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Andalucía

Se descubre otro caso de soborno político del PSOE de Huelva en la localidad de Cartaya

El secretario general, Ignacio Caraballo, acusado de cohecho en el caso Aljaraque, implicado en el nuevo soborno.

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Es el segundo comportamiento corrupto del PSOE de Huelva descubierto hasta el momento. El primero fue el soborno comprobado, y a espera de juicio oral, de dos concejales ligados a Podemos para impedir que el PP se hiciera con la alcaldía de Aljaraque.

Ahora, se ha sabido que el PSOE de Huelva también intentó comprar a la oposición del PP para lograr gobernar el ayuntamiento onubense de Cartaya. Ocurrió tras las elecciones municipales de 2015, como en Aljaraque, pero en el caso Cartaya el nivel fue superior por su envergadura municipal y su peso provincial. Según desvela hoy El Mundo, el PSOE andaluz trató de lograr el gobierno municipal comprando a parte de la oposición del PP.

Se ha conocido en cintas magnetofónicas de contenidos contundentes, que el PSOE, con conocimiento de Ignacio Caraballo, su secretario provincial, quiso comprar al entonces candidato del Partido Popular, Manuel Barroso, ofreciéndole un empleo en un organismo público provincial controlado por el PSOE y ayuda para su empresa de pádel a cambio de que el ayuntamiento de Cartaya quedase en manos socialistas.

Barroso no aceptó y hoy es alcalde de Cartaya por el PP. Según el diario mencionado, las negociaciones del intento de soborno las encabezaron el número tres de la lista del PSOE, y hoy concejal de Cartaya Antonio Escudero, y el cabeza de la lista del PSOE y hoy portavoz socialista, Alexis Landero. Se reunieron con Barroso, pero todas las reuniones y conversaciones fueron grabadas y ahora están en poder del juzgado correspondiente.

Resulta sorprendente que, habiendo tenido lugar los hechos en 2015, las grabaciones hayan llegado al juez ahora, junio de 2020, y que las haya hecho llegar el propio afectado por el intento de soborno, el hoy alcalde popular de Cartaya, Manuel Barroso, que silenció el caso durante 5 años.

Además, ahora, ha denunciado al socialista Alexis Landero que está fraguando una moción de censura contra Barroso, moción que ha desencadenado el lance judicial.

El lenguaje de las cintas es llamativo: "Me han autorizado a ofrecerte una cosita", le dice el concejal del PSOE Antonio Escudero a Manuel Barroso en una reunión que tuvo lugar a principios del mes de junio de 2015, poco después de las elecciones municipales del 224 de mayo.

La oferta fue un puesto de trabajo en la Mancomunidad Beturia o en la Diputación de Huelva que preside Ignacio Caraballo y ayudas no determinadas para que su proyecto de pádel pudiera llevarse a cabo. Y Escudero lo argumentó así: "Si yo quiero que tú me eches un capote, yo tengo que echarte un capote a ti y un capote gordo".

Como en el caso Aljaraque, las conversaciones aluden al secretario general del PSOE en Huelva y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, en la actualidad enfrentado con Susana Diaz a causa de la decapitación política de su cuñado Mario Jiménez, que fue defenestrado de malos modos de su puesto de portavoz parlamentario del PSOE andaluz.

Escudero, en una de las cintas en manos ya del juez, dice que Ignacio Caraballo había dado "vía libre" al soborno de Cartaya. Es más, El Mundo ha confirmado que se precisó que "ahí (en referencia a la Diputación y a la Mancomunidad Beturia) entra el que quiera el presidente y da igual de qué partido seas".

Ignacio Caraballo, que está a espera de juicio oral ya decidido por la juez instructora del caso Aljaraque que tuvo lugar en el intento de moción de censura contra el gobierno socialista en 2017, resulta así implicado en otro caso similar que ofrece una visión muy lamentable de los comportamientos políticos del PSOE onubense y su desprecio por todo tipo de normas éticas, legales y políticas. En el caso Aljaraque está acusado en firme de cohecho.

Caraballo se ha refugiado en su autoridad provincial del PSOE de Huelva y sigue sin respetar los estatutos socialistas que le obligan a la dimisión de todos los cargos orgánicos e institucionales cuando se llega a la fase de juicio oral tras haber sido investigado por algún juzgado.

Susana Díaz, cada vez más débil en el poder regional socialista, no ha exigido su dimisión como tampoco lo ha hecho el PSOE nacional que dirige Pedro Sánchez. El peso de Huelva, una provincia dominada hace 40 años por el PSOE, puede tener gran importancia en la elección de una futura o futuro secretario general del PSOE andaluz.

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