Las universidades andaluzas, sin excepción alguna, fueron manejadas por el régimen socialista imperante desde 1982 con el fin esencial de colocar a los afines en todos los claustros y consejos sociales e imponer la ideología fundamental desde sus aulas, dando paso, además, a un sistema clientelar y endogámico que perpetuaron a los gerifaltes originarios y sus influencias. No todos los catedráticos ni profesores admitieron la ocupación intelectual de la universidad, pero pocos se opusieron frontalmente a ella. Los que lo hicieron, fueron laminados sin piedad.
La Universidad de Málaga se hizo famosa por la corruptela errejoniana. Recuerden: fue en 2014 cuando se supo que el entonces cabecilla de Podemos y número 2 de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, cobraba del Estado un sueldo como investigador universitario sin apenas pisar la universidad.
Pero, claro, aquello fue posible porque el puesto se lo adjudicó uno de sus amigos y compañero en la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales –el germen de Podemos y organismo mediante el que Iglesias y los suyos asesoraron a Venezuela– y en el propio Podemos –donde dirige el programa económico–, Alberto Montero.
En aquel caso, bajo el gobierno de Susana Diaz, y por su entonces obsesiva oposición al podemismo, la Junta se enfrentó abiertamente al contubernio errejonista y comisionó a Adelaida de la Calle, una insólita rectora, luego consejera debido a los servicios prestados contra los proyectos del exministro José Ignacio Wert, a que apuntillara a Errejón haciéndole un favor de libro a Pablo Iglesias, lo supiera o no.
Lo cierto es que la Universidad de Málaga abrió expediente al falso becario Errejón, proponía su inhabilitación y el instructor de su caso, Enrique Guerra, concluía que el podemita no debía volver a ser contratado para trabajar en la Universidad malagueña.
Ahora llega a la Universidad malagueña el caso de unos plagios asombrosos, que incluso superan en cantidad y descaro, al perpetrado por el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. ABC publica este lunes una información más que relevante sobre cómo los circuitos plagiarios originales de la Universidad Camilo José Cela se han hecho fuertes en la capital de la Costa del Sol.
Según el periódico centenario,
la trama de las tesis plagiadas de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) operó también en la Universidad de Málaga. Alfredo Rocafort y Francisco Javier Maqueda, dos de los integrantes de la red encabezada por Adolfo Sánchez Burón, por entonces vicerrector de Investigación, replicaron el modelo fraudulento para fabricar doctores en la universidad pública malagueña. Allí confeccionaron un tribunal favorable que validó la tesis doctoral, repleta de plagios, de la mujer de Rocafort, Francisca Marco Villellas, en el año 2014.
Esta fue la trama que hizo posible el plagio de la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la ex directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid, Concepción Canoyra, se doctoraran en 2012 pese con tesis que contenían plagios evidentes y nunca explicados por sus protagonistas.
Se sabe ahora que la trama de las tesis plagiadas de la Universidad Camilo José Cela que nutría Alfredo Rocafort, acompañado de Francisco Javier Maqueda, bajo la batuta de Adolfo Sánchez Burón, por entonces vicerrector de Investigación, también operaron en la Universidad pública de Málaga.
Gracias a sus procedimientos, dieron paso a un tribunal ad hoc que validó la tesis doctoral de la esposa de Rocafort, Francisca Marco Villellas en 2014. Otras tesis escandalosas fueron la de Aitor y Maider Maqueda, hijos de Francisco Javier Maqueda, cuyo tribunal estuvo presidido por Rocafort y contó como vocal con Francisca Parra, catedrática en la Universidad de Málaga y, según ABC, el eslabón necesario entre los fraudes académicos de Camilo José Cela UCJC y el de la UMA.
La tesis de la doctoranda Francisca Marco Villellas sólo tiene 236 páginas y contó con tres directores de investigación: su marido, Rocafort, el propio Maqueda y Vanesa Francisca Guzmán Parra, hija de Francisca Parra.
Si ya es grave que un marido dirija la tesis de su esposa y participe en su aprobación, es indigerible que su esposa plagiara en su tesis el libro de su marido, titulado Europa y la globalización, 95 de cuyas páginas copió sin citar. Y de traca ya es que Rocafort, autor del libro, no advirtiera que casi la mitad de la tesis de su mujer estaba copiada de un libro suyo.
Se espera que la Universidad de Málaga, o, en su caso, la consejería de Educación de la Junta que tiene las competencias adecuadas, dé la orden de abrir una extensa investigación sobre lo acontecido.
Otros escándalos asombrosos
Tras el caso de Íñigo Errejón, se supo que la Fiscalía investigaba a la Fundación General Universidad de Málaga, a instancias del Tribunal de Cuentas y tras la denuncia de la central sindical CSIF.
Fíjense que, a pesar de incluir el nombre de la Universidad de Málaga, la Fundación, según sus patrones, era totalmente privada, lo cual era bien llamativo e insólito puesto que Universidad y Fundación aparecían ligadas en los cursos que se realizan.
La entonces rectora, Adelaida de la Calle, era la presidenta del patronato de la Fundación que, según ella misma, era privada y no tenía que dará cuentas a los organismos de control. Curiosamente, José Antonio Molina Ruiz, gerente de la UMA, y Antonio Morales, presidente del Consejo Social, eran vocales de la Fundación "privada".
Sus cuentas eran un enigma. Lo que aportaba realmente dinero a la Fundación era la realización de cursos de formación diversos. Todos estos cursos estaban vinculados a la Universidad de Málaga. O sea, que había una confesión total entre Universidad Pública y Fundación privada en la gestión sobre estos cursos. De hecho, la Universidad regida por de la Calle encargaba a la Fundación, presidida por la propia de la Calle, la organización de los cursos de verano.
Por si fuera poco, en la fundación trabajaban los yernos de la rectora y del gerente, Felipe García Bersabé y Juan Antonio Cano Hervás, respectivamente. Cuando en el Consejo Social de la Universidad malagueña se pidió información sobre estos nepotismos evidentes, se respondió que era una institución "totalmente privada" y que no cabía dar explicaciones sobre ella. Curiosamente, la rectora fue apoyada en este punto por Antonio Herrera, el representante de Comisiones Obreras. Por si fuera poco, el hijo de José Ángel Narváez, vicerrector de Investigación, Pablo Narváez ejercía la función de coordinador y otro Narváez, hermano del anterior, trabajó en una sede que la Universidad de Málaga tenía en Corea del Sur.
Más. En 2014, se conoció que uno de los imputados y ya condenado del caso ERE, iba a ser recolocado por la Universidad de Málaga. Se trataba de Antonio Lozano, el ex viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía imputado en el caso ERE y su destino iba a ser la Fundación Andalucía Tech, en la que también participa la Universidad de Sevilla, atendiendo a "su trayectoria institucional y a las relaciones que puede tener con empresas andaluzas".
Lozano fue ex director general de Presupuestos de la Junta, imputado precisamente por no haber sido diligente con los fondos públicos andaluces en el caso de los ERE y fue uno de los altos cargos que orquestó la oposición decidida a la juez Alaya.
En 2013, se supo que la Universidad de Málaga pagaría al grupo Joly de periódicos andaluces, antes liberales e independientes y durante los gobiernos socialistas estrechamente ligados al dinero de la Junta, 612.958,24 euros a lo largo de un curso. Ese dinero aparecía en el documento de las modificaciones presupuestarias de 2012, incluido en la memoria económica de la Universidad, que se aprobó en un Consejo de Gobierno celebrado en julio. El Mundo dio la noticia que implicaba el camuflaje de una ayuda a un medio de comunicación con la complicidad de la Universidad de Málaga.