El Gobierno andaluz ha puesto fin a años de caos jurídico y urbanístico con una norma basada en la protección ambiental y la simplificación de trámites en nuestra comunidad autónoma.
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación ha aprobado un decreto ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares con el que se quiere resolver la grave situación de las edificaciones irregulares en Andalucía, que afecta a más de 300.000 familias. El decreto ley pone el acento en la protección ambiental y la simplificación de los procesos. El objetivo es mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de las agrupaciones de viviendas irregulares.
Se trata de integrar, normalizar y equilibrar el territorio. En definitiva, dar respuesta a los propietarios y facilitarles el acceso a suministros de luz, agua y saneamiento y regularizar esas viviendas dentro del planeamiento.
¿Por qué se hace necesaria una nueva norma?
Cuestiones de salubridad: con la creciente contaminación de acuíferos, de seguridad o de enganches ilegales de energía, entre otros, son los que están marcando el devenir de estos ámbitos en los que la ingente aglomeración y el crecimiento de edificaciones parecen no tener límite alguno.
Hay que adoptar, sin más dilaciones, medidas urgentes que minimicen el impacto territorial, ambiental y paisajístico que provocan las edificaciones irregulares.
Resolver las deficientes condiciones de seguridad y salubridad que padecen cientos de miles de familias andaluzas y que se regule en un único texto legal la normativa en materia de edificaciones irregulares, derogando la normativa anterior (dos leyes, un decreto y una orden).
Este decreto ley pondrá remedio a este grave problema configurando una norma simple, clara, actualizada y coherente que dé respuesta y solución a la problemática existente y, a su vez, ponga freno de forma definitiva a la proliferación de edificaciones irregulares en Andalucía.
El decreto ley de viviendas irregulares no es una "amnistía", puesto que se trata de integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz y, al tiempo, el nuevo Gobierno andaluz priorizará la actuación inspectora y sancionadora para que no se vuelva a producir este problema, aplicando la competencia en materia de disciplina urbanística. No se van a normalizar todas las viviendas irregulares.
El decreto ley se sustenta en tres pilares:
La ampliación de la declaración de AFO. Esta figura no supone legalización sino reconocimiento de una situación de irregularidad que, al prescribir el delito, no cabe adoptar medidas para restablecer la legalidad. La declaración AFO permite a los propietarios acceder a servicios básicos (agua, luz, saneamiento) y la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento. El acceso al AFO se permite a cualquier edificación irregular, salvo a viviendas que aún en plazo para restablecer la legalidad (6 años desde su construcción) o con sentencia y las que se asienten sobre suelos de especial protección.
Agilizar trámites para su inclusión en el planeamiento. Antes, los asentamientos debían figurar en los PGOUs y, una vez superado, los ayuntamientos debían desarrollar un plan especial o un plan parcial para cada asentamiento. Se eternizaba el proceso. Con el decreto ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un Plan Especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU.
Las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano se podrán incorporar a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporarlos.
El éxito del decreto ley dependerá de la voluntad de los propietarios y de los ayuntamientos afectados. Las corporaciones municipales son las que tiene que dar el impulso necesario para que las viviendas irregulares que cumplan los requisitos se normalicen.
El decreto ley permitirá derogar dos leyes –la ley 6/2016 de 1 de agosto y la Ley 2/2018 del 1 de agosto–, un decreto –2/2012 de 10 de enero– y una orden, de marzo de 2013. Además, este mismo decreto ley será derogado una vez que se apruebe la nueva Ley del Suelo.
En Andalucía existe un grave problema generado por las edificaciones irregulares construidas al margen de la legalidad urbanística sobre las que ya no es posible adoptar medidas para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico, al haber transcurrido el plazo del que dispone la Administración para actuar sobre las mismas. El origen de estas edificaciones, fuera de toda planificación, provoca que no cuenten con infraestructuras para los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad, por lo que no tienen garantizadas las condiciones mínimas de seguridad y salubridad requeridas para su habitabilidad.
Estas edificaciones irregulares han provocado riesgos para la seguridad y salubridad de la población afectada, derivados de la localización en zonas con riesgos naturales y del autoabastecimiento de agua en suelos contaminados por la falta de saneamiento y depuración de las residuales.
El nuevo decreto ley permite el acceso al AFO a cualquier edificación irregular, aunque con algunas excepciones, como las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia. Tampoco podrán acogerse al decreto ley las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección.
Hasta ahora, había que esperar nueve años de media para aprobar un PGOU, más los 20 meses que requería un plan especial. A partir de ahora, el problema se puede resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, en colaboración con los ayuntamientos.
Por otro lado, la aprobación del decreto ley permitirá derogar dos leyes -la Ley 6/2016 de 1 de agosto y la Ley 2/2018 de 1 de agosto-, un decreto -2/2012 de 10 de enero- y una orden, de marzo de 2013. Además, este mismo decreto ley será derogado una vez que se apruebe la nueva Ley del Suelo, que incluirá todo su contenido. Se trata, por tanto, de un decreto ley de urgencia, aunque posteriormente será la Ley del Suelo la que regule esta materia.
La cuestión de las edificaciones irregulares
Desde el primer minuto el Gobierno andaluz ha demostrado su sensibilidad hacia esta problemática. Una preocupación que ha manifestado a través de las numerosas reuniones y encuentros tanto de la consejera de Fomento como del propio presidente de la Junta de Andalucía con algunos de los afectados.
Sin duda, estamos ante un problema que se ha cronificado en Andalucía y lo ha hecho abundando en la complejidad administrativa y la falta de diligencia para buscar una solución.
El Gobierno andaluz ha actuado con el rigor y la eficacia necesaria para dar respuesta a las diferentes situaciones que se pueden plantear, teniendo en cuenta la complejidad del problema y el volumen de familias implicadas y de viviendas.
Compromiso firme y sólido del Gobierno andaluz
Es la primera vez en muchos años que un Gobierno y el propio presidente de la Junta se implica de lleno en abordar esta problemática, tan compleja, por el amplio abanico normativo que atiende.
El hecho de aprobar el decreto para regularizar estas viviendas demuestra la diferencia entre el nuevo Gobierno andaluz y los anteriores gobiernos socialistas.
Dos formas de gobernar muy distintas y de ponerse al frente de los problemas. El Gobierno de Juanma Moreno va a poner solución a un problema heredado de gobiernos anteriores y va a ofrecer soluciones y respuestas a problemas históricos como es éste.
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