICO, S.L. (B91512582), con domicilio en C/ Lienzo números 4 y 10, Polígono HYTASA de Sevilla. "Devolvió" a UGT en forma de rápel la cantidad de 105.900,19 euros, 109.600,53 euros (en el llamado bote UCA) y 2.316,34 euros (en el llamado bote ORGANISMO). En otras cosas, aparecen 3.967,54 euros, correspondientes a descuento del 10% sobre facturas pagadas a LIENZO GRÁFICO.
José Luis Casas Agudo era el responsable, gerente, apoderado y socio de SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN (SIOSA) (A28921872), con domicilio en C/ Padre Damián 43. Madrid. De la cantidad no subvencionable, aunque incluida como gasto de 474.959,5 euros entregó a UGT como "bote" 50.000 euros. En el mismo expediente, devolvió un "rápel" de 10.850 euros, así como otros que se relacionan en el auto del juez.
Moisés de los Ángeles Morillo Morilla era el administrador de Viajes Macarena, situada en la calle Feria de Sevilla (B41471764). Al igual que los demás proveedores de UGT, Miguel Ángel González Guzmán (Karonte Nuevos Desarrollos SL), Deseada Ferrándiz Amador y María Antonieta Domínguez Galindo, gerente y administradora respectivamente de Carpetas Abadía, Mónica Corredera Entero y Diana Corredera Entero, administradoras de PUBLICAR D & M, S.L. y José Pineda del Águila, de IMPRENTA PINEDA, fueron cómplices del entramado urdido por UGT con la devolución y entrega de diferentes cantidades en concepto de rápel y bote.
Como ya indicamos en informaciones anteriores, el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes de subvenciones en los que el juzgado ha contado con la información documental necesaria, lo que no excluye nuevas sorpresas, asciende a 40.750.047,74 euros.