Bernat Soria es uno de esos personajes que no pasan inadvertidos, sobre todo por su insistencia en la exhibición de su trayectoria, no siempre limpia ni veraz, al servicio del PSOE refundado por José Luis Rodríguez Zapatero desde el PSOE andaluz y su tela de araña, de la que formaba parte destacada. Ahora ha sido condenado a pagar 400.000 euros por una deuda de su exempresa privada Newbiotechnic que mantuvo siendo alto cargo público.
Tal noticia aporta sombra espesa a la campaña de las elecciones primarias en el PSOE de Andalucía, más a Susana Díaz que lo amparó en la Junta de Andalucía tras la aventura ministerial pero igualmente a Juan Espadas porque es líder del mismo PSOE que cultiva la herencia de Zapatero. También afecta a María Jesús Montero, que fue la consejera que lo acogió.
Fíjense que la empresa de la que fue parte del Consejo de Administración mientras trabajaba en la Junta de Andalucía, Newbiotechnic, fue declarada en concurso de acreedores en 2017, aún con Susana Díaz presidiendo la Junta de Andalucía. La deuda que le reclamó Vegetal Green por un préstamo tiene que ser pagada por Bernat Soria en la cantidad mencionada e incluso por José Antonio Mateos, ex director general de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Ya ven las relaciones telarañosas.
En la sentencia, cuenta Diario de Sevilla, y según el abogado de la reclamante, "se ha demostrado que Bernat Soria es un mal empresario y un mal pagador. Imaginamos que las reclamaciones extravagantes de Soria ante la Junta tengan como propósito pagar las deudas que el ex ministro ha ido dejando en su etapa empresarial". Esas reclamaciones se refieren a los 43 millones que Bernat Soria ha exigido a la Junta con indemnización por su despido en 2019, ya con el gobierno de Juan Manuel Moreno en la Junta.
El caso de Bernat Soria fue ampliamente tratado e investigado por Libertad Digital mientras fue alto cargo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Para las primarias socialistas en curso, será relevante el hecho de que aunque Susana Díaz era la presidenta de la Junta cuando Bernat Soria campó por sus respetos en la consejería de Salud, no es menos cierto que la consejera del ramo por entonces era María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda y aliada de Juan Espadas.
El caso Bernat Soria
El exministro de Sanidad del gobierno Zapatero y durante años contratado, junto con su esposa, Verónica Juan Quilis, por la Junta de Andalucía fue denunciado en Libertad Digital por falsificación de currículum. Dijo poseer la Medalla de Oro de la Real Academia de Ciencias Médicas que nunca se le concedió. Dijo haberse autoexiliado como investigador en Singapur cuando sólo pasó allí un verano con su familia.
Además, dijo haber trabajado en Londres a las órdenes de los premios Nobel Erwin Neher y Bert Sakmann, que afirmaron no haberlo conocido nunca. Y suma y sigue, dijo haber sido decano de la Facultad de Medicina de Alicante, cuando nunca logró ese cargo.
Lo que sí fue verdad es que su esposa fue colocada a dedo en la Biblioteca Virtual de la Consejería de Salud en una de cuyas fundaciones, la Fundación Progreso y Salud, trabajaba Bernat Soria. Es más, su contratación fue debida a María Jesús Montero, por entonces consejera de la Junta.
La propia Cámara de Cuentas de Andalucía señaló que la contratación del matrimonio no fue en convocatoria pública y dudaba de que se hubieran garantizado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Lo que también era cierto, y denunció Ciudadanos, es que Bernat Soria, natural de Carlet (Valencia), fue socio desde su juventud de Acció Cultural del País Valencià, una asociación independentista que tenía como objetivo la creación de los denominados "Países Catalanes" mediante actos, conferencias y encuentros. Soria no se dio de baja de esta entidad que busca la anexión de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y la región francesa del Languedoc-Roussillon.
Pero es que incluso la Cámara de Cuentas de Andalucía, y Libertad Digital ya lo publicó en 2011, cuestionó la elevada retribución como directivo del exministro de Zapatero en un centro de la Fundación Progreso y Salud.
Se supo luego, gracias a ABC, que Bernat Soria Escoms había cobrado más de 1,2 millones de euros desde mayo de 2009 como directivo en la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía, un ente adscrito a la entonces consejera de Salud y Consumo, María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda.
27 días después de su cese como responsable de Salud y Consumo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en mayo de 2009, Bernat Soria fue contratado como director del Departamento de Células Troncales del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) con un sueldo altísimo denunciado, como hemos anticipado, por la Cámara de Cuentas. Presidía la Junta José Antonio Griñán y en Salud estaba su consejera Montero.
Según el informe de la auditora privada PwC Tax & Legal Services S.L., Soria tenía negocios privados al margen de su dedicación como científico estrella de la Junta con tres presidentes distintos, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Pero es que Soria no podía tener actividades privadas porque cobraba 5.000 euros anuales por su dedicación exclusiva.
Aun así Bernat Soria impulsó una empresa privada dedicada a los análisis de las cacas de los perros para averiguar qué dueños había tras las cacas de la vía pública. No sólo eso, sino que intentó que las pruebas de identidad de la caca que hacía su empresa fueran obligatorias para todos los ciudadanos. Libertad Digital lo investigó e informó en exclusiva.
Cuando llegó el gobierno del cambio, se le abrió un expediente informativo en la Fundación donde estuvo trabajando desde 2009 y se comprobó que tiene vinculación con seis sociedades. En algunas de ellas, el objeto social es la misma de la Fundación pública en la que trabajaba. En otras aparece con su hija Bárbara Soria Juan como administradora única.
Pero el hecho puede ser mucho más grave si se demuestra que las investigaciones efectuadas con dinero público de la Junta terminaban beneficiando a profesionales como Bernat Soria con intereses en empresas privadas. Por ejemplo, una de las empresas participadas por Soria, Andalucell S.A., se dedicaba al asesoramiento en terapia celular.
Como prueba irrefutable de que la frontera entre lo público y lo privado era sutil, si es que existía, en tiempos de Bernat Soria aparece el luminoso hecho de que el propio exministro y ex alto cargo de la Junta reclame en su demanda por despido al gobierno andaluz un importe de 43 millones, la mayor parte del cual se pide en concepto de patentes. La pregunta es cómo patentes registradas tras investigaciones sufragadas por el dinero de los andaluces pueden terminar siendo privadas.