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Andalucía

El caso Isofotón: nueva macrocausa judicial con exconsejeros socialistas de la Junta investigados

Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra de transición ecológica, fue contratada en 2012 como alto cargo de la entidad.

Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra de transición ecológica, fue contratada en 2012 como alto cargo de la entidad.
La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (d) junto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i) durante la rueda de prensa tras el consejo de ministros celebrado este martes en el Palacio de la Moncloa. | EFE

La historia de las ayudas públicas a Isofotón comienza en 1984 con la primera Junta de Andalucía presidida por Rafael Escuredo. Dedicada a la fabricación de paneles solares, en 2009 Isofotón aparecía en el número 75 de las mayores compañías andaluzas con una facturación de 297 millones de euros. Al año siguiente, 2010, la entidad, generosamente regada con más de 80,5 millones de euros procedentes de subvenciones por la Junta de Andalucía, comenzaba su hundimiento y terminaba vendiéndose por un euro en 2015.

Ahora, se ha destacado, ABC de por medio, que la ministra Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha tenido presencia en ella como directiva al menos desde 2012. El caso es que Isofotón está investigada judicialmente desde 2015 porque las ayudas recibidas de los gobiernos socialistas de la Junta fueron consideradas irregulares.

Tras ser secretaria de Estado de Cambio Climático (2008-2011) en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y tras la pérdida de las elecciones, fue contratada por Isofotón en septiembre de 2012. Poco antes, en agosto de 2012, la entidad de la Junta, Soprea, prestó a Isofotón 8,39 millones de euros a través, cómo no, de la agencia pública IDEA para mantener a sus 702 empleados.

Por cierto, no fue contratada por Isofotón como experta en energías "verdes" o renovables. Su contratación se debió a su cualificación como "facilitadora de acuerdos" a nivel nacional e incluso la Unión Europea y Naciones Unidas en asuntos energéticos, si bien nadie sabe concretamente cuál es el significado preciso de la expresión y cuál fue el trabajo que realizó.

En febrero de 2015, se abrió el caso judicial Isofotón en el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla. Pero el pasado 24 de julio, su titular, Patricia Fernández Franco, llamaba a declarar como investigadas entre los meses de octubre y noviembre a un total de 38 personas, entre las que figuraban 12 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, en relación con los avales y préstamos que por importe de 37,3 millones de euros recibió la empresa malagueña Isofotón.

La juez aprecia indicios de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, y llegó a imputar, recuerda Diario de Sevilla, a cuatro exconsejeros (Francisco Vallejo, Martín Soler, Manuel Recio y Antonio Ávila), a tres exviceconsejeros (Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román y Luis Nieto Ballesteros), al exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz, absuelto en la sentencia del caso de los ERE-, al expresidente de El Monte José María Bueno Lidón y al exdirector de Promoción de Invercaria Juan María González Mejías, sobrino de Felipe González.

Además, la instructora citó como imputados a los exdirectores de IDEA Antonio Valverde Ramos y Miguel Ángel Serrano Aguilar, al exdirector de Invercaria Francisco Álvaro Julio —entonces director de inversiones estratégicas de IDEA—, así como a los "responsables de la trama empresarial que se beneficia de las ayudas públicas irregulares": los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano Serrano y a Óscar López García.

En el auto dictado por el juzgado, se precisa que la agencia IDEA concedió diversos avales a Isofotón —creada en 1981 en Málaga para desarrollar el negocio de la energía fotovoltaica—, por importe de más de 37,3 millones y más de 80 millones de fondos públicos en el periodo comprendido entre 2005 y 2012, "a través de avales e incentivos directos a fondo perdido".

La juez considera en su auto que "puede presumirse que cuando estas ayudas públicas son aprobadas la agencia IDEA debía conocer la deficitaria e irregular situación de Isofotón, de conformidad con los términos del informe de fecha 23 de marzo de 2009, elaborado por la propia agencia y que incluye referencias a otro informe de febrero de 2009 de Deloitte donde ya se requería conocer el verdadero estado de situación de la compañía", dice la juez, que añade que por ello es necesario que declaren como investigados "las personas relacionadas con su concesión y efectiva percepción".

Para una historia de Isofotón

Hasta 2010, fecha en que comenzó a hundirse sin que se conozca la razón exacta, su historia pública (fue fundada en 1981) es bien conocida. Comienza con Rafael Escuredo como presidente de la Junta en 1984. En aquel momento, se decidió la participación de Soprea SA, empresa pública de la Junta en el capital social de isofoton SA y la concesión de un préstamo de 10 millones de pesetas a dicha Sociedad. Posteriormente en 1985 Soprea entró a formar parte del capital social de Isofotón SA con 20 millones de pesetas.

En 1986, se inyectaron en Isofotón SA otros 15 millones de pesetas públicas. Desde entonces hasta la llegada del grupo privado Bergé y Cía, las subvenciones y ayudas fueron constantes. Hasta 45 millones más en concepto de subvenciones se registran en el BOJA hasta enero de 1997.

En 1996, la Junta autorizaba al Instituto de Fomento de Andalucía para que, a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía SA (Soprea SA), participase en la ampliación del capital social de la empresa Isofotón S.A., suscribiendo acciones por un importe máximo de 250.000.000 ptas. (doscientos cincuenta millones de pesetas), dicho en términos actuales, 1,5 millones de euros.

En 1997, por el acuerdo de 4 de marzo de 1997, la Junta presidida por Manuel Chaves ratificó el adoptado por el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía, relativo a la empresa Isofotón SA y que consistía en vender el 90 por ciento del capital social de Isofotón SA, hasta entonces mayoritariamente participada por el Instituto de Fomento de Andalucía, a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía SA (Soprea SA), a la empresa vasca Bergé Solar SA, por precio de ¡13 millones!, muchísimo menos dinero del que se había gastado la Junta en ella.

Según el atestado de la UDEF de la Policía Nacional, la situación financiera de Isofotón era ya "absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución" -de hecho se tramitó un concurso de acreedores en el año 2013.

En el año 2010, el 80 por ciento de las participaciones sociales fueron enajenadas al grupo Affirma y el resto a la sociedad Top Tec, por un "precio simbólico de un euro".

Pero eso no es todo. Con carácter previo a dicha enajenación, el Instituto de Fomento de Andalucía se comprometió a abordar las necesarias operaciones de saneamiento financiero de la empresa, en las que, textualmente, "podrá invertir una cantidad máxima de 340.000.000 de pesetas", 26 veces más del precio de la venta a manos privadas.

En 2004, Isofotón recibió de nuevo de la Junta una ayuda de 4.253.000 euros. En 2005, otra de 167.000 y en 2007, otra de 19.318.000 euros.

Ahora, la instructora del caso considera que tras la entrada del grupo Affirma, Isofotón y las sociedades de su entorno comienzan a "pagar grandes cantidades de dinero a las sociedades del Grupo Affirma, bajo la dirección de los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano Serrano" y cree que hay indicios ciertos de presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en la concesión de avales por parte de la agencia IDEA a Isofotón.

La instrucción se ha centrado en cuatro avales por un importe total de 37.395.883 euros, pero la ramificación de la trama es notable y llega hasta Invercaria.

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