Hace tan sólo unos días que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, se reunieron con Alejandro Hernández, portavoz de Vox. Hace menos de dos días que Juan Marín ha resultado beneficiado por el efecto "Arrimadas" en Ciudadanos. Y este mismo lunes, el consejero de Economía, Rogelio Velasco, de Ciudadanos y ligado al ala socioliberal procedente del PSOE, explicó unas importantes medidas que, según su cálculo, pueden suponer el crecimiento del PIB en su conjunto pueda crecer hasta un 2,5% en los próximos años.
La puesta en escena de la decisión de la Junta conllevó la presencia del vicepresidente Juan Marín, del portavoz de la Junta, Elías Bendodo; los consejeros de Economía y Hacienda, Rogelio Velasco y Juan Bravo, y las consejeras Marifrán Carazo y Carmen Crespo, ocupadas en Fomento y Agricultura y Medio Ambiente. Seis miembros del gobierno a la vez y en armonía no es una foto que se vea frecuentemente.
Pero parece obligado destacar a dos consejeros, el de Hacienda, Juan Bravo, cuyo apellido hace honor a su carácter, y muy especialmente, a Rogelio Velasco, que no suele prodigarse en declaraciones, y que parece ser la inspiración sustancial de esta simplificación general que agiliza 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos, eliminación de barreras o modificación de tasas, en ámbitos como el turismo, el comercio, la salud, la industria agroalimentaria, la pesca, el medio ambiente, el urbanismo, la energía, los servicios sociales y los de carácter audiovisual.
La situación andaluza, en los últimos lugares de España y Europa durante los últimos 80 años y a la cola del desarrollo español desde hace más de un siglo, ha sido confirmada por los últimos datos publicados por Eurostat la pasada semana donde se constataba que la renta andaluza no superaba el 68% de la renta media europea. La persistencia de tal atraso hacía necesaria una reforma capaz de resolver un problema secular.
La reforma liberalizadora se incluye en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica impulsado por la Junta en esta legislatura, que "tiene como finalidad atraer inversiones y facilitar el acceso a la actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando y proporcionando seguridad jurídica, agilidad y una regulación más eficiente", según dice el comunicado de la Junta.
Aunque a finales de 2019 ya se aprobaron normas para favorecer la tramitación de los proyectos estratégicos en la comunidad, el decreto ley aprobado este lunes es un hito en las políticas económicas tradicionales que se diferencia sustancialmente de las aplicadas por el PSOE. De hecho, afecta a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la Ley de Colegios Profesionales, la Ley del Turismo de Andalucía, la Ley de Comercio o la de Promoción y Defensa de la Competencia.
Las medidas aprobadas son el resultado de un estudio del porqué no ha crecido la economía andaluza lo que es posible que crezca, entre cuyos factores se encuentran la capacidad inversora, la estructura sectorial de la actividad productiva, el nivel y diversidad de cualificación de los trabajadores, así como la calidad de la regulación y de las instituciones públicas.
A ello debe unirse el fin de la "marasma" de normas, trámites que obstaculizan la actividad productiva, y, por tanto, del desarrollo. Según datos de la Junta, en la comunidad andaluza una empresa tarda 162 días en obtener la licencia de obras e instalación, mientras que, en La Rioja, que es la región española donde menos tiempo se emplea, la duración es de 101 días.
Otro ejemplo. Las pymes industriales, el sector débil de la economía andaluza, tardan 168 días en comenzar su actividad en Andalucía, lo que supone casi el triple del tiempo empleado en Castilla y León, el territorio con la tramitación más ágil en este apartado con 62 días.
Para dejar de alejarse del desarrollo nacional y europeo y para evitar desde tal debilidad al actual marco de atasco económico, por la desaceleración en marcha, crisis inesperadas como el coronavirus o los efectos del brexit o el proteccionismo internacional, era preciso afrontar una reforma que puede elevar el PIB per cápita alrededor de un 2,5% en un plazo de entre cinco y diez años.
No termina aquí la reforma porque la Consejería de Economía sigue trabajando en la revisión de 872 procedimientos que afectan a la actividad empresarial, estimándose que un 25% de los mismos pueda simplificarse.
Rodríguez dice que devuelve el comercio a la ley de la selva
Recoge El Mundo este martes que la presidenta del grupo de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha advertido que esta reforma del Gobierno andaluz supone una "grave amenaza" para el comercio tradicional y que implantará en este sector la "ley de selva" y son un peligro para el medio ambiente, "expulsa a la gente de las ciudades y rompe nuestro modo de vida". Además, pide la comparecencia urgente del gobierno de la Junta en el Parlamento.
La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), por su parte, considera muy positiva la aprobación del decreto y cree que hará de la comunidad "un lugar idóneo para la inversión". En un comunicado, dice que el decreto "facilita la actividad productiva" al eliminar "trabas administrativas" y evitar la "hiperregulación".
Comisiones Obreras aludió a una resurrección de la "cultura del pelotazo", dan manga ancha al empresariado andaluz y lobbies afines" y todo ha sido hecho sin "diálogo social. Dicen que "eliminar burocracia es el eufemismo para evitar decir quitar controles y mermar las garantías jurídicas de las personas trabajadoras y consumidoras".