Si la sombra del ciprés es alargada, la de la corrupción, además, es persistente. Lo sabe bien Susana Díaz, todavía secretaria general del PSOE andaluz, que ve cómo una y otra vez casos que tuvieron repercusión en su mandato vuelven convertidos en obuses parlamentarios o judiciales. En plena lucha por el poder con Pedro Sánchez y con el futuro pendiente de un hilo, el caso FAFFE y el caso de la compra de votos en Huévar llaman de nuevo a su puerta.
El caso FAFFE es bien conocido por cuanto está en los tribunales y la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz. Se trata de una Fundación Andaluza del Fondo de Formación para el Empleo que no era otra cosa que una oficina de colocación de enchufados y afines y que ha dejado "sembrados" (en expresión de Íñigo Errejón) a más de mil empleados en la Junta de Andalucía sin pasar prueba oficial alguna y sin capacidad para trabajar en una administración pública.
El caso de Huéva y su exalcalde socialista Rafael Moreno, conocido como el mini gorila rojo porque muy alto no es, y que fue ascendido por Susana Díaz, fue contado en estas páginas por Nuria Richart e investigado por la redacción. La vuelta a la actualidad se debe a que la Audiencia Provincial de Sevilla ha reabierto el caso por compra de votos que un juez había archivado sin más diligencia que tomar declaración al acusado, un teniente de alcalde socialista.
Susana Díaz y su aversión al caso FAFFE
Siempre ha considerado que la FAFFE fue fundada cuando ella ni existía en la política andaluza y que el ente fue desmantelado e integrado en la Junta de Andalucía antes de ser ella ni consejera de la Junta ni presidenta. Pero la comisión de investigación parlamentaria cree que debe comparecer ante ella para explicar algunas cosas. No es la primera vez porque fue citada el 7 de noviembre de 2019, a sólo tres días de las elecciones generales, pero no fue a declarar como José Antonio Griñán, citado el mismo día. Manuel Chaves, citado igualmente, fue y dio su ya famosa espantá sin esperar ni contestar preguntas.
Recuérdese que tal comportamiento escasamente parlamentario de quien ha sido muchas veces parlamentario fue bien famoso y dio paso a que otros altos cargos socialistas aprendieran la técnica de la espantá. Chaves sufrió una denuncia de Vox por su actitud pero un juzgado de Sevilla sobreseyó las actuaciones. O sea, no contestar preguntas en una Comisión de Investigación porque "violentan mi silencio" (eso dijo el citado) no es delito, lo que ha dejado casi inservible e inoperante toda Comisión de Investigación. Es más, deja sin capacidad de investigar a un Parlamento.
Ahora, Susana Díaz ha afirmado que sí comparecerá, pero nadie sabe si se acogerá al modelo Chaves. El PP quiere, recoge ABC, que la ex presidenta explique a los andaluces qué ocurrió durante los anteriores gobiernos del PSOE-A con el dinero de los parados que, desgraciadamente, fue a "prostíbulos y a juergas". Haga lo que haga, no cabe duda de que su relación con la corrupción seguirá en el candelero.
El caso de Huévar y la compra de votos
El caso de la compra de votos en Huévar, una consecuencia de la corrupción masiva y la tela de araña socialista en esta localidad del Aljarafe sevillano, también daña la figura de Susana Díaz por méritos propios.
Libertad Digital dio cuenta en noviembre de 2015 que el Gobierno de Susana Díaz, que hablaba entonces de regeneración y transparencia con el apoyo de Ciudadanos, había beneficiado a un polémico alcalde implicado en actos reprobables de diferente índole. Había nombrado director de Políticas Activas de Empleo a Rafael Moreno Segura, alcalde de Huévar del Aljarafe entre los años 1997 y 2015.
No sería raro si el nuevo director general no hubiera sido condenado por injurias a un funcionario de su ayuntamiento y porque durante sus años de gestión acumuló una deuda con la Seguridad Social próxima a los 11 millones de euros por impago de las cuotas de los trabajadores municipales. Moreno era conocido como el mini gorila rojo y algunas de sus prácticas fueron conocidas cuando la voluntariosa y combativa María Eugenia Moreno, del PP, ganó las elecciones municipales en 2019.
Tras comenzar su mandato, la alcaldesa popular, tras hallar unos documentos olvidados por el gobierno municipal socialista, presentó ante la Fiscalía una denuncia por "posibles delitos electorales por compra de votos y malversación continuada con dinero público" en el Ayuntamiento de Huévar por parte de los anteriores gobiernos municipales socialistas.
Lo que había ocurrido y aparecía reflejado en los papeles es que se había producido un presunto delito electoral puesto que había tenido lugar una "supuesta compra de votos por parte del PSOE a cambio de un trabajo en el Ayuntamiento", y otro "presunto delito de malversación continuada" por "una serie de facturas de pagos de mítines del PSOE hechos con dinero público en 2002", documentación que fue entregada a la Fiscalía.
El nuevo escándalo venía a unirse a todo el producido con anterioridad bajo el bastón de mando de Rafael Moreno, el pequeño gorila rojo, desde impagos a los trabajadores municipales a enchufes sistemáticos. Hasta el control de las elecciones al consejo escolar de la única escuela del pueblo llegó a denunciarse.
Pero sorprendentemente el juez de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor decidió cerrar la investigación penal sobre esta posible compra de votos por parte del PSOE de Huévar del Aljarafe. Ahora, la Audiencia sevillana al instructor reabrir el caso y practicar todas las pruebas solicitadas por la acusación del PP para esclarecer los hechos, a las que no había siquiera considerado.
El juez no practicó diligencias ante evidencias documentales en las que constaba, por ejemplo:
- "Vamos a ir de verdad a apoyar a los nuestros, no puede haber varios miembros de una familia (que no nos vote), y ninguno de otras que en teoría sí nos vota";
- "Apoyar con contratos (aún de media jornada) a chavales que nos puedan apoyar".
- En otro papel, se detallan calles, viviendas, sus moradores, trabajos desempeñados en el ámbito municipal y se contabilizan posibles votos.
- En otro documento, aparece un listado en el que se recoge una relación de personal contratado por el Ayuntamiento con el título ‘Relación de Personal Casos B Ayto. Huévar del Aljarafe’.
Se limitó a tomar declaración al investigado, el ex teniente de alcalde socialista, Francisco Martín González, que, por cierto, reconoció que era su letra la que aparecía en los papeles y que todo pertenecía a un plan llamado Plan 1.000 para conseguir mil votos en el municipio. Incluso reconoció que fue consumada la parte del plan que implicaba reconoció que se quiso reducir la plantilla municipal para prescindir de los trabajadores que no eran afines al partido, entre otras operaciones.
Tras escuchar asimismo a la alcaldesa popular, el juez no practicó más diligencias ni solicitó más investigaciones porque no vio delitos en los hechos denunciados. Eso es precisamente lo que la Audiencia ha corregido obligándolo a reabrir un caso que afecta a los modos y maneras de gobernar del PSOE andaluz en un pequeño pueblo del Aljarafe. Que Susana Díaz premiara al principal protagonista de los desmanes originarios con una Dirección General en la Junta, la devuelve a la actualidad de la corrupción andaluza.