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Andalucía

El gobierno andaluz acusa a Pedro Sánchez de desatender a los centros andaluces de los MENA

La izquierda andaluza promueve un debate general sobre la situación de la sanidad andaluza.

(Sevilla)
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La nueva Junta de Andalucía no sólo ha destacado el "castigo" de la "intervención" aplicada por el Ministerio de Hacienda que dirige, en funciones, la ex consejera de Hacienda de Susana Díaz, María Jesús Montero, sino que ha denunciado que el gobierno de Pedro Sánchez ha negado al gobierno andaluz el dinero necesario para atender adecuadamente a los Menores Extranjeros no Acompañados en Andalucía, los conocidos como MENA.

Ayer, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, presentó en la reunión del Consejo de Gobierno un informe de gestión relativo a la atención a menores extranjeros no acompañados en Andalucía (MENA) correspondiente a este año, así como de balance de previsión para el próximo año.

Lo más importante de su informe es que se denuncia el comportamiento del gobierno de Pedro Sánchez "toda vez que el Ejecutivo ha negado los fondos a la Junta para 2020" lo que ve como un "castigo" por qué el PP-A gobierne en esta comunidad y le exige la financiación adecuada para estos centros.

La Junta ha puesto en marcha a lo largo de 2019 un total de 1.389 plazas que se han sufragado con la subvención que entregó el Gobierno central, de 26 millones de euros. Pero para 2020, la Junta no va a contar con ese dinero "ya que el Gobierno central ha negado aportación alguna tras las sucesivas cartas enviadas en junio y septiembre de este año por la Consejería de Igualdad al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social".

El consejero de Presidencia y mano derecha de Juan Manuel Moreno, Elías Bendodo, ha vuelto a sacar las uñas preguntando "¿por qué ese castigo? ¿Porque gobierna el PP?", que además ha calificado de "venganza" e incluso de "actitud reaccionaria" lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez porque el PSOE-A haya dejado de gobernar.

Según los cálculos de la Junta, recoge Europa Press, en 2020, para seguir manteniendo estas plazas y atender las llegadas de los menores que se producirán a lo largo del ejercicio, se necesitaría una inversión de 27,6 millones de euros. Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno central, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación "ya está trabajando para seguir atendiendo a estos menores en los recursos ya existentes".

En su informe, la consejera Ruiz ha destacado que a lo largo de 2019 "se ha llevado a cabo una impecable planificación y previsión de las necesidades y de los recursos necesarios para cubrir esta demanda", un trabajo que ha permitido, por primera vez en los últimos años -y a pesar de la presión migratoria y del elevado número de menores que han llegado-, que "no se haya producido la alarma social que se produjo en los anteriores veranos del 2017 y 2018".

La situación es realmente sorprendente y escandalosa. Los menores inmigrantes llegan a España cruzando las fronteras que deben ser vigiladas por el gobierno y, naturalmente, en la frontera Sur, llegan a Andalucía. Pero el gobierno no se va a hacer cargo de los gastos de acogida de estos inmigrantes que tienen que ser atendidos sólo por la Junta de Andalucía. Ser comunidad fronteriza parece ser un factor perjudicial en vez de disponer de la solidaridad nacional.

Cuando estos menores llegan a España por Andalucía, es la Junta la que debe proporcionar los servicios de emergencia para atender las necesidades inmediatas y mediatas de los mismos. Además de la manutención y alojamiento, están otras necesidades como la educación, la formación profesional o la inserción social y laboral.

La primera mitad de 2019 se pusieron en marcha 1.169 plazas con una ayuda de 15,5 millones de euros. Luego se ampliaron a 420 plazas más. Actualmente, la Junta andaluza tutela a 2.176 menores extranjeros no acompañados en centros propios y concertados, una cifra similar a la de años anteriores y en lo que va de año han sido atendidos a 5.600 niños y niñas en algunos de estos recursos.

Cuando cumplen la mayoría de edad (18 años), la Junta aplica el Programa +18, pionero en toda España, que combina ayudas económicas puntuales, formación y orientación profesional, capacitación en competencias laborales y personales para la vida autónoma y otras prestaciones que afectan a unos 2.000 jóvenes al año. Para ampliar sus recursos, la Junta ha reclamado también financiación al Gobierno central por importe de 2,5 millones para poner en marcha unas 200 plazas nuevas de inserción social y laboral con atención residencial incluida.

Servicios sanitarios en Andalucía

La sanidad andaluza se ha convertido en un escaparate político de primera magnitud en los primeros meses del nuevo gobierno y sigue siéndolo ahora. La denuncia de la ocultación de las listas de espera, las vacunas desaparecidas, la crisis de la listeria y la situación actual de los servicios sanitarios han sumergido a la sanidad andaluza en un clima de incertidumbre.

Desde el gobierno, se arguye que el PSOE, Adelante Andalucía y sus aliados sindicales y ocasionales tratan de impedir toda solución a los problemas. Desde la oposición, se subraya un cierto desbarajuste en los servicios, el favorecimiento de la sanidad privada y un descuadre presupuestario sucesivo.

En este clima, el Pleno del Parlamento andaluz celebra hoy un debate general sobre la situación de la sanidad andaluza en virtud de una solicitud conjunta que registraron la pasada semana los grupos parlamentarios del PSOE-A y Adelante Andalucía y que fue aceptado por unanimidad por la Junta de portavoces.

Adelante y PSOE-A han dicho que desean conocer la situación de la sanidad pública tras los "recortes, la saturación y el cierre de centros de salud o las precarias condiciones de trabajo del personal sanitario" junto con "la ola de movilizaciones y denuncias públicas" de sanitarios y usuarios "por el agravamiento de los problemas del Servicio Andaluz de Salud (SAS)".

El debate arrancará con la comparecencia del consejero de Salud, Jesús Aguirre, cuya actuación comenzó siendo muy alabada pero que ahora no obtiene tan favorable valoración. Evidentemente, la mayoría absoluta del Parlamento andaluz está en manos de PP, Ciudadanos y de Vox por lo que, salvo una sorpresa mayúscula, el nuevo gobierno andaluz del que se esperan un contraataque espectacular, puede salir airoso.

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