Finalmente, serán tres los candidatos a votar en las elecciones primarias: la resistente Susana Díaz, el sanchista Juan Espadas y el oscuro Luis Ángel Hierro que se perfila como un posible árbitro final, aunque sin posibilidades de ser él mismo secretario general del socialismo andaluz. Los tres están implicados en la corrupción histórica del PSOE y ahora, además, coinciden en el tiempo con nuevos indicios de corrupción en UGT y CCOO, sus apoyos de gobierno durante casi 40 años.
Susana Díaz, que en su día representó a un PSOE opuesto a recorrer el camino de pactos antiespañoles con el independentismo catalán y vasco, no se atreve a sacar esa bandera y no se ha pronunciado sobre los posibles indultos a los golpistas separatistas de 2017 en Cataluña. Pero tiene que defenderse de las acusaciones de su adversario, Espadas, de haber sido parte notable del entramado de corrupción destapado en el Sur.
No cabe duda de que la trianera ha estado en todas las salsas relacionadas con la Sierra Norte de Sevilla, con raíces en los ERE y muy presente en todos los escándalos de la formación y de la UGT, con marido inmerso en su engranaje.
Recuérdese sólo a modo de ejemplo que en junio de 2014 aparecieron, en exclusiva de Libertad Digital, los 8 informes de los interventores provinciales de la Junta que subrayaban las irregularidades en las subvenciones a los cursos de formación en toda Andalucía, informes que el gobierno de Susana Diaz no permitió que llegaran al Parlamento.
Juan Espadas
Pero, como ya abundamos con anterioridad en otro artículo, Juan Espadas no puede apartarse del avispero de la corrupción del socialismo andaluz en el que ocupa diferentes puestos de responsabilidad desde hace muchos años. Él arguye que esos cargos han sido predominantemente técnicos y no políticos, pero la realidad es tozuda y desobediente.
Junto a María Jesús Montero, ahora ministra de Hacienda y antes consejera de la Junta Espadas, ha visto comprometida su actuación en el caso Isofotón cuando fue consejero de la Junta. Lo mismo le ocurre a Luis Planas, ahora ministro de Agricultura, y a los exconsejeros Antonio Ávila, Martín Soler y Francisco Vallejo.
Pero no puede esconder el asunto de su esposa, Carmen Ibanco, colocada en la Fundación Andaluza para el Fondo de Formación para el Empleo, FAFFE, cuyo escándalo monumental se dirime en los juzgados del caso ERE y la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz, a la que, por cierto, Ibanco ha sido citada como compareciente.
Por si fuera poco, tiene que aclarar y así se lo exigirán de un modo u otro, su papel en la empresa pública Egmasa, fuente de innumerables corruptelas, hasta el punto que era conocida como una empresa de la UGT, cuyo nivel de afiliación llegaba en ella al 80 por ciento.
A Espadas le tocó lidiar en 2004, siendo presidente de la empresa, con el caso del ERE de Egmasa, que prejubiló a más de 350 trabajadores entre 2003 y 2004 y les pagó sus prestaciones mediante una póliza formalizada con Vitalicio Seguros que nadie había firmado, ni la Junta de Andalucía ni ninguno de los beneficiarios. De hecho, cuando el PSOE quiso integrar a todos sus trabajadores en la Administración de la Junta, la Justicia paralizó el enjuague.
Luis Ángel Hierro
Tampoco se libra de las sospechas de comportamientos poco transparentes el tercero en cuestión, Luis Ángel Hierro, hermano de Antonia Hierro que fue alcaldesa de Tomares antes que el popular José Luis Sanz, dejando a su paso una discutible gestión y unos modos y maneras que le llevaron a perder la alcaldía.
Luis Ángel Hierro, profesor de Economía, fue, como su hermana, apartado del redil por el PSOE de Susana Díaz, pero hubo un tiempo en el que tuvo gran predicamento. Cuando se repasa el currículo de numerosos cargos municipales y regionales del PSOE andaluz, se repara en que muchos tienen incluido un Máster en Gestión Local. Ese grado fue gestionado por Hierro de un modo escandaloso.
Libertad Digital realizó una investigación a lo largo del año de 2008 sobre dicho Máster de la Universidad de Sevilla. La operación consistía en dotar de algún título a muchos militantes del PSOE, y en menor medida de otros partidos, desprovistos de recorrido académico. Para empezar, su hermana Antonia y su esposa, Raquel Morón Casas, estaban entre el profesorado de este máster.
Pero es que, tómese nota, la inmensa mayoría, 48 de los 63 profesores del Máster de Gestión Local de la Universidad de Sevilla que dirigía el ahora candidato y exdiputado, eran miembros del Partido Socialista o estaban vinculados al Partido Socialista por nombramiento u otras razones de afinidad. Esto es, 3 de cada 4 profesores eran socialistas, el 75 por ciento de la plantilla.
UGT y CCOO en el punto de mira por los ERE
Los apoyos del PSOE durante décadas, UGT y CCOO, están de nuevo bajo la lupa del juez Juan Ignacio Vilaplana, instructor de las macrocausas y sustituto de la juez María Núñez Bolaños al frente de estos sumarios. Tanto El Mundo como ABC destacan hoy que el juez "enfila" o "salpica" directamente a ambos sindicatos en el caso ERE, lo que viene a añadirse al caso UGT, a punto de juicio oral, por facturas falsas, irregularidades varias y fraude en el uso de las subvenciones para la formación concedidas por la Junta.
Ahora, en un "giro inesperado" (ABC) el juez instructor acaba de dictar una providencia por la que reclama al Gobierno y a la Junta de Andalucía los certificados acreditativos de la personalidad jurídica de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores (UGT) a nivel estatal y autonómico.
Ha dirigido un oficio al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz en el que le pide, además, la documentación justificativa de los números de identificación fiscal (NIF) y de los domicilios de 25 federaciones sectoriales de ambos sindicatos. A la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía le solicita los citados certificados de las confederaciones regionales y de 13 federaciones de implantación regional.
El propósito de estas diligencias parece ser incluir a UGT y CCOO y a todas sus federaciones como responsables civiles subsidiarios en todas las piezas de esta macrocausa en las que estén investigados o acusados dirigentes de ambas organizaciones, lo que podría afectar de manera decisiva a la situación financiera de estos sindicatos.
Ya el pasado mes de enero, el juez consideró responsables civiles subsidiarias a ambas organizaciones por los 35 millones de euros que el Gobierno andaluz concedió entre los años 2004 y 2010, durante la etapa del PSOE, a la tabaquera Altadis para financiar las prejubilaciones en la empresa. Entre los procesados se encuentran cuatro exdirigentes sindicales, dos de UGT y otros dos de CCOO.
Es sabido y comprobado que ambos sindicatos desempeñaron un papel de intermediarios en todas las tramitaciones de los ERE fraudulentos, caso por el que ya han sido condenados 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, dos ex presidentes entre ellos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Es destacable, y así lo hace El Mundo, que el juez ha canalizado sus peticiones a través de la conocida como pieza matriz de los ERE, las diligencias previas número 174/2011, que es la primera causa que abrió el 19 enero de 2011 la juez de Sevilla Mercedes Alaya y que "actualmente está prácticamente sin contenido porque todas las pesquisas y diligencias practicadas se derivaron a las piezas separadas que se abrieron: una por cada ayuda de los ERE".
Téngase en cuenta que ambos sindicatos cobraron entre el 0,5 y el 1% de cada ERE mediante sus agencias de corretaje de seguros Atlantis Asesores y Temiqui. Aunque los responsables de CCOO y UGT negaron que cobraran de los ERE, en el caso de Delphi, cada central sindical percibió, presuntamente, un millón de euros, a través de la consultora Uniter.
Concluye El Mundo que entre la treintena de federaciones en el punto de mira judicial están la de Textiles, Químicas y Afines ámbito estatal; la de Industria; y la Metalúrgica, todas ellas de CCOO, entre otras. De UGT figura la Agroalimentaria de ámbito estatal y del Metal, entre otras.