Día alegórico en el Parlamento andaluz el de este miércoles. Por una parte, Susana Díaz era catapultada al Senado para dejar el paso libre a Juan Espadas en el PSOE Andaluz. Una rata –todas las metáforas son posibles– apareció en la Cámara provocando el estupor nacional y grititos de medio miedo, y el proyecto estrella del gobierno de Juan Manuel Moreno, la ya famosa LISTA (Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía), logró la tramitación exprés con el voto a favor de Vox y la abstención del PSOE.
Sobre los dos primeros acontecimientos, no merece la pena decir más. La defenestración de Susana Díaz ya estaba descontada de la crisis interna que ha vivido y vive el PSOE andaluz y la rata parlamentaria dicen que de tamaño XXL –no se recuerda otra–, fue vencida por el valor ya no supuesto de unos abnegados diputados. Gran victoria. Por fin se habló de Andalucía en España gracias al roedor.
Pero lo mollar de la sesión fue la Ley del Suelo, obra de la consejera del ramo, Marifrán Carazo, que perteneció a la última hornada conocida de Nuevas Generaciones en la que coincidieron muchos de los amigos y allegados de Juan Manuel Moreno, y que fue cultivada con esmero por el entonces omnipotente Javier Arenas.
Según la consejera, el objetivo de la ley es garantizar que todas las actuaciones urbanísticas sean viables social, ambiental y económicamente. Este proyecto de ley impulsado por PP y Cs quiere poner fin a la aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA, 2002) y de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTA de 1994).
De hecho, la Ley supone una revisión integral del urbanismo andaluz y aporta una reducción de trámites administrativos y orden legislativo que permitirá desbloquear los problemas urbanísticos de muchos municipios, razón por la cual Juan Espadas, todavía alcalde de Sevilla e impulsor de un cierto municipalismo, no ha podido oponerse frontalmente a ella.
Carazo siempre ha defendido que la nueva ley facilitará que haya menos conflictividad judicial y evitará los numerosos planes generales anulados por motivos formales o de fondo. En concreto, casi 500 PGOU han sido anulados o suspendidos parcialmente en los tribunales. A su juicio, se trata de dotar a Andalucía de una legislación sistemática, coherente y ordenada, no sólo por política legislativa, sino para facilitar el conocimiento de la propia norma a sus destinatarios.
Aun así los dos grandes protagonistas de la tramitación exprés lograda por una Ley que incluye la supresión de numerosos trámites administrativos que entorpecen la labor emprendedora en urbanismo y otros menesteres, son Manuel Gavira, portavoz de Vox en la cámara andaluza y Juan Espadas, nuevo líder del socialismo andaluz.
El primero sacó los dientes cuando los incumplimientos de PP y Ciudadanos ya superaron la barrera admisible coincidiendo con la crisis nacional con Marruecos y retrasó la tramitación de la ley desde mayo hasta este miércoles. Pero ahora, Gavira, como ya hizo Alejandro Hernández, ha mostrado que puede hacerse oposición sin dañar los intereses generales de la sociedad andaluza a los que esta ley, ya veremos sus enmiendas parciales, quiere servir.
Vox votó a favor por lo que el proyecto de Ley hubiera salido delante de todos modos porque la suma del PSOE y los comunistas varios de la Cámara, Podemos, IU y Adelante Andalucía no daba suficiente para que se aprobara la enmienda a la totalidad presentada por éstos.
Juan Espadas ha estado hábil distanciándose de la extrema izquierda y de Susana Díaz, que votó en contra de la misma ley el pasado mes de mayo. Así, se ha colocado en una posición cómoda usando la abstención, que no dice que sí pero que tampoco dice que no.
Igualmente, Juan Espadas, que no es diputado pero que controla el grupo parlamentario socialista, ha hecho aparecer a la ya finiquitada Susana Díaz como la artífice de una oposición caótica al nuevo gobierno salido de las urnas en 2018.
Interpreta El Mundo que el gobierno de Juan Manuel Moreno y Juan Marín ha pasado de estar contra las cuerdas el pasado mes de mayo a disponer de un horizonte despejado, al menos hasta después del verano, gracias a la confluencia del interés de Espadas de retrasar las elecciones andaluzas hasta que su operación de recambio haya logrado la altura de crucero para competir en serio, algo que ahora no le es posible.
Para aprobar las enmiendas parciales, que la formulada por los comunistas a la totalidad fracasó este miércoles, Moreno y Marín pueden negociar con Vox y con PSOE, lo que les da gran capacidad de maniobra. Vox ya ha señalado que todo va a depender de si la Ley mantiene su cuerpo intacto o casi evitándose las modificaciones exigidas por los socialistas.
No va a ser sencillo porque PSOE y Vox discrepan en los contenidos medioambientales de la futura Ley. Mientras el PSOE dice apostar por un "urbanismo verde" mientras Vox quiere que se conozcan los compromisos que el PP ha adquirido con el PSOE para conseguir su abstención.
Naturalmente, nadie espera ya que Moreno convoque elecciones anticipadas antes de que este proyecto de Ley se convierta finalmente en Ley y surta los efectos positivos que se le suponen. Dado que la ley se aprobará, de ir todo como se espera, entrado el próximo, no habrá elecciones en Andalucía hasta 2022, año en el que legalmente toca convocarlas. La fecha puede situarse más o menos próxima dependiendo del interés de los partidos del gobierno.
Además, y también este miércoles, el Gobierno de Moreno sacó adelante la tramitación de otras dos leyes, la del Profesorado y la de la Infancia. Con el voto en contra de los diputados no adscritos de Teresa Rodríguez, la inmensa mayoría del Parlamento andaluz avaló la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, que reconoce la condición de "autoridad pública" del profesorado, algo que hará bajar el número de agresiones que sufren sus miembros.
De hecho, la gravedad de la situación se manifiesta en unas cifras alarmantes. 24.000 agresiones, injurias, amenazas y acoso a los docentes andaluces fueron contabilizadas por la Junta de Andalucía en el curso 2019-2020.