En plena polémica por la Ley Celaá, el diario El Mundo revela que el instituto Félix Rodríguez de la Fuente de Sevilla ha aprobado de golpe a un alumno de 2º de la ESO las ocho asignaturas suspendidas que tenía, a pesar de que ni siquiera iba a clase. Al parecer, la decisión se produjo después de que la madre pusiera una reclamación por considerar que su hijo había estado desatendido. Ante el temor a una inspección, la directora acabó convenciendo a los profesores, que días antes habían ratificado todos los suspensos, para que rectificaran y le cambiaran las notas.
Tal y como reflejan las actas de las reuniones de los distintos departamentos, a las que ha tenido acceso El Mundo, el pasado 24 de junio la madre solicitó que se revisaran las notas de su hijo argumentando "que el alumno ha estado desatendido y se podría haber hecho una excepción con su caso". La madre alegaba que era asmático para no llevarle al instituto, pero no presentó dispensa médica que le permitiera estudiar desde casa para protegerse de la covid-19. Según la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, "la ausencia no tiene justificación y ser asmático no le imposibilita acudir a clase", por lo que el menor tenía abierto un expediente de absentismo escolar.
Tras recibir la reclamación de la familia, los ocho departamentos se reunieron y estudiaron el caso. Aportaron más de 100 correos electrónicos que demostraban que sí habían intentado ayudar al menor y que le dieron atención telemática a través de la plataforma Moodle. Así, todos ellos acordaron ratificar los ocho suspensos porque, "habiendo atendido al alumno según la legislación vigente, la media de las notas en las diferentes destrezas no alcanza el aprobado".
La presión de la directora
Sin embargo, según fuentes presentes en la conversación, la directora les contó que le "había llamado el inspector" y le había dicho que "iba a salir adelante el recurso por no dar al alumno la atención debida", por lo que les pidió que aprobasen al alumno, ya que "si no, iban a tener problemas". Según cuenta el diario El Mundo, los docentes se enfadaron mucho, pero el día 29 de junio decidieron aprobar finalmente los ocho suspensos "para no tener líos".
Tras salir a la luz este escándalo, la directora se ha negado a dar explicaciones. Sí las ha ofrecido la Consejería de Educación, que dice que nunca habían tenido un caso "tan llamativo" como éste y ya ha abierto una investigación para "dilucidar por qué se ha decidido modificar la evaluación de un día para otro". Así, tanto los profesores como la directora tendrán que justificar formalmente lo sucedido.
En este sentido, la consejería elude cualquier responsabilidad, alegando que fue "una decisión tomada por el centro dentro de su autonomía" y no a instancias de la Inspección. De hecho, ve probado que los profesores "velaron" porque el chico pudiera seguir las clases "e intentaron ayudarle lo máximo posible". Así, desde el departamento que dirige el consejero de Ciudadanos Javier Imbroda rechazan lo sucedido: "Defendemos la cultura del esfuerzo y el alumno tiene que demostrar que ha adquirido las competencias para poder aprobar".
Un peligroso precedente
La polémica puede sentar, además, un peligroso precedente. En el instituto —situado en el barrio popular de Pino Montano— advierten de que ya "se ha corrido la voz de que si un padre reclama, aprueban a su hijo" y aseguran que "no es el único caso" ocurrido en este y otros centros: "Se regalan títulos y asignaturas y esto redunda en el nivel de los alumnos, que es cada vez peor".
Desde el sindicato CSIF, Mario Gutiérrez lamenta que, desde hace dos años, "se ha abierto la mano y se aprueba a todo el mundo". Según su testimonio, "los docentes están hartos, porque suspenden a un alumno y, si en la junta de evaluación sus colegas así lo votan, éste pasa. Ha sido así con la covid pero también se hará con la Lomloe", advierte.
Con todo, CSIF lamenta que el nuevo real decreto de Evaluación provocará "más arbitrariedad" y más "inseguridad jurídica", además de multiplicar los litigios con los padres. El Mundo cita así a varios profesores, que aseguran que "a partir del anuncio del Gobierno de que nadie se va a quedar atrás y de que la repetición será excepcional", están recibiendo "presiones" de sus superiores para "evaluar con flexibilidad".
Otro caso similar
Entre otros ejemplos que han suscitado polémicas similares, la información señala lo sucedido en el IES Brianda de Mendoza de Guadalajara, donde los profesores han recogido firmas y presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para protestar por la decisión de la Delegación Provincial de Educación de aprobar a dos alumnos que habían suspendido un módulo de uno de los grados de FP impartidos.
Uno de los profesores implicados denuncia que "la administración está convirtiendo el sistema educativo en un coladero y lo que dice el decreto del Ministerio es una sanción legal de cosas que ya están ocurriendo". Además, lamenta que "muchos alumnos que han trabajado para sacar el módulo no entienden por qué otros obtienen el premio sin esforzarse".