No es lo que ocurre en Andalucía una nueva normalidad en el ámbito judicial, sino la vieja y sucia normalidad. De una parte, se ha sabido que cinco puticlubes fueron visitados por al director de la escandalosa Fundación FAFFE regida por el PSOE andaluz, Fernando Villén, y sus servicios pagados con sus tres tarjetas "black". De otra, el mismo juez José Ignacio Vilaplana que actúa de refuerzo de la "desaparecida" juez Núñez Bolaños no sólo no sobresee el caso de Cárnicas Molina, sino que amplía su investigación.
El imputado en el caso FAFFE, Fernando Villén, que consintió un enchufismo generalizado en la Fundación, incluso de su propia familia, visitó 3 locales de alterne de Sevilla, uno de Córdoba y otro de Chiclana y en todos ellos, recalca ABC, había servicios de prostitución. Se gastó en ellos casi 33.000 euros que fueron pagados por los andaluces vía presupuesto general.
Ha sido el juez Vilaplana, que lleva el caso en ausencia de la juez Bolaños, el que lo ha desvelado con todo detalle. Además de locales y dinero empleado, el juez ha revelado cómo se simulaba el reintegro de las cantidades utilizadas con la complicidad, presunta, de la directora financiera de la Fundación.
En su nuevo auto tras el confinamiento, se reafirma la investigación y se encamina a un juicio con jurado para que se dictamine si hubo delitos de malversación y falsedad documental que se imputan a los principales encausados.
Según el juez Vilaplana, los indicios señalan que Villén y su directora financiera, Ana Valls, "idearon un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el investigado", de forma que, "en los Libros Diarios (de contabilidad) de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponden con la realidad". O sea que el dinero público gastado en estos clubes no se devolvió nunca.
El juez menciona 18 operaciones diferentes en distintos locales. En una de ellas, la perpetrada en un club de alterne de Sevilla en marzo de 2010, Villén intentó anular la tarjeta black utilizada aduciendo que la había perdido o se la habían robado. Y ese fue el hilo que llevó al ovillo.
Como saben los lectores de Libertad Digital, la Fundación Andaluza para el Fondo de Formación y el Empleo fue uno de los muchos chiringuitos impulsados por el gobierno de Manuel Chaves y sirvió, sobre todo, para colocar a los ex altos cargos, afiliados, amigos y familiares de muchos socialistas andaluces en las ocho provincias.
Además de la vía judicial, está la vía parlamentaria mediante una Comisión de Investigación que está teniendo muchas dificultades para proseguir debido a la actitud hostil de los socialistas citados a declarar, Manuel Chaves singularmente, y por la obstrucción del PSOE que dirige Susana Díaz.
El juez impulsa la causa contra Chaves y Zarrías
Al mismo tiempo que los condenados por la sentencia de 2019 de la Audiencia Provincial de Sevilla, están elevando sus recursos contra ella, el juez que refuerza la labor de la juez Núñez Bolaños, refuerza también la impresión de su responsabilidad en todo el caso ERE y no sólo en lo que se refiere al procedimiento utilizado.
Tras el altivo y desafiante recurso de Gaspar Zarrías y el tenso y retador recurso de José Antonio Griñán, le ha llegado el turno al de casación que eleva la defensa de Manuel Chaves. El ex presidente de la Junta, siempre más comedido, alude a su ignorancia total de todo lo que se cocinó en el caso ERE desde 2001 a 2010 a pesar de que fue el presidente de la Junta de Andalucía durante el 80 por ciento de ese tiempo.
Eso sí, afea al presidente del tribunal que lo ha condenado que se haya dejado llevar los "prejuicios" que han rodeado "toda esta causa durante los largos años en los que se desarrolló la fase de instrucción".
Pero casi simultáneamente a estos recursos, el juez Vilaplana desestimaba el sobreseimiento de la causa conocida como Cárnicas Molina, iniciada en 2019 contra Manuel Chaves, Gaspar Zarrias y 10 ex altos cargos entre los que destacan cuatro ex consejeros de la Junta, sobreseimiento cuya petición fue formulada por la defensa de Zarrías.
Recuerden que este caso fue el que dio comienzo en el tiempo a los procedimientos utilizados en el caso ERE. Tuvo lugar en 1999 y lo que ocurrió es que la Junta de Andalucía concedió un préstamo de 5,8 millones de euros a la empresa de Hijos de Andrés Molina sin ningún tipo de informes ni garantías jurídicas como lo calificó el actual vicepresidente de la Junta, Juan Marín, tras anunciar la personación del nuevo gobierno andaluz en la causa.
Es más, recogen todos los diarios andaluces de relieve que el juez ha ampliado las investigaciones ordenando la práctica de nuevas diligencias. Por ejemplo, que se le remita toda la información sobre el préstamo puente concedido.
Mientras Zarrías arguye que no hay indicio alguno de criminalidad en los hechos y que él no intervino en ellos, el juez considera prematuro sobreseer un caso sobre el que apenas se han practicado diligencias y en el que hay dudas suficientes sobre la regularidad de las cosas que se hicieron.
Respecto al propio Zarrías, el juez Vilaplana expresa que antes que considerarle al margen de lo que ocurrió, en su calidad de Consejero de la Presidencia, hay que presumir lo contrario, "que habría resultado conocedor y partícipe del irregular sistema de concesión y financiación de las mismas".