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Andalucía

El juez Serrano, en portada; el procesamiento al exconsejero Ojeda, en página par

Por otro lado, el soborno socialista en Cartaya no menciona el nombre de Caraballo, jefe del PSOE en Huelva.

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Por otro lado, el soborno socialista en Cartaya no menciona el nombre de Caraballo, jefe del PSOE en Huelva.
Francisco Serrano, durante un pleno en el Parlamento andaluz | EFE

Lo que está dicho arriba expresa con claridad cómo se funciona en demasiados medios de comunicación. El caso de Francisco Serrano, presidente "oficial" de Vox en Andalucía y de su grupo parlamentario, que ya apenas tenía incidencia en el quehacer diario del partido de Abascal, sí que ha logrado el honor de estar en casi todas las portadas. Su baja en el partido tras su acusación por la Fiscalía Superior de Andalucía de un presunto fraude en subvenciones públicas recibidas le ha vuelto a convertir en estrella mediática.

Pero hay una diferencia respecto a las ocasiones anteriores. Durante años, Serrano estuvo reafirmando su posición contra las medidas de Violencia de Género que convierte a los varones en presuntos culpables en todo lo que se refiere a la violencia familiar. Es decir, convertirlo en portada, impulsaba al mismo tiempo su discurso y sus ideas. Por ello, tras su victoria judicial en la justicia europea contra la sentencia inhabilitadora del Tribunal Supremo, logró ser cabeza visible de un Vox recién nacido en Andalucía logrando un gran éxito: 12 escaños.

Pero el pacto tripartito PP, Cs y Vox en Andalucía, con el fin de desalojar al PSOE del gobierno tras 36 años de hegemonía, lo convirtió en persona incómoda para su propio partido que tenía que ceder en algunas cuestiones, como violencia de género, memoria histórica, Canal Sur o reforma de la administración andaluza, la paralela especialmente, para conseguir el fin principal del cambio de gobierno.

Sin embargo, ahora la cosa es distinta porque, por vez primera, se trata de un presunto caso de fraude en subvenciones, como lo es, en el fondo, el caso de los ERE, el del fraude en la formación, el de UGT y otros. Es decir, sus incidencias mediáticas anteriores reforzaron a Vox pero en este caso, que ya recogió Libertad Digital, el daño político a la formación verde puede ser doble: en prestigio moral y en apoyo político. De ahí su presencia en las portadas una vez que la acusación, inspirada por PSOE y Podemos, haya tomado cuerpo. Estamos hablando de 2,4 millones de euros supuestamente mal utilizados. Esto no es ideología, es un presunto delito.

Mientras, el exconsejero socialista Ojeda...

El encausamiento cuádruple del exconsejero de Hacienda trata de los 4,91 millones en subvenciones conseguidas en 2013 por el grupo Prescal, todo él ligado a Ojeda, dispuesto en cuatro piezas: la de la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas, la Fundación Profesional para el Empleo (Forpe), la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA) y la Asociación para la Calidad Europea (Inteca).

Diario de Sevilla contó este martes que, el 10 de junio, el juez instructor del 4 de Instrucción de Sevilla dictó que los hechos protagonizados por Ojeda podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Seguridad Social.

El juez ha pedido a las partes que, en el plazo común de 45 días, formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de cada una de las causas. Sin embargo precisa que, indiciariamente, habría quedado acreditado que las cuatro sociedades encausadas "todas ellas actuando de manera coordinada por Ángel Ojeda, vino accediendo desde el año 2013 a diversas subvenciones otorgadas en el marco de los planes de formación y empleo, concedidos por el Servicio de Empleo Estatal", aseverando que, en la obtención de estas subvenciones, "se infringieron las normas relativas a los presupuestos para su obtención, así como las referentes a la justificación de gastos".

Más cerca del banquillo, aseguraba El Mundo, ya estaba Ojeda que, en varios juzgados, no sólo en este, hace frente a acusaciones de haber usado fraudulentamente hasta 50 millones de euros que debían haber sido destinados a la formación de trabajadores, por ejemplo, los de Delphi y que, a través de diferentes artimañas, parte de ese dinero quedó en su racimo de empresas.

De hecho, quedan pendientes otras varias, entre ellas, la inicialmente instruida por la juez Mercedes Alaya que investigaba el hecho de que Ángel Ojeda obtuviese de la Junta en sólo 16 meses subvenciones por importe de más de 33 millones de euros para la formación de los extrabajadores de Delphi.

Pero todo esto no alcanza el estrellato mediático ahora. En estos momentos, su posición es la de la página par de un periódico, la página que la vista no retiene en primera instancia porque pasa de la portada a la tercera, a la quinta, a la séptima, siempre a página impar preferentemente.

El soborno socialista de Cartaya

Se trata de que el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, aparece nuevamente implicado en el soborno como apareció en el soborno de Aljaraque, hecho por el que está a punto de ser enjuiciado. También de la tímida reacción de Susana Díaz ante el soborno y del mantenimiento de la moción de censura contra el alcalde Barroso, que fue a quien se quiso sobornar.

Una vez destapado el nuevo soborno socialista en Huelva, queda en segundo plano el instigador que, según las cintas aportadas por El Mundo, no es otro que el mismo Ignacio Caraballo, presidente, además, de la Diputación, en una de cuyas entidades se quería colocar al candidato Barroso del PP, que ganó las elecciones para que renunciara a gobernar y dejar el mando de la ciudad al PSOE. Y ya llueve sobre mojado porque está pendiente de juicio por el caso Aljaraque.

Pero, ¿y Susana Díaz? Pues que todo lo que pasa en Huelva le viene muy mal si quiere mantener el poder dentro del PSOE andaluz. El pasado mes de julio de 2019, Susana Díaz decapitó políticamente a su portavoz parlamentario, el onubense Mario Jiménez, que es cuñado de Ignacio Caraballo. Aquella inexplicada defenestración le supuso el distanciamiento de una de las provincias –controlada por Caraballo y el clan Jiménez–, que la han apoyado incondicionalmente hasta hace poco.

Por ello, Susana Díaz ha procurado no intervenir en ninguno de los presuntos sobornos. En esta ocasión, no ha tenido más remedio que hacerlo, pero en vez de dirigir sus acciones contra Caraballo lo ha hecho contra el ex candidato socialista y los concejales que participaron en la operación de soborno, según ellos, por orden de Caraballo.

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